Sindicatos denuncian el uso de amianto en el Edificio Negro
Alertan de que las obras son peligrosas para la salud del personal del inmueble
Las alarmas han saltado entre los cerca de 800 funcionarios que trabajan diariamente en el Edificio Negro, sede de la Junta en Málaga. Hasta ahora nadie les había comunicado que los trabajos de rehabilitación que la administración encargó a Ferrovial-Castillejos incluían la manipulación, trato o transporte de amianto, material conocido por su peligrosidad a la hora de producir enfermedades respiratorias en casos de exposición prolongada, sobre todo.
Las precauciones, según los funcionarios, están brillando por su ausencia en las primeras horas de este descubrimiento, y más cuando la Junta nunca se planteó evacuar a los funcionarios de estas instalaciones al comienzo de las obras, previstas a nueve meses, sino ir realojándolos progresivamente en otras plantas.
En este sentido, según ha podido saber este periódico, dos centrales sindicales como SAF (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y CSIF (Central Sindical Independiente y de Sindicatos) han denunciado la desinformación con la que desde ayer y hasta una fecha indeterminada estarán expuestos en estas instalaciones a la supuesta retirada de este material, que está en la composición de las uralitas.
De hecho ambas centrales ya denunciaron el inicio de estos trabajos el pasado viernes y la premura con la que han sido avisados de estas acciones, sin margen de protesta. Los escritos solicitando información al respecto y pidiendo medidas han sido dirigidos al delegado de Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo y ante la Inspección de Trabajo.
Según CSIF, en su documento dirigido a la Inspección de Trabajo, recalcan que se han producido varias infracciones de los protocolos lógicos en estos casos, «ya que en ningún momento se informó a los trabajadores de dicho edificio, ya no sólo funcionarios o laborales así como tampoco de empresas relacionadas con la seguridad de que se llevaran a cabo dichas obras». Además señalan un plazo de cinco días de antelación y apuntan un dato curioso como que esta actuación ha sido encomendada a una subcontrata.
El SAF en el suyo admitía que el viernes fueron "sido informados del desescombro de fibrocemento. Creemos que es un tomadura de pelo a los representantes de los funcionarios y trabajadores y una clara irresponsabilidad que la comunicación se haya producido por miembros de la empresa constructora y no haya aparecido ningún representante de la administración salvo el administrador del edificio».
Estos recuerdan los «riesgos potenciales» a su exposición, a la necesidad de adoptar medidas de higiene por los funcionarios así como de medios que debe aportar el empresario para tal fin, los peligros añadidos a los fumadores, «dada su acción potenciadora y sinérgica» con la inhalación de fibras de amianto, o «la necesidad y obligación de tener equipos de protección individual y de la ropa de protección más el correcto uso y conservación de éstos», entre otras.
El mismo documento alerta de que «nos han asegurado que han sellado las ventanas y se puede observar que hay agujeros y las ventanas se pueden abrir por descuido», por lo que «solicitan que se hagan mediciones para conocer si existen partículas de amianto en el interior del edificio», a lo que añaden imágenes de las mismas.
Habría que recordar que la remodelación de este edificio de 14 plantas del año 1975 ya despertó polémica por otras razones como el cambio de su color, la idoneidad de hacer una remodelación tan costosa, 1,6 millones sin IVA, a cargo de una subvención europea en base a la eficiencia energética y no remodelar partes interiores muy deterioradas o mantener trabajos muy incómodos y ruidosos muy cerca de los lugares de trabajo de los funcionarios.
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/23/547222ca268e3ee66d8b4570.html
Alertan de que las obras son peligrosas para la salud del personal del inmueble
Las alarmas han saltado entre los cerca de 800 funcionarios que trabajan diariamente en el Edificio Negro, sede de la Junta en Málaga. Hasta ahora nadie les había comunicado que los trabajos de rehabilitación que la administración encargó a Ferrovial-Castillejos incluían la manipulación, trato o transporte de amianto, material conocido por su peligrosidad a la hora de producir enfermedades respiratorias en casos de exposición prolongada, sobre todo.
Las precauciones, según los funcionarios, están brillando por su ausencia en las primeras horas de este descubrimiento, y más cuando la Junta nunca se planteó evacuar a los funcionarios de estas instalaciones al comienzo de las obras, previstas a nueve meses, sino ir realojándolos progresivamente en otras plantas.
En este sentido, según ha podido saber este periódico, dos centrales sindicales como SAF (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y CSIF (Central Sindical Independiente y de Sindicatos) han denunciado la desinformación con la que desde ayer y hasta una fecha indeterminada estarán expuestos en estas instalaciones a la supuesta retirada de este material, que está en la composición de las uralitas.
De hecho ambas centrales ya denunciaron el inicio de estos trabajos el pasado viernes y la premura con la que han sido avisados de estas acciones, sin margen de protesta. Los escritos solicitando información al respecto y pidiendo medidas han sido dirigidos al delegado de Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo y ante la Inspección de Trabajo.
Según CSIF, en su documento dirigido a la Inspección de Trabajo, recalcan que se han producido varias infracciones de los protocolos lógicos en estos casos, «ya que en ningún momento se informó a los trabajadores de dicho edificio, ya no sólo funcionarios o laborales así como tampoco de empresas relacionadas con la seguridad de que se llevaran a cabo dichas obras». Además señalan un plazo de cinco días de antelación y apuntan un dato curioso como que esta actuación ha sido encomendada a una subcontrata.
El SAF en el suyo admitía que el viernes fueron "sido informados del desescombro de fibrocemento. Creemos que es un tomadura de pelo a los representantes de los funcionarios y trabajadores y una clara irresponsabilidad que la comunicación se haya producido por miembros de la empresa constructora y no haya aparecido ningún representante de la administración salvo el administrador del edificio».
Estos recuerdan los «riesgos potenciales» a su exposición, a la necesidad de adoptar medidas de higiene por los funcionarios así como de medios que debe aportar el empresario para tal fin, los peligros añadidos a los fumadores, «dada su acción potenciadora y sinérgica» con la inhalación de fibras de amianto, o «la necesidad y obligación de tener equipos de protección individual y de la ropa de protección más el correcto uso y conservación de éstos», entre otras.
El mismo documento alerta de que «nos han asegurado que han sellado las ventanas y se puede observar que hay agujeros y las ventanas se pueden abrir por descuido», por lo que «solicitan que se hagan mediciones para conocer si existen partículas de amianto en el interior del edificio», a lo que añaden imágenes de las mismas.
Habría que recordar que la remodelación de este edificio de 14 plantas del año 1975 ya despertó polémica por otras razones como el cambio de su color, la idoneidad de hacer una remodelación tan costosa, 1,6 millones sin IVA, a cargo de una subvención europea en base a la eficiencia energética y no remodelar partes interiores muy deterioradas o mantener trabajos muy incómodos y ruidosos muy cerca de los lugares de trabajo de los funcionarios.
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/11/23/547222ca268e3ee66d8b4570.html