La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado este jueves que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las Administraciones Públicas sean sostenibles.

Por ello, se debe llevar a cabo una "reestructuración" que supondría "a la fuerza" eliminar empleos públicos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron "como setas" durante los años de "bonanza económica" y que hoy en día no son viables.

"Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobren un 10% menos, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos", ha asegurado en una entrevistada en la Cope.

En este sentido, Rodríguez ha matizado que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y que por ello, es "absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos", lo que conllevaría necesariamente la destrucción de empleados públicos.

"Esto es un puzle difícil de confeccionar pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público", ha explicado.

'No queda otro remedio'

Asimismo, ha matizado que dichos empleos públicos que tendrán que desaparecer "inexcusablemente" no tendrían que afectar necesariamente a los funcionarios. "No estoy hablando de funcionarios sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio", ha añadido.

Preguntada sobre la fecha en la que previsiblemente podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, ya trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la diputada 'popular' ha explicado que este tipo de reformas "globales" llevan "un poquito de tiempo", pero que es su intención que en 2013 comience a tener efecto sobre el presupuesto.


http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/28/economia/1340875932.html

Esto es mucho peor, ya no solo piensan en bajar sueldos tienen en mente el despedir a funcionarios.

pero la pregunta del millón, ¿sobran políticos o son pocos?

seolpo escribió:pero la pregunta del millón, ¿sobran políticos o son pocos?

Son muchos, malos y corruptos.

Capitán Trueno escribió:Esto es mucho peor, ya no solo piensan en bajar sueldos tienen en mente el despedir a funcionarios.

NO. La gente está equivocada. No van a despedir a funcionarios porque no pueden. Despiden a "empleados públicos" que no es lo mismo ni mucho menos.

Son de empresas públicas que se han creado paralelamente a la administración, gente que no ha aprobado una oposición, la mayoría enchufados de los partidos políticos

A eso son los que van a eliminar. A los funcionarios NO PUEDEN ECHARLOS POR LEY. Ni por nada. De hecho en nómina no tenemos descuento para el paro jejejejeje

El Gobierno prepara un recorte de la Administración que supondrá miles de despidos

El plan para podar el sector público incluye el cierre y privatización de empresas y el despido de miles de trabajadores

Tras la batalla del último Consejo Europeo, Mariano Rajoy pisa el acelerador de las reformas y ajustes para refrendar ante sus socios el inequívoco compromiso de su Gobierno con la reducción del déficit. El presidente adelantó el lunes a la cúpula de su partido que regresan los 'viernes de dolores', es decir que los próximos consejos de ministros incluirían nuevos ajustes. Citó, de manera explícita, la reforma de la administración que el Ejecutivo tenía previsto encarar en septiembre, pero que podría aprobarse en la reunión ministerial del 27 de julio, o incluso antes.

El Ejecutivo pretende lograr que el peso del sector público de todas las administraciones equivalga a un máximo del 35% del Producto Interior Bruto, frente al 43,6% que tiene ahora, según los datos del Programa de Estabilidad que el Gobierno envió a la Comisión Europea en abril. Hacienda aún perfila la memoria económica de esta reforma, pero fuentes del Gobierno cifran en unos 80.000 millones el ahorro que se pretende lograr.

Un ambicioso tijeretazo que supondrá el «despido de miles» de empleados públicos que podrá ejecutarse gracias a la reforma laboral aprobada definitivamente la semana pasada en el Congreso. Los principales afectados serán los 150.000 trabajadores de las empresas estatales, los interinos de las tres administraciones y todo aquel trabajador público, excepto los que hayan ganado su plaza mediante oposición. Es decir, los funcionarios quedan a salvo del tijeretazo.

El Gobierno quiere podar las administraciones porque creee sobredimensionada la actual plantilla de las administraciones públicas, que supera los 3,16 millones de los trabajadores, de los que 1,7 millones pertenecen a las comunidades, 620.000 a los ayuntamientos, algo más de medio millón a la administración central, y más de 150.000 a las empresas e instituciones públicas. Una medida que un dirigente del PP califica de «muy dolorosa», pero imprescindible.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas requirió en febrero al resto de departamentos un informe detallado con todos los organismos prescindibles o susceptibles de ser privatizados, datos que algunos ministerios aún no han remitido.

Una de las principales dificultades de este ajuste es que el Gobierno central sólo puede acometerlo en las sociedades que estén bajo su control. El problema es que las comunidades y los ayuntamientos aglutinan 2.372 empresas públicas, de las que 626 son fundaciones y 1.055 consorcios sobre las que el Ejecutivo central no tiene competencias.

Recomendaciones

Rajoy ya ha advertido a los presidentes de comunidades gobernadas por el PP de que deberán secundar este nuevo «sacrificio». El Consejo de Ministros solo podrá hacer recomendaciones sobre la necesidad de aplicar este ajuste al País Vasco, Asturias y Andalucía, gobernadas por el PSOE; Cataluña, regida por CiU; Navarra, con gobierno en minoría de Unión del Pueblo Navarro; y Canarias, bajo el control de los nacionalistas insulares.

La reforma de la administración pública será uno de los «esfuerzos adicionales» que el Gobierno adoptará para cumplir los compromisos de déficit y asegurar que la senda de la consolidación fiscal «sigue el ritmo adecuado», según confirmó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El responsable económico recalcó que el saneamiento de la banca «está ya encauzado» y que donde están las «dudas» es en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Cumplir el objetivo de déficit en un presupuesto «para los próximos dos años» es algo con lo que el Gobierno «está absolutamente comprometido» y hará «todo lo que considere imprescindible», remarcó el responsable de Economía durante su intervención en un desayuno informativo. En su defensa del rigor presupuestario, De Guindos insistió en que esto no se hace «por Bruselas, sino por nosotros mismos».

Aún más, añadió que el Ejecutivo va a «vigilar estrechamente» que las autonomías y los ayuntamientos respeten el equilibrio presupuestario, una vez que se han abonado sus deudas con los proveedores gracias al desembolso cercano a los 30.000 millones. «Unas administraciones que no pagan, generan un daño importante» a la economía y «no se va a volver a permitir».






http://www.diariosur.es/v/20120704/espana/rajoy-pretende-ahorrar-cerca-20120704.html

Los empleados públicos cobrarán el 50% del salario los tres primeros días de baja

La medida, incluida en el decreto de recortes 20/2012, ha entrado hoy mismo en vigor

El personal al servicio de las administraciones públicas, organismos, entidades dependientes y órganos constitucionales que se encuentre en situación de incapacidad temporal por enfermedad, a partir de hoy solo cobrará el 50% de sus retribuciones durante los tres primeros días de baja.

Esta a medida, incluida en el decreto de recortes 20/2012, empezará a aplicarse a partir de hoy, tal y como establece la disposición adicional decimoquinta del citado real decreto.

La misma no se aplicará cuando la incapacidad temporal implique intervención quirúrgica u hospitalización, tratamiento de radioterapia y quimioterapia o la empleada pública se encuentre en estado de gestación.

Igualmente, desde el día cuarto hasta el vigésimo de la baja laboral del empleado público, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social, en ningún caso podrá superar el 75% de las retribuciones.

Para la Central Sindical Independiente y de Funcionario CSI-F «se trata de una medida injusta y arbitraria, porque parte del prejuicio erróneo de que los empleados públicos tienen mayor absentismo que los trabajadores del sector privado y les penaliza por el hecho de caer enfermos. Además, tendrá un efecto mínimo en las cuentas públicas porque las personas que lo necesiten seguirán yendo al médico y cogiéndose la baja, como no puede ser de otra manera, en un país moderno y desarrollado».


http://www.abc.es/20121015/economia/abci-empleados-publicos-cobraran-salario-201210151631.html

Vamos muy bien