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Los procesados son cuatro policías y un guardia civil de Ronda El fiscal sostiene que exigían dinero a clubes o mantenían relaciones con prostitutas sin pagar a cambio de no denunciarlos
La Fiscalía ha solicitado en total 39 años de prisión para cuatro policías y un guardia civil destinados en Ronda acusados de hacer la vista gorda con tres clubes de alterne de la zona. Además, algunos de los procesados presuntamente acudían a estos locales para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o solucionar la situación irregular de las trabajadoras.
Los cargos de los que se les acusa son omisión del deber de perseguir delitos, cohecho con fines delictivos, abusos en el ejercicio de la función pública en relación a delitos de abusos sexuales y, en algunos casos, fraude. También están acusados los tres responsables de esos clubes de alterne por un delito de prostitución y una novena persona que supuestamente acompañaba a los agentes, a la que se le imputa tráfico de influencias.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional obtuvo información que involucraba a funcionarios de dicha comisaría en actividades relacionadas con la prostitución y la explotación de mujeres en situación irregular, investigación que desembocó en las detenciones, entre febrero y mayo de 2007, de estos acusados y de otras seis personas, aunque para estas últimas se archivó la causa.
Los hechos ocurrieron entre 2003 y principios de 2007. Según el escrito provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, un inspector jefe -anterior responsable de la comisaría rondeña, que ocupó el cargo entre mayo de 2005 y febrero de 2007-, el subinspector encargado de la sección de Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil «siempre estuvieron al corriente de las actividades de proxenetismo y tráfico de drogas» que había en tres locales de la zona.
Seiscientos euros al mes
En las conclusiones iniciales se indica que los dos agentes de la Policía Judicial se dedicaron a visitar a la dueña de uno de los clubes, también acusada, para exigirle 600 euros mensuales «bajo la amenaza de que en caso contrario instruirían diligencias contra ella», de nacionalidad marroquí y que estaba en situación irregular en el país. También lo hicieron en los otros dos locales, según la calificación, por lo que se les acusa de omisión de perseguir delitos, de cohecho continuado y de fraude, y se solicita una pena total a cada uno de siete años de prisión y 17 de inhabilitación.
Asimismo, el relato del fiscal indica que el ex jefe, durante el tiempo en que ejerció como tal, «se dedicó a visitar como cliente los locales de alterne de la ciudad», donde pedía «consumiciones y servicios sexuales que nunca pagaba».
Sin papeles
Además, según el escrito, se ofreció a ayudar a una mujer que no tenía papeles «a cambio de relaciones». Por todo lo anterior se le acusa de omisión del deber de perseguir delitos, delito continuado de cohecho y abusos, por lo que se enfrenta a una petición de pena de 14 años de cárcel y 22 años de inhabilitación.
Según el fiscal, «su más asiduo acompañante» era uno de los procesados -que no era policía- que explotó «de la forma más ostentosa de que era capaz» la compañía y amistad de los agentes, así como la relación afectiva que mantenía con una jueza destinada en Ronda. Se le acusa de tráfico de influencias y se enfrenta a una petición de un año de prisión.
www.diariosur.com
La Fiscalía ha solicitado en total 39 años de prisión para cuatro policías y un guardia civil destinados en Ronda acusados de hacer la vista gorda con tres clubes de alterne de la zona. Además, algunos de los procesados presuntamente acudían a estos locales para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o solucionar la situación irregular de las trabajadoras.
Los cargos de los que se les acusa son omisión del deber de perseguir delitos, cohecho con fines delictivos, abusos en el ejercicio de la función pública en relación a delitos de abusos sexuales y, en algunos casos, fraude. También están acusados los tres responsables de esos clubes de alterne por un delito de prostitución y una novena persona que supuestamente acompañaba a los agentes, a la que se le imputa tráfico de influencias.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional obtuvo información que involucraba a funcionarios de dicha comisaría en actividades relacionadas con la prostitución y la explotación de mujeres en situación irregular, investigación que desembocó en las detenciones, entre febrero y mayo de 2007, de estos acusados y de otras seis personas, aunque para estas últimas se archivó la causa.
Los hechos ocurrieron entre 2003 y principios de 2007. Según el escrito provisional del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, un inspector jefe -anterior responsable de la comisaría rondeña, que ocupó el cargo entre mayo de 2005 y febrero de 2007-, el subinspector encargado de la sección de Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil «siempre estuvieron al corriente de las actividades de proxenetismo y tráfico de drogas» que había en tres locales de la zona.
Seiscientos euros al mes
En las conclusiones iniciales se indica que los dos agentes de la Policía Judicial se dedicaron a visitar a la dueña de uno de los clubes, también acusada, para exigirle 600 euros mensuales «bajo la amenaza de que en caso contrario instruirían diligencias contra ella», de nacionalidad marroquí y que estaba en situación irregular en el país. También lo hicieron en los otros dos locales, según la calificación, por lo que se les acusa de omisión de perseguir delitos, de cohecho continuado y de fraude, y se solicita una pena total a cada uno de siete años de prisión y 17 de inhabilitación.
Asimismo, el relato del fiscal indica que el ex jefe, durante el tiempo en que ejerció como tal, «se dedicó a visitar como cliente los locales de alterne de la ciudad», donde pedía «consumiciones y servicios sexuales que nunca pagaba».
Sin papeles
Además, según el escrito, se ofreció a ayudar a una mujer que no tenía papeles «a cambio de relaciones». Por todo lo anterior se le acusa de omisión del deber de perseguir delitos, delito continuado de cohecho y abusos, por lo que se enfrenta a una petición de pena de 14 años de cárcel y 22 años de inhabilitación.
Según el fiscal, «su más asiduo acompañante» era uno de los procesados -que no era policía- que explotó «de la forma más ostentosa de que era capaz» la compañía y amistad de los agentes, así como la relación afectiva que mantenía con una jueza destinada en Ronda. Se le acusa de tráfico de influencias y se enfrenta a una petición de un año de prisión.
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