Juristas desmontan la "venta barata" que plantea De la Torre para La Rosaleda
Varios expertos concluyen la imposibilidad de enajenar un bien público por menos del valor de la tasación, fijada en unos 42 millones de euros
La posible "venta barata" del estadio de La Rosaleda de la que viene haciendo bandera esta última semana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no es posible desde el punto de vista legal. A expensas de que el regidor disponga de un informe que diga lo contrario, al que no ha aludido hasta el momento ni ha mostrado, los juristas y expertos en Derecho consultados por este periódico coinciden en señalar la imposibilidad de enajenar un bien público por un valor inferior al de su tasación.
Una conclusión que entra en conflicto directo con lo apuntado en Málaga Hoy por De la Torre cuando apuntó la posibilidad de venderle al Málaga CF, en manos del jeque Abdullah Al-Thani, por menos de la mitad de los 36 millones de euros que en su día les costó a las tres administraciones propietarias del inmueble, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación provincial. Esta cifra, correspondiente a la inversión hecha en la reforma y ampliación del coliseo, está incluso por debajo de los alrededor de 42 millones de euros en los que los técnicos valoran el estadio.
De los testimonios recabados y de la consulta de la propia Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía se deduce la complejidad legal de la operación puesta sobre la mesa por el regidor que, cabe recordar, semanas antes de apuntar a la citada "venta barata" cerró la opción a cualquier posible enajenación del campo de fútbol. Algo que se justifica en el texto normativo, por cuanto La Rosaleda actualmente está catalogada como bien de dominio público, lo que la hace "inalienable". A pesar de ello, el procedimiento sí permite la desafectación de la construcción.
"El patrimonio público se puede vender, pero hay que hacer las tasaciones oportunas y venderlas conforme a las mismas", explicó a este periódico Diego Martín Reyes, que subrayó que la iniciativa planteada "no es una operación entre particulares". "Sería una barbaridad", apostilló. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, Ángel Sánchez Blanco, fue a más. "Esto no es un mercadillo medieval; eso sería una subvención implícita y para ello tendría que haber libre participación; creo que es una ocurrencia lamentable, al margen de la normativa y de la analítica legal que tendría que hacer del caso", insistió.
El catedrático destacó, además, la necesidad de que el regidor se asesore antes de hacer un pronunciamiento de este tipo y recordó que en la Casona del Parque dispone de la Intervención y la Secretaría General para ello. "Tendría que tener un estudio jurídico de un tema tan significativo que puede ser el disponer de un estadio que tampoco es solo suyo", precisó.
Fuentes próximas al Consistorio coincidieron con estas dos opiniones y destacaron la complejidad de cualquier paso en el sentido apuntado por De la Torre. Más allá de incidir en que no podría ser enajenada por menos de su tasación, aludieron a la dificultad que encierra la venta del estadio, al ser en este momento dominio público, figura que impediría su venta. Sería por tanto previa la desafección del bien, que a su vez necesita de acuerdo plenario y de informe de la Junta de Andalucía. Y, en todo caso, parece que serían necesarios los informes del Consejo Consultivo de Andalucía, por ser La Rosaleda un equipamiento, y de la Secretaría General del Ayuntamiento.
Todas estas afirmaciones son igualmente compartidas por fuentes de la Administración regional, una de las que dispone del 33% de la propiedad del estadio. "No se puede vender las cosas por debajo del valor de tasación fijado", aclararon las fuentes, que apuntaron la opción de fijar formas diversas de pago, ya sea en dinero, en solares o de otro modo. "Pero todo en la idea de que la administración no pierda un solo euro", apostillaron. La complejidad de la maniobra se multiplica por tres, en la medida en que cualquier acción deberá disponer de los informes positivos de las instituciones que se reparten la propiedad del inmueble.
Hasta el momento, el paso adelante dado por el alcalde no ha tenido continuidad con ninguno de sus dos socios. Ni la Diputación ni la Junta se han pronunciado abiertamente sobre la propuesta del regidor a pesar de que ya han transcurrido cinco días. Lo único que han hecho ambas administraciones ha sido aplazar cualquier reflexión al momento en que se disponga de un informe de tasación del estadio.
Sobre ello, hay que destacar que hasta la fecha la posición de los tres socios públicos apuntaba en la idea de no contemplar la venta del inmueble por menos de su valor. Una línea rota por el regidor.
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