El no encarcelamiento de Artur Mas o el fin de la democracia española

Una nación sólida, homogénea e integrada, en la que los organismos de poder democrático mantienen su firmeza, en la que las instituciones desempeñan con eficacia su papel y en la que los principales responsables de la vida pública actúan según se espera de ellos, proporciona a los ciudadanos plena garantía en la protección de sus derechos, máxima confianza en sus construcciones políticas y una elevada seguridad individual levantada sobre la más absoluta previsibilidad del funcionamiento del sistema de convivencia.

La grandeza y la superioridad de todo Estado democrático radica, entre otras cosas, en que los hombres y las mujeres que lo conforman, cuando salen cada día de su casa, asientan su existencia y su coexistencia sobre un puñado de certezas elementales como, por ejemplo, que los delincuentes han de ser detenidos y puestos a disposición de las fuerzas de seguridad, que la violencia nunca ha de legitimarse como un método de participación social, que todos somos iguales ante la Ley, que un mismo idioma ha de servir para comunicarse en el territorio común del Estado, que el derecho a una vida serena no puede depender de los caprichos legislativos de un iluminado con mando autonómico o que la convivencia colectiva no puede estar sujeta al albur de las decisiones de los más variados grupúsculos radicales y extremistas.

No se puede gobernar un país, tal y como está haciendo Mariano Rajoy, cuestionando grosera y permanentemente todo aquello que permite que sus ciudadanos se sientan, orgullosamente, como tales, y, desde luego, no puede regirse el destino de una nación liderando una Administración maleable, insustancial y decadente que con su absoluta incapacidad para hacer cumplir las leyes, ha consentido que secesionistas, radicales y filoterroristas estén quebrando, un día sí y otro también, los pilares más sólidos de la democracia española, sumiendo a la ciudadanía en un páramo de tierras políticamente explosivas y socialmente inestables que, en el País Vasco, por desgracia, conocemos a la perfección.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha plegado su agenda a la presión de los independentistas más ariscos, de la izquierda más huraña, de dos grupos de comunicación en manos de una banda de bribones y de los sectores sociales más radicales y populistas, y, consecuentemente, ha roto, casi definitivamente, con algunos de los valores más importantes sobre los que se ha asentado la modernidad y el progreso occidental a lo largo de los últimos siglos.

Esta deriva del Gobierno del PP nos está abocando a padecer una realidad hedionda en la que casi delincuentes como el presidente de la Generalidad, Artur Mas, son tratados como los líderes del futuro, en la que las personas simplemente decentes son expulsadas al gueto misterioso de la derecha extrema y en la que, en el colmo de las vilezas, los fondos públicos que no acaban en manos de corruptos y especuladores acaban siendo gestionados por un puñado de miserables que no dudan en alimentar sus sueños identitarios, racistas y totalitarios con el dinero de todos.

El penoso espectáculo de desarticulación territorial, de anomia institucional, de profanación de las leyes, de irresponsabilidad administrativa, de anquilosamiento ético, de malversación ideológica y de humillación democrática que ha dado España hoy, marcará un antes y un después en la historia de este país. El daño que la farsa y la burla puesta en marcha por el Gobierno independentista catalán, con el aval de otras autonomías secuestradas por el nacionalismo más obtuso, como la vasca, ha hecho al sistema de libertades, al conjunto de instituciones y al estado de derecho de esto que llamamos España, resulta incalculable. Y, por ello, a estas alturas de los acontecimientos, Artur Mas, acompañado de todo su Gobierno, debería estar ya en los calabazos del juzgado correspondiente y la autonomía catalana suspendida tras una oportuna y necesaria aplicación del artículo 155.1 de la Constitución. En estos momentos, el presidente de ese artefacto público puesto al servicio de un alzamiento contra la Constitución que actualmente es la Generalidad catalana debería estar ya rindiendo cuentas por dinamitar las leyes que le mantienen como presidente de un Gobierno regional, por hacer apología del delito, por hacer llamamientos masivos al no cumplimiento de las leyes, por malversación de caudales públicos, por alta traición al Estado que le da de comer y que permite sus desvaríos, por sedición y, sobre todo, por su reiterada negativa a cumplir con numerosas y renovadas resoluciones administrativas y judiciales.

Con su molicie ética, su inactividad política y su falta de confianza en nuestra sistema de libertades, el Gobierno flácido e inane de Mariano Rajoy, en colaboración con una Justicia maleable y mojigata que en demasiadas ocasiones se pliega a los perfiles lacios del Ejecutivo del PP, ha conseguido lo que, en las últimas décadas, no habían logrado ni el terrorismo de ETA, ni los golpistas más rancios, ni los nacionalistas más asilvestrados y violentos: que el sistema democrático español, que ha proporcionado a este país su mayor periodo histórico de libertad, progreso y desarrollo, se haya convertida en un guiñapo envilecido y degradado manoseado, con total impunidad, por todo tipo de sinvergüenzas.



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