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La juez instructora ha ordenado esta mañana el ingreso en prisión, como medida cautelar, del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández por su implicación en el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público. La medida, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias, que ejercen la acusación particular, se fundamenta en el riesgo de fuga, la posibilidad de interferir en testigos de la investigación y la gravedad de los delitos imputados. El ministerio público ha solicitado además una fianza en concepto de responsabilidad civil de 850,5 millones de euros.
La petición de la Fiscalía se hizo casi patente tras escuchar el alegato final del ex consejero, que ante la sorpresa de todos los abogados, se ha llegado a preguntar acerca de “cómo podría yo haber evitado esto”. La Junta de Andalucía, también personada en la causa y que siempre ha mantenido que toda la responsabilidad acababa en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -subordinado de Fernández- no ha solicitado prisión y ha pedido la comparecencia semanal de Fernández en los juzgados, así como 68 millones de fianza en concepto de responsabilidad civil.
La decisión de la jueza, que ha justificado "a la vista de su declaración y alegaciones·" se producía después de cuatro intensas jornadas en las que Fernández ha defendido en todo momento la legalidad del sistema de ayudas promovido por la Junta de Andalucía y ha expresado su desconocimiento acerca de las irregularidades en la concesión de ayudas drectas a empresas, algunas de ellas vacías de contenido, o la inclusión de “intrusos” en algunos de los expedientes pagados con dinero público.
No obstante, durante su intervención final, ha explicado que, “a la vista de las evidencias del procedimiento”, se ha preguntado acerca de “cómo podría yo haber evitado esto”. Y ha hecho hincapié en su posible exceso de confianza con su equipo de subordinados, cuestionándose si en vez de un consejero “impulsor” debía haberse comportado más como un consejero “vigilante” de la gestión de los suyos. Fuentes de su defensa han subrayado que, además del “daño personal” que ya tiene, al exconsejero le causa “gran pesar el daño institucional causado a la Junta y a la propia comunidad autónoma habida cuenta del debate público generado” en torno a esta investigación.
Responsable intelectual
La jueza instructora Mercedes Alaya imputó a Fernández el primer día de declaración hasta seis cargos: cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionario y fraude en subvenciones. A estos se sumarían otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil en relación a su inclusión en la póliza de prejubilación de una empresa bodeguera del Marco de Jerez para la que ya no trabajaba, de lo que se deduce que era uno de los “intrusos”.
Fuentes judiciales explicaron entonces que la instructora considera a Fernández responsable intelectual del convenio que amparó la concesión de ayudas al margen de cualquier control y de forma arbitraria, dado que en 2001 –cuando se firmó-- él era viceconsejero de Empleo y presidente del organismo público que las otorgaba, y considera que por tanto era conocedor de que muchas de esas ayudas se daban para uso personal.
La petición de la Fiscalía se hizo casi patente tras escuchar el alegato final del ex consejero, que ante la sorpresa de todos los abogados, se ha llegado a preguntar acerca de “cómo podría yo haber evitado esto”. La Junta de Andalucía, también personada en la causa y que siempre ha mantenido que toda la responsabilidad acababa en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -subordinado de Fernández- no ha solicitado prisión y ha pedido la comparecencia semanal de Fernández en los juzgados, así como 68 millones de fianza en concepto de responsabilidad civil.
La decisión de la jueza, que ha justificado "a la vista de su declaración y alegaciones·" se producía después de cuatro intensas jornadas en las que Fernández ha defendido en todo momento la legalidad del sistema de ayudas promovido por la Junta de Andalucía y ha expresado su desconocimiento acerca de las irregularidades en la concesión de ayudas drectas a empresas, algunas de ellas vacías de contenido, o la inclusión de “intrusos” en algunos de los expedientes pagados con dinero público.
No obstante, durante su intervención final, ha explicado que, “a la vista de las evidencias del procedimiento”, se ha preguntado acerca de “cómo podría yo haber evitado esto”. Y ha hecho hincapié en su posible exceso de confianza con su equipo de subordinados, cuestionándose si en vez de un consejero “impulsor” debía haberse comportado más como un consejero “vigilante” de la gestión de los suyos. Fuentes de su defensa han subrayado que, además del “daño personal” que ya tiene, al exconsejero le causa “gran pesar el daño institucional causado a la Junta y a la propia comunidad autónoma habida cuenta del debate público generado” en torno a esta investigación.
Responsable intelectual
La jueza instructora Mercedes Alaya imputó a Fernández el primer día de declaración hasta seis cargos: cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionario y fraude en subvenciones. A estos se sumarían otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil en relación a su inclusión en la póliza de prejubilación de una empresa bodeguera del Marco de Jerez para la que ya no trabajaba, de lo que se deduce que era uno de los “intrusos”.
Fuentes judiciales explicaron entonces que la instructora considera a Fernández responsable intelectual del convenio que amparó la concesión de ayudas al margen de cualquier control y de forma arbitraria, dado que en 2001 –cuando se firmó-- él era viceconsejero de Empleo y presidente del organismo público que las otorgaba, y considera que por tanto era conocedor de que muchas de esas ayudas se daban para uso personal.
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