El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Domingo Fernández Veiguela, asistió ayer en Málaga a la VII Reunión Nacional del Sector de la Agencia Tributaria



¿Cree que la crisis económica y los planes de recorte del Gobierno han puesto a los funcionarios en el centro de la diana?
Sí, creo que se nos ha señalado como a los malos de la película. El Gobierno asegura que hay mucho déficit público pero lo único que se les ha ocurrido es bajarnos el sueldo un 5%. Sin embargo, en otros aspectos no están ahorrando. Se siguen creando empresas públicas, que en el último año tuvieron un déficit de 50.000 millones de euros. Algunas son defendibles y necesarias, pero no todas. Hablamos de empresas públicas con consejos de administración que los partidos políticos se reparten. Cada partido tiene derecho a poner sus consejeros a dedo, bien pagados, y algunos cobrando el doble que los trabajadores públicos de esas mismas empresas públicas. Eso no se puede mantener.

¿Pagan entonces los trabajadores de base esos desmanes?
Los que menos culpa tenemos de todo esto somos los funcionarios, pero en estos meses ha habido muchos comentarios y declaraciones mezclando churras con merinas, confundiendo a los funcionarios con el personal laboral o con los empleados de empresas públicas, y son cosas distintas. A partir de ahí han surgido muchas preguntas injustificadas: ¿por qué los funcionarios tienen que tener estabilidad laboral? ¿por qué no se les puede despedir? ¿por qué son tantos? Pues, oiga, si quiere usted quitar diga de dónde. ¿De la sanidad, de la justicia, de la enseñanza, de las prisiones? Son todos servicios necesarios.

¿Qué propone?
Habría que ahorrar un poco en las empresas públicas, porque es algo que escapa al control de las administraciones, se nombra a gente sin oposiciones ni concurso de meritos, lo cual no quiere decir que no haya gente preparada en ellas. Pero se están montando administraciones paralelas y duplicando gastos. En general, tenemos un Estado muy complicado y muy caro con esto del reparto de competencias: hay cosas del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, las diputaciones, las mancomunidades...

¿No está de acuerdo con el sistema de transferencias?
Hay que optimizar recursos, yo participé activamente en la defensa de la Constitución y el Estado de las Autonomías, creía y sigo creyendo en él, pero le digo que lo que defendimos no es esto a lo que hemos llegado. Hay competencias que nunca creí que se iban a ceder y otras como la enseñanza transferida –y le hablo como catedrático de instituto que soy– que no funcionan como pensábamos. Cada comunidad hace lo que le da la gana, nada nos cohesiona.

¿Y qué opina de las diputaciones?
Que no tienen sentido en el momento en que hay comunidades autónomas; una u otra sobran. Eso no significa que sobren los trabajadores, pero habría que darles acomodo en otra administración. Lo que no tiene sentido es duplicar servicios. Sigo defendiendo el Estado de las Autonomías, pero pido que sea algo más racional, que se ordene de otra manera.

¿Cómo se pone coto a la contratación indiscriminada de personal por parte de los partidos¿
El otro día estuve en Baleares y me recordaban que cuando la Unión Mallorquina (UM) ha salido de la coalición de gobierno han cesado en sus cargos 200 personas de cargos de confianza, con sueldos que doblaban al de los funcionarios. Y eso que era uno de los socios de gobierno pequeños. Son los políticos los que deben acotar este tema, que se den cuenta de lo que cuesta todo esto, y de que ahorrar no es quitar dinero a los funcionarios. Hacen falta asesores, personal de confianza, etc, pero en su justo término. Cuando hay un exceso hay que denunciarlo. Nosotros, por ejemplo, hemos denunciado en los tribunales que lo que pasa en la Comunidad de Madrid con el número de liberados es una vergüenza, pero hay que aclarar que eso no es lo normal, y no por eso vamos a demonizar a todos los liberados.

El hecho de que se opongan tanto al recorte de salarios del 5% puede hacerlos antipático ante la ciudadanía. En el sector privado la gente va directa al paro.
Defendemos nuestras retribuciones porque no son muy altas, están publicadas cada año en la Ley de Presupuestos. Además, no somos bichos que viven aparte, tenemos familias, padres con pensiones bajas, parados en nuestro entorno familiar, hijos. A veces, el sueldo del funcionario atiende todo eso. Si encima lo bajamos, no sé cómo se va a sostener todo eso.

En cualquier caso, ¿no debería haber más controles de calidad sobre el funcionariado?
Que se hagan, no nos negamos. Todos hemos esperado alguna vez en una cola, y yo mismo me desespero con algunas gestiones donde te tienen mareado durante meses. Pero cuando un funcionario pide papeles no lo hace por gusto sino porque lo dicen las leyes.

Por cierto, ¿qué opina de la reforma laboral aunque no le afecte como trabajador público?
Pienso que no sirve para nada, y no merecía ni siquiera la convocatoria de una huelga. Yo no sé cuál es la reforma que hay que hacer para sacar esto adelante, pero creo que lo que se ha hecho es molestar para nada. Sobre todo porque una ley que quiere incentivar el empleo no debe flexibilizar el despido. Y lo que se ha hecho es judicializarlo, porque ahora los jueces van a tener que decidir sobre los despidos que se acojan a los 20 días por año trabajado. Eso es un atraso, tanto para los sindicatos como para los empresarios.



http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2010/11/04/funcionarios-senala-malos-pelicula/378689.html

Cuando cobraban 3000 euros y era todo abudancia nadie se acordó de subirle algo a los funcionarios y ahora nos siguen recortando el sueldo.

A algunos se nos quitan las ganas de trabajar y mandarlo todo a tomar por culo.

Pues sí hermano.

Las enormes diferencias de salarios entre las distintas Comunidades Autónomas españolas para un mismo de puesto de trabajo, que superan en muchos casos el 70%, han sido recogidas en un informe realizado por la Federación de Empleados Públicos del sindicato USO. Mientras que la retribución media anual para un jefe de servicio de atención primaria andaluz es de 45.523,04 euros, en Euskadi la cantidad aumenta hasta los 58.963 duros anuales. Las diferencias se agrandan en las retribuciones de puestos de atención especializada, con la brecha salarial de 1.143 euros mensuales de diferencia entre el facultativo andaluz respecto al vasco, o los más de 1.000 euros de diferencia a favor de la paga media registrada en Murcia.
La igualdad, un concepto transversal en la política actual, parece un horizonte difícil de alcanzar en lo que a los sueldos de funcionarios se refiere, según se desprende de los datos aportados por USO, que dibujan un mapa autonómico de retribuciones muy dispar.
En el grupo A1 en Andalucía, el mejor pagado, en el que se incluyen funcionarios con titulación superior, las diferencias respecto a Canarias, la media salarial más alta, son de 568 euros mensuales y casi 8.000 al año.
En otros grupos de empleados públicos las asimetrías entre las nóminas son igualmente elevadas. Los funcionarios autonómicos mejor pagados del grupo A2, correspondiente a diplomados, son los del País Vasco, quienes cobran un 18,65% más que en Andalucía, lo que se traduce en 450 euros mensuales, mientras que los administrativos andaluces cobran 394 euros menos que los de Baleares.
«Agravio comparativo»
Desde FEP-USO se critica con especial vehemencia esta desigualdad salarial tan acentuada. El secretario general de FEP-USO, Luis Deleito, en declaraciones a ABC de Sevilla, calificó la situación de «agravio comparativo», y abogó por una homologación retributiva «armónica».
La dificultad que plantea una igualación de los sueldos de funcionarios entre las distintas administraciones deriva del hecho de que sólo podría venir del consenso político entre gobiernos autonómicos. Para Deleito, un primer paso inexcusable debería ser «detener la escapada de los sueldos por arriba, y realizar un esfuerzo político para que las diferencias tan flagrantes se reduzcan». Asimismo alertó sobre la tendencia entre los trabajadores públicos de pedir la «movilidad» hacia lugares mejor pagados, aunque declaró que es un proceso cada vez más «complicado» y que se solucionaría «incentivando la carrera profesional en el sector público en un mismo destino».
A pesar de la titánica tarea de coordinación que requeriría un proceso político que coordinara las voluntades de todas las autonomías, Deleito abogó por la imperiosa necesidad de encontrar una solución a la desigualdad salarial. «No es lógico, ni aceptable, que por el mismo trabajo se perciba diferente retribución, dependiendo de la Administración y/o Comunidad Autónoma», valoró el responsable sindical.
Competencias transferidas
En materia retributiva cada región tiene la última palabra sobre el sueldo de sus empleados. Pese a que los funcionarios de todas las comunidades parten del mismo salario base, las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias para gestionar los suplementos salariales, como el complemento específico o destino, con absoluta libertad, con lo que las diferencias parecen difícilmente conciliables.
A este respecto, el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, Juan Romero, destacó la «irracionalidad» del sistema, a la vez que defendió el capital humano del funcionariado andaluz, en concreto del sector sanitario, que valoró como «de referencia para otras comunidades, aunque no se puede decir lo mismo de los responsables de la gestión». Romero criticó, además, que los funcionarios vayan a cargar con el grueso del recorte salarial mientras que «a la hora de la verdad los altos cargos políticos no hagan lo mismo y den ejemplo».
Las fuentes sindicales consultadas coincidieron en expresar sus temores a que las desigualdades no sólo no mengüen, sino que aumenten, ante la perspectiva de que cada Administración desarrolle independientemente el Estatuto Básico del Empleado Público.
Además de las desigualdades registradas, el informe pone negro sobre blanco que los sueldos de la administración general del Estado son más bajos que los de las comunidades autónomas en la práctica totalidad de los casos, y que los costes laborales del sector privado son superiores a los de las administraciones públicas.

Los malos de la pelicula estan en la moncloa

Desde luego no somos los funcionarios mil euristas.

joseca86 escribió:Los malos de la pelicula estan en la moncloa

Los de calle Génova son santos.

El Capitán Trueno escribió:

joseca86 escribió:Los malos de la pelicula estan en la moncloa

Los de calle Génova son santos.

a ver los malos en la moncloa ya segun quien este en la moncloa, si estuvieran los de genova en la moncloa y la cosa estuviera igual de jodida serian los malos ellos