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http://www.elmundo.es/economia/2014/09/16/541740d6ca474154728b456b.html?a=716a1c685de18613b63573974e212e53&t=1410847901
Los equipos de fútbol deben a Hacienda 564 millones y no 482 como informó la Liga Profesional de Fútbol (LPF), un 17% más, unos 82 millones. La reducción del último año de la deuda ha sido de 99 millones y no de 165 como insiste la Liga, que ha acusado a la Agencia Tributaria de pretender liquidar a los clubs.
Aunque se ha reducido levemente, la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda es superior a la facilitada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Quizá para magnificar el esfuerzo de los clubes o para restar importancia al inmenso agujero, según la LPF, que preside Javier Tebas, la deuda con la Agencia Tributaria alcanzaba en junio los 482 millones de euros, 165 millones menos que la temporada anterior, que acabó con un endeudamiento de 647 millones. Por ello, la LPF destacó que se había producido una reducción de 165 millones en un año, un 25% menos.
Sin embargo, según fuentes de la Administración, que se han sorprendido de estos datos de la Liga, la deuda real a esa fecha es de 564 millones. Es decir, 82 millones más. Y la reducción en el año es de sólo 99 millones, ya que la información de la LPF_de la temporada anterior tampoco es exacta. Se situó en 667 millones excluyendo los equipos del País Vasco y Navarra, que controlan las haciendas forales.
Incumplimento de los aplazamientos
Por tanto, la reducción en el último año ha sido del 15% y con muchas dificultades para poder cobrar por parte de Hacienda porque en algunos casos se están incumpliendo los aplazamientos concertados o los fraccionamientos de pagos. También se están incumpliendo acuerdos suscritos de concursos de acreedores que facilitan moras o quitas para garantizar la continuidad de la entidad.
Para poder cobrar, como sucede con cualquier empresa o ciudadano afectados también por la crisis, los servicios de Hacienda están vigilando y embargan cualquier pago relevante que obtengan estos clubes, incluso posibles taquillas, derechos televisivos y publicidad. Estas fuentes señalan que fruto de estas actuaciones, y no tanto por el autocontrol de los clubes o de la propia LPF, se ha conseguido reducir una deuda que, por ejemplo, en enero de 2012 alcanzaba los 752 millones. Se trata de una cifra similar al presupuesto que el Gobierno destina para subvencionar la promoción, acceso y rehabilitación de viviendas en España.
La mayor parte de esta inmensa bola de nieve se ha generado a partir de 2007 con la crisis. Es consecuencia de la «laxitud» de la Administración anterior en perseguir ésta práctica, quizá para evitar el desgaste político entre las aficiones y también en la concesión de aplazamientos. La deuda, que se ha ido configurando con las retenciones por IRPF practicadas por los clubes en las nóminas de sus futbolistas y empleados que no han ido ingresando en Hacienda, les ha servido para financiar fichajes millonarios, comisiones o grandes sueldos.
El problema ha surgido ahora cuando muchos clubes se han sorprendido, meses después de su entrada en vigor en enero pasado para todas las empresas del país, del desarrollo de la ley 7/2012 de lucha contra el fraude en materia de aplazamientos y fraccionamiento de las retenciones. Esta norma, que fue seguida por una instrucción de la dirección de Recaudación de la Agencia Tributaria, considera inaplazables las retenciones por rentas de trabajo porque en muchos casos se estaban demandando con fines defraudatorios._Es decir, había entidades que financiaban los acuerdos pasados de aplazamientos con el no ingreso de las retenciones del ejercicio.
En manos de la Delegación Central
Por tanto, desde 2014 Hacienda no admite estos aplazamientos para todas las empresas, circunstancia que ha aprovechado ahora la LPF para acusa a la Agencia de querer liquidar a los clubes aplicando normas de recaudación que sus predecesores no interpretaban así.
La Agencia ha reafirmado en un comunicado que trata a todos los contribuyentes por igual y que los clubes de fútbol deben cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ello, si en 2004 el Gobierno anterior regionalizó la gestión de la deuda de los club, el actual ha centralizado la gestión recaudatoria. Así, de esta deuda se encarga ahora la Delegación Central de Contribuyentes, en Madrid, que garantiza «un tratamiento unitario y coherente». Esta Delegación es la encargada de controlar a las grandes fortunas y patrimonios, así como a las empresas que facturan por encima de los 300 millones. De aquí se desprende el interés de Hacienda en cobrar a los clubes como a los demás ciudadanos. A finales de agosto, es decir, en el comienzo de la liga actual, la deuda ha vuelto a descender algo más y se ha situado ya en 542 millones, lejos todavía de la cifra proporcionada por la LPF.
En estas fuentes se desmiente además que Hacienda haya tenido que ver con el descenso de categoría del Murcia, un club presidido por un antiguo dirigente de la Liga. La decisión ha sido de la LPF. El caso es que esta actuación podría interpretarse de «discrecional» ya que no tiene nada que ver con la negativa de la Agencia en facilitarle un certificado de estar al corriente de su deuda, porque no lo estaba. La Liga aplicó sus propios criterios para este descenso porque Sporting de Gijón, Recreativo de Huelva, Rácing de Santander, Getafe, Zaragoza y Español «también tenían la misma dificultad para obtener este certificado».
Los equipos de fútbol deben a Hacienda 564 millones y no 482 como informó la Liga Profesional de Fútbol (LPF), un 17% más, unos 82 millones. La reducción del último año de la deuda ha sido de 99 millones y no de 165 como insiste la Liga, que ha acusado a la Agencia Tributaria de pretender liquidar a los clubs.
Aunque se ha reducido levemente, la deuda de los clubes de fútbol con Hacienda es superior a la facilitada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Quizá para magnificar el esfuerzo de los clubes o para restar importancia al inmenso agujero, según la LPF, que preside Javier Tebas, la deuda con la Agencia Tributaria alcanzaba en junio los 482 millones de euros, 165 millones menos que la temporada anterior, que acabó con un endeudamiento de 647 millones. Por ello, la LPF destacó que se había producido una reducción de 165 millones en un año, un 25% menos.
Sin embargo, según fuentes de la Administración, que se han sorprendido de estos datos de la Liga, la deuda real a esa fecha es de 564 millones. Es decir, 82 millones más. Y la reducción en el año es de sólo 99 millones, ya que la información de la LPF_de la temporada anterior tampoco es exacta. Se situó en 667 millones excluyendo los equipos del País Vasco y Navarra, que controlan las haciendas forales.
Incumplimento de los aplazamientos
Por tanto, la reducción en el último año ha sido del 15% y con muchas dificultades para poder cobrar por parte de Hacienda porque en algunos casos se están incumpliendo los aplazamientos concertados o los fraccionamientos de pagos. También se están incumpliendo acuerdos suscritos de concursos de acreedores que facilitan moras o quitas para garantizar la continuidad de la entidad.
Para poder cobrar, como sucede con cualquier empresa o ciudadano afectados también por la crisis, los servicios de Hacienda están vigilando y embargan cualquier pago relevante que obtengan estos clubes, incluso posibles taquillas, derechos televisivos y publicidad. Estas fuentes señalan que fruto de estas actuaciones, y no tanto por el autocontrol de los clubes o de la propia LPF, se ha conseguido reducir una deuda que, por ejemplo, en enero de 2012 alcanzaba los 752 millones. Se trata de una cifra similar al presupuesto que el Gobierno destina para subvencionar la promoción, acceso y rehabilitación de viviendas en España.
La mayor parte de esta inmensa bola de nieve se ha generado a partir de 2007 con la crisis. Es consecuencia de la «laxitud» de la Administración anterior en perseguir ésta práctica, quizá para evitar el desgaste político entre las aficiones y también en la concesión de aplazamientos. La deuda, que se ha ido configurando con las retenciones por IRPF practicadas por los clubes en las nóminas de sus futbolistas y empleados que no han ido ingresando en Hacienda, les ha servido para financiar fichajes millonarios, comisiones o grandes sueldos.
El problema ha surgido ahora cuando muchos clubes se han sorprendido, meses después de su entrada en vigor en enero pasado para todas las empresas del país, del desarrollo de la ley 7/2012 de lucha contra el fraude en materia de aplazamientos y fraccionamiento de las retenciones. Esta norma, que fue seguida por una instrucción de la dirección de Recaudación de la Agencia Tributaria, considera inaplazables las retenciones por rentas de trabajo porque en muchos casos se estaban demandando con fines defraudatorios._Es decir, había entidades que financiaban los acuerdos pasados de aplazamientos con el no ingreso de las retenciones del ejercicio.
En manos de la Delegación Central
Por tanto, desde 2014 Hacienda no admite estos aplazamientos para todas las empresas, circunstancia que ha aprovechado ahora la LPF para acusa a la Agencia de querer liquidar a los clubes aplicando normas de recaudación que sus predecesores no interpretaban así.
La Agencia ha reafirmado en un comunicado que trata a todos los contribuyentes por igual y que los clubes de fútbol deben cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ello, si en 2004 el Gobierno anterior regionalizó la gestión de la deuda de los club, el actual ha centralizado la gestión recaudatoria. Así, de esta deuda se encarga ahora la Delegación Central de Contribuyentes, en Madrid, que garantiza «un tratamiento unitario y coherente». Esta Delegación es la encargada de controlar a las grandes fortunas y patrimonios, así como a las empresas que facturan por encima de los 300 millones. De aquí se desprende el interés de Hacienda en cobrar a los clubes como a los demás ciudadanos. A finales de agosto, es decir, en el comienzo de la liga actual, la deuda ha vuelto a descender algo más y se ha situado ya en 542 millones, lejos todavía de la cifra proporcionada por la LPF.
En estas fuentes se desmiente además que Hacienda haya tenido que ver con el descenso de categoría del Murcia, un club presidido por un antiguo dirigente de la Liga. La decisión ha sido de la LPF. El caso es que esta actuación podría interpretarse de «discrecional» ya que no tiene nada que ver con la negativa de la Agencia en facilitarle un certificado de estar al corriente de su deuda, porque no lo estaba. La Liga aplicó sus propios criterios para este descenso porque Sporting de Gijón, Recreativo de Huelva, Rácing de Santander, Getafe, Zaragoza y Español «también tenían la misma dificultad para obtener este certificado».
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