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La provincia de Málaga ha perdido 34 autónomos diarios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) desde inicios de este año 2009, al pasar de los 98.825 profesionales registrados el pasado mes de diciembre a los 96.760 de febrero, el último dato disponible. Esta caída del 2,1% se recoge en un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), y supera la media nacional (1,6%). Los autónomos dados de baja en España en los dos primeros meses del año superan las 52.500 personas, para un total de 3,3 millones.
Los datos confirman la mala coyuntura que atraviesa el colectivo, ahogado por la falta de liquidez y las reticencias de los bancos y cajas a sostener el sistema de descuentos y pagarés, que es como funciona la práctica totalidad de autónomos. Colectivos de autónomos como el malagueño CEAT vienen afirmando que el negocio de muchos profesionales está a punto de irse al traste si no lo ha hecho ya y calculan que menos del 80% de trabajadores por cuenta propia actualmente dados de alta en la Seguridad Social tienen ahora mismo a sus espaldas una actividad real. Así, si siguen cotizando es para no perder sus derechos para una futura pensión mientras buscan una nueva actividad.
Medidas. La ATA, que ayer protagonizó una ruidosa protesta ante las puertas del Congreso de los Diputados en la que participaron más de 4.000 empresarios manifestantes, exigió al Gobierno que adopte con urgencia nuevas medidas ante la situación de "asfixia" financiera que sufren los autónomos por la crisis.
"El Gobierno ha tomado medidas importantes ante la crisis económica, pero estamos pasando una situación calamitosa sin vender, sin producir, asfixiados económica y productivamente, hartos de morosidad pública y privada, y agradecemos que los grupos parlamentarios escuchen nuestras propuestas y se comprometan a seguir trabajando", apuntó el presidente de la ATA, Lorenzo Amor.
Entre las reivindicaciones remitidas a los diferentes grupos parlamentarios destacan aquéllas orientadas a la obtención de financiación y a la rebaja de la presión fiscal de las pymes. En el primer caso, instan a la reforma de la Ley de Morosidad 3/2004 para que se establezca como plazo máximo de pago 60 días sin libertad de pacto entre las partes. Asimismo, piden la creación de un organismo oficial que tutele la aplicación de dicha ley.
Para que las empresas obtengan mayor financiación, también solicitan la reducción de los plazos de pago por parte de las Administraciones públicas y la adopción del ´confirming´ como medio de pago habitual para facilitar la liquidez de los proveedores. Otras reclamaciones son la modificación de los plazos de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como líneas de aval del ICO "suficientes y de aplicación ágil".
En cuanto a las soluciones fiscales, destacan la propuesta de reducción de cinco puntos del Impuesto de Sociedades, hasta el 20%, así como la exención del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a parientes de consanguinidad o afinidad de primer grado. Otras de las reducciones afectaría a los tipos de IVA de ciertos productos y servicios básicos y también una rebaja del tipo de interés de demora (de un 7% a un 3%) y del interés legal (del 5,5% al 2%).
Los datos confirman la mala coyuntura que atraviesa el colectivo, ahogado por la falta de liquidez y las reticencias de los bancos y cajas a sostener el sistema de descuentos y pagarés, que es como funciona la práctica totalidad de autónomos. Colectivos de autónomos como el malagueño CEAT vienen afirmando que el negocio de muchos profesionales está a punto de irse al traste si no lo ha hecho ya y calculan que menos del 80% de trabajadores por cuenta propia actualmente dados de alta en la Seguridad Social tienen ahora mismo a sus espaldas una actividad real. Así, si siguen cotizando es para no perder sus derechos para una futura pensión mientras buscan una nueva actividad.
Medidas. La ATA, que ayer protagonizó una ruidosa protesta ante las puertas del Congreso de los Diputados en la que participaron más de 4.000 empresarios manifestantes, exigió al Gobierno que adopte con urgencia nuevas medidas ante la situación de "asfixia" financiera que sufren los autónomos por la crisis.
"El Gobierno ha tomado medidas importantes ante la crisis económica, pero estamos pasando una situación calamitosa sin vender, sin producir, asfixiados económica y productivamente, hartos de morosidad pública y privada, y agradecemos que los grupos parlamentarios escuchen nuestras propuestas y se comprometan a seguir trabajando", apuntó el presidente de la ATA, Lorenzo Amor.
Entre las reivindicaciones remitidas a los diferentes grupos parlamentarios destacan aquéllas orientadas a la obtención de financiación y a la rebaja de la presión fiscal de las pymes. En el primer caso, instan a la reforma de la Ley de Morosidad 3/2004 para que se establezca como plazo máximo de pago 60 días sin libertad de pacto entre las partes. Asimismo, piden la creación de un organismo oficial que tutele la aplicación de dicha ley.
Para que las empresas obtengan mayor financiación, también solicitan la reducción de los plazos de pago por parte de las Administraciones públicas y la adopción del ´confirming´ como medio de pago habitual para facilitar la liquidez de los proveedores. Otras reclamaciones son la modificación de los plazos de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como líneas de aval del ICO "suficientes y de aplicación ágil".
En cuanto a las soluciones fiscales, destacan la propuesta de reducción de cinco puntos del Impuesto de Sociedades, hasta el 20%, así como la exención del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a parientes de consanguinidad o afinidad de primer grado. Otras de las reducciones afectaría a los tipos de IVA de ciertos productos y servicios básicos y también una rebaja del tipo de interés de demora (de un 7% a un 3%) y del interés legal (del 5,5% al 2%).
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