Andalucía. Una asociación por la custodia compartida denuncia a la junta por desacatar al constitucional

La Federación Andaluza por la Custodia Compartida y la Igualdad (Facci) ha presentado una denuncia contra la Junta y su presidenta, Susana Díaz, por lo que considera es una desobediencia al Tribunal Consitucional, que desautorizó eximir de la obligatoriedad de colegiación a los funcionarios que trabajan para el Gobierno autonómico.
La Facci apela a sentencias de 2013 a un recurso del Gobierno central contra las leyes del Parlamento de Andalucía promulgadas en 2001 y 2003, que, según esta asociación, "pretendían eximir de la obligatoriedad de colegiación a los profesionales funcionarios que prestaran servicios o adscritos a la Junta de Andalucía para garantizar la justificación de las políticas sociales implantadas por la Junta".
La Facci acusa a la Junta de haber vulnerado durante 10 años los derechos básicos de los usuarios andaluces de servicios como la psicología y los tratamientos infantiles, de familia y de violencia de género, puesto que estima que "la colegiación de los profesionales y su inspección por los colegios oficiales" es la garantía de los mismos.
Por el contrario, añade, la Junta se ha limitado a resolver los conflictos "solicitando informe al funcionario reclamado y dictando en relación a dicho informe sin indagar en las cuestiones reclamadas, dejando desamparados a menores, mujeres y hombres en materia tanto de violencia de género como de familia".
La Facci denuncia que "profesionales libres de seguimiento alguno siguen vulnerando los principios básicos y esenciales de los códigos deontológicos de cada colegio profesional", emitiendo "informes que ahora pueden verse declarados como nulos o impugnados en sala" y derivar en reclamaciones de indemnizaciones millonarias contra la Junta


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