No me extraña nada esto, actualmente estoy en un curso para desempleados y a pocos dias de terminar aun no ha pasado ningun inspector de la junta a hacer una inspeccion cuando lo normal es que hagan sobre 2 o 3 en lo que dura el curso y la razon es que no van por que la junta no pagan. Del curso que estoy haciendo mejor no digo nada mas por que menudo chanchullo se trae la empresa que lo realiza y la junta tiene un escrito firmado por todos los que estamoos realizando el curso(ya que fui personalmente a entregarlo y hable con el inspector responsable personalmente), y vaya abreviando el tema es que se va a pagar por una serie de materiales que tenian que haber sido comprados y no lo han sido, y por esto van a pillar pastaFrente313 escribió:Lo del ABC lamentablemente es cierto. La Intervención Provincial está devolviendo todas las facturas a los órganos gestores por insufiencia de medios. Excepto el Capítulo I no hay nada mas para pagar. Lo que significa que ahora mismo la Junta de Andalucía esta al borde de la suspensión de pagos.
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Elecciones Andalucía. Marzo de 2012
- joseca86
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Queda un mes para las elecciones.....
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Muchos empleados públicos y algunos sindicatos están convencidos de que el laberinto judicial en el que está inmerso el futuro de los 12.000 funcionarios que han participado en el concurso de méritos no es más que una "venganza" de la Junta de Andalucía contra el colectivo por sus enérgicas protestas contra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, también conocida como 'ley del enchufismo' porque ha supuesto la integración en la Administración andaluza de más de 20.000 trabajadores del entramado de empresas públicas y fundaciones, también los enchufados.
Numerosas entradas en los foros en internet en los que participan los funcionarios de la Junta denuncian que el concurso de méritos con el que miles de funcionarios aspiran a mejorar de puesto o acercarse a su domicilio no es más que una "trampa" para dividir al colectivo, ya que "no hace falta ser un prestigioso jurista para saber que no se puede volver a baremar", como pretendía la Junta.
"Hay muchas razones para pensar" que el concurso es una 'vendetta' particular de la Junta contra un colectivo que ha servido de ariete contra el Gobierno andaluz después de treinta años en el poder", señaló a EL MUNDO.es Alicia Martos, la presidenta del sector de administración general de la Junta de CSIF.
Para Martos, la Junta "quiere hacer un daño intencionado a sus funcionarios" con esta "tropelía ilegal" de cambiar las bases de un concurso cuando estaban a punto de publicarse las listas definitivas con las plazas adjudicadas a los 12.000 trabajadores.
"Nunca ha existido voluntad de sacar un concurso de méritos. Se vieron obligados por las circunstancias de presión que los funcionarios estaban ejerciendo en la calle y una buena manera de callar bocas era convocar un concurso y, paralelamente, organizar una estrategia para dividir la cohesión que estaban demostrando los funcionarios y determinados sindicatos", afirma una de las entradas en el blog de los funcionarios.
El departamento que dirige la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, esgrime una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) para cambiar las bases del concurso y valorar la antigüedad como interinos de los funcionarios. El concurso, inicialmente, no tenía en cuenta esta antigüedad.
La sentencia europea cita la Directiva comunitaria 1999/70, de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea (UE), y subraya que la misma "exige que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos".
Para excluir esa "diferencia de trato", la Junta equiparó la antigüedad como interino y funcionario y abrió un plazo para rebaremar los méritos de los 12.000 funcionarios que se habían presentado, sin dar opción a otros trabajadores a que solicitaran también participar en la convocatoria.
Esta rebaremación del concurso dividió a los sindicatos de la función pública. Ustea, UGT y CCOO apoyan las modificaciones introducidas por la Junta, mientras que el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) y CSIF, no. Ustea arremetió contra CSIF por solicitar la suspensión del concurso, una medida cautelar que acaba de conceder el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla, en un auto fechado el pasado 16 de enero.
Numerosas entradas en los foros en internet en los que participan los funcionarios de la Junta denuncian que el concurso de méritos con el que miles de funcionarios aspiran a mejorar de puesto o acercarse a su domicilio no es más que una "trampa" para dividir al colectivo, ya que "no hace falta ser un prestigioso jurista para saber que no se puede volver a baremar", como pretendía la Junta.
"Hay muchas razones para pensar" que el concurso es una 'vendetta' particular de la Junta contra un colectivo que ha servido de ariete contra el Gobierno andaluz después de treinta años en el poder", señaló a EL MUNDO.es Alicia Martos, la presidenta del sector de administración general de la Junta de CSIF.
Para Martos, la Junta "quiere hacer un daño intencionado a sus funcionarios" con esta "tropelía ilegal" de cambiar las bases de un concurso cuando estaban a punto de publicarse las listas definitivas con las plazas adjudicadas a los 12.000 trabajadores.
"Nunca ha existido voluntad de sacar un concurso de méritos. Se vieron obligados por las circunstancias de presión que los funcionarios estaban ejerciendo en la calle y una buena manera de callar bocas era convocar un concurso y, paralelamente, organizar una estrategia para dividir la cohesión que estaban demostrando los funcionarios y determinados sindicatos", afirma una de las entradas en el blog de los funcionarios.
El departamento que dirige la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, esgrime una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) para cambiar las bases del concurso y valorar la antigüedad como interinos de los funcionarios. El concurso, inicialmente, no tenía en cuenta esta antigüedad.
La sentencia europea cita la Directiva comunitaria 1999/70, de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea (UE), y subraya que la misma "exige que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos".
Para excluir esa "diferencia de trato", la Junta equiparó la antigüedad como interino y funcionario y abrió un plazo para rebaremar los méritos de los 12.000 funcionarios que se habían presentado, sin dar opción a otros trabajadores a que solicitaran también participar en la convocatoria.
Esta rebaremación del concurso dividió a los sindicatos de la función pública. Ustea, UGT y CCOO apoyan las modificaciones introducidas por la Junta, mientras que el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) y CSIF, no. Ustea arremetió contra CSIF por solicitar la suspensión del concurso, una medida cautelar que acaba de conceder el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla, en un auto fechado el pasado 16 de enero.
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El vicesecretario general del PP andaluz, Ricardo Tarno, ha dicho que "a Griñán y a Recio les da pánico que sus subordinados empiecen a hablar; ellos saben lo que sus subordinados saben, y esto va a acabar mal", de ahí, según el dirigente del PP, que hagan una "defensa numantina" de los imputados por los ERE.Según Tarno, "cada día está más claro que se trata de una estructura organizada desde el poder, que no son decisiones tomadas por una sola persona" las relacionadas con los ERE fraudulentos.
Tarno ha apuntado al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, por ser quien presidía los denominados "consejillos" o reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno en los que, según el dirigente del PP, se elaboraron normas para la concesión de los ERE y se decía "esta sí, esta no" sobre las subvenciones para esos ERE. "La Junta utiliza a los directores generales como cortafuegos", y la "defensa numantina de Recio a Rivera" es "una estrategia repetida" en casos anteriores como el del exconsejero Antonio Fernández o el del director general Rivas. "¿Cuánto queda para pasar de la imputación de directores generales a la de consejeros?", se ha preguntado Tarno antes de responderse: "Poco".
La imputación de Rivera significa, para el PP, que este caso "no se trata del pasado sino del presente", que "no es un escándalo sólo del Gobierno de Chaves sino también del de Griñán" y demuestra que "no hay control ni devolución de dinero". El PP pedirá formalmente el lunes por la mañana la comparecencia del consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, para que dé explicaciones sobre la imputación de su director general de Empleo, Daniel Rivera, en el proceso judicial sobre el caso de los ERE fraudulentos.
Tarno ha señalado en conferencia de prensa que Recio debe responder sobre la imputación de este alto cargo y a los motivos que le llevan a mantenerlo en esa responsabilidad. También debe informar el consejero en el Parlamento, según Tarno, sobre las investigaciones internas que ha efectuado sobre el asunto y sobre si se devolverán algunas de las cantidades afectadas. Y por último, debe responder a "por qué oculta información a la Justicia, como la relacionada con el pago de comisiones por los ERE a despachos de abogados y aseguradoras".
Tarno ha pedido que Recio "no se esconda en la mayoría socialista, y vaya a explicar al Parlamento" estas cuestiones, ya que ha calificado de "indecente" que en el departamento de Recio lleven "dos años tratando de esconder la porquería y la suciedad que ellos mismos han generado, mientras que en Andalucía hay un millón doscientos mil parados". Sobre la posibilidad de que Recio, en efecto, comparezca ante la Diputación Permanente Tarno ha asegurado que "ni el PSOE ni Griñán quiere que se sepa la verdad", de ahí el "muro infranqueable" que ha impedido en el Parlamento una comisión de investigación sobre los ERE.
Tarno ha apuntado al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, por ser quien presidía los denominados "consejillos" o reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno en los que, según el dirigente del PP, se elaboraron normas para la concesión de los ERE y se decía "esta sí, esta no" sobre las subvenciones para esos ERE. "La Junta utiliza a los directores generales como cortafuegos", y la "defensa numantina de Recio a Rivera" es "una estrategia repetida" en casos anteriores como el del exconsejero Antonio Fernández o el del director general Rivas. "¿Cuánto queda para pasar de la imputación de directores generales a la de consejeros?", se ha preguntado Tarno antes de responderse: "Poco".
La imputación de Rivera significa, para el PP, que este caso "no se trata del pasado sino del presente", que "no es un escándalo sólo del Gobierno de Chaves sino también del de Griñán" y demuestra que "no hay control ni devolución de dinero". El PP pedirá formalmente el lunes por la mañana la comparecencia del consejero andaluz de Empleo, Manuel Recio, para que dé explicaciones sobre la imputación de su director general de Empleo, Daniel Rivera, en el proceso judicial sobre el caso de los ERE fraudulentos.
Tarno ha señalado en conferencia de prensa que Recio debe responder sobre la imputación de este alto cargo y a los motivos que le llevan a mantenerlo en esa responsabilidad. También debe informar el consejero en el Parlamento, según Tarno, sobre las investigaciones internas que ha efectuado sobre el asunto y sobre si se devolverán algunas de las cantidades afectadas. Y por último, debe responder a "por qué oculta información a la Justicia, como la relacionada con el pago de comisiones por los ERE a despachos de abogados y aseguradoras".
Tarno ha pedido que Recio "no se esconda en la mayoría socialista, y vaya a explicar al Parlamento" estas cuestiones, ya que ha calificado de "indecente" que en el departamento de Recio lleven "dos años tratando de esconder la porquería y la suciedad que ellos mismos han generado, mientras que en Andalucía hay un millón doscientos mil parados". Sobre la posibilidad de que Recio, en efecto, comparezca ante la Diputación Permanente Tarno ha asegurado que "ni el PSOE ni Griñán quiere que se sepa la verdad", de ahí el "muro infranqueable" que ha impedido en el Parlamento una comisión de investigación sobre los ERE.
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[--http://www.eleccionesandalucia.es/noticias/el-psoe...es-en-andalucia--]
Los socialistas temen que el alcalde de Marinaleda se abstenga ante una posible coalición PSOE-IU en el caso de que el PP no ganase por mayoría absoluta, tal y como indican sus encuestas internas
El PSOE ha trasladado a Izquierda Unida su preocupación por la posible designación de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, como número uno en la lista de IU por Sevilla en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 25 de marzo.
El temor que tienen es que la presencia de éste pueda «sembrar la semilla» de lo que ocurrió en las autonómicas de Extremadura con IU, que decidió abstenerse dejando de esta manera gobernar al PP de José Antonio Monago. Según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, el PSOE ha trasladado esta preocupación al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara y al secretario general del Partido Comunista de España (PCE), José Luis Centella, que también es el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados.
La designación de Sánchez Gordillo, conocido por ser alcalde de Marinaleda desde 1979 y por sus acciones de «ocupación» de fincas de los terratenientes, para encabezar la lista de IU en Sevilla se ha producido en las asambleas de la coalición, pero aún no es defintiva. Está previsto que la designación de candidatos se apruebe el próximo viernes en la Ejecutiva regional de IU. Sin embargo, desde el PSOE se ve con preocupación que la designación provisional de Sánchez Gordillo como número uno por Sevilla para el 25 de marzo en las andaluzas se pueda materializar como definitiva. El temor es que, ante un resultado en el que PSOE e IU pudieran sumar para gobernar, este diputado pudiera optar por abstenerse y dejar gobernar al PP en Andalucía.
El PP, al borde de la mayoría absoluta
De hecho, los socialistas creen que este escenario se podría producir, a tenor de los resultados que arrojan las sucesivas oleadas de encuestas internas que han realizado. Según estas, el PP aventaja al PSOE en Andalucía en unos 9 puntos, pero esto no daría la mayoría absoluta a Javier Arenas. Se trataría de los datos que dan los sondeos que el PSOE realizó en diciembre y luego repitió a mediados de enero.
La tendencia indicaría que el PP puede estar al borde de la mayoría absoluta pero no llega a ella. Tendría una ventaja de unos 9 puntos. Pero para que los populares lograran mayoría abosluta en Andalucía necesitarían tener una ventaja de más de diez puntos. No obstante y para no perder de vista la tendencia del voto, los socialistas están haciendo nuevos estudios sociológicos tanto en Andalucía como a nivel federal, para contrastar continuamente estos datos y tener una foto clara de por dónde pueden ir los resultados.
También se espera para próximas fechas una encuesta de la Universidad de Granada, con un amplio número de muestras, en la que se prevé estudiar el efecto que puede tener en el voto la presentación de UPyD en las andaluzas y cómo puede influir en el reparto de los escaños.
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Los socialistas temen que el alcalde de Marinaleda se abstenga ante una posible coalición PSOE-IU en el caso de que el PP no ganase por mayoría absoluta, tal y como indican sus encuestas internas
El PSOE ha trasladado a Izquierda Unida su preocupación por la posible designación de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, como número uno en la lista de IU por Sevilla en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 25 de marzo.
El temor que tienen es que la presencia de éste pueda «sembrar la semilla» de lo que ocurrió en las autonómicas de Extremadura con IU, que decidió abstenerse dejando de esta manera gobernar al PP de José Antonio Monago. Según fuentes socialistas consultadas por Europa Press, el PSOE ha trasladado esta preocupación al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara y al secretario general del Partido Comunista de España (PCE), José Luis Centella, que también es el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados.
La designación de Sánchez Gordillo, conocido por ser alcalde de Marinaleda desde 1979 y por sus acciones de «ocupación» de fincas de los terratenientes, para encabezar la lista de IU en Sevilla se ha producido en las asambleas de la coalición, pero aún no es defintiva. Está previsto que la designación de candidatos se apruebe el próximo viernes en la Ejecutiva regional de IU. Sin embargo, desde el PSOE se ve con preocupación que la designación provisional de Sánchez Gordillo como número uno por Sevilla para el 25 de marzo en las andaluzas se pueda materializar como definitiva. El temor es que, ante un resultado en el que PSOE e IU pudieran sumar para gobernar, este diputado pudiera optar por abstenerse y dejar gobernar al PP en Andalucía.
El PP, al borde de la mayoría absoluta
De hecho, los socialistas creen que este escenario se podría producir, a tenor de los resultados que arrojan las sucesivas oleadas de encuestas internas que han realizado. Según estas, el PP aventaja al PSOE en Andalucía en unos 9 puntos, pero esto no daría la mayoría absoluta a Javier Arenas. Se trataría de los datos que dan los sondeos que el PSOE realizó en diciembre y luego repitió a mediados de enero.
La tendencia indicaría que el PP puede estar al borde de la mayoría absoluta pero no llega a ella. Tendría una ventaja de unos 9 puntos. Pero para que los populares lograran mayoría abosluta en Andalucía necesitarían tener una ventaja de más de diez puntos. No obstante y para no perder de vista la tendencia del voto, los socialistas están haciendo nuevos estudios sociológicos tanto en Andalucía como a nivel federal, para contrastar continuamente estos datos y tener una foto clara de por dónde pueden ir los resultados.
También se espera para próximas fechas una encuesta de la Universidad de Granada, con un amplio número de muestras, en la que se prevé estudiar el efecto que puede tener en el voto la presentación de UPyD en las andaluzas y cómo puede influir en el reparto de los escaños.
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- Capitán Trueno
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La ministra de Fomento 'olvida' el tren litoral pese a la promesa de Arenas
Pastor habla de completar la A-7 entre Nerja y Adra y los accesos al aeropuerto · Sin mención sobre el Cercanías al PTA
Ni una sola mención al tren litoral. Esa fue la atención que prestó ayer la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados al corredor ferroviario de la Costa del Sol, el proyecto más reclamado en la última década en la provincia de Málaga. Pastor obvió esta infraestructura en una intervención en la que sí enumeró más de medio centenar de propuestas que formarán parte del nuevo plan que su departamento está elaborando y cuyo desarrollo se prolongará hasta el año 2024.
El olvido llama la atención al tratarse de una obra sobre la que existe compromiso formal del Gobierno central, que firmó un protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía para su impulso. Bien es cierto que el citado acuerdo fue suscrito por su antecesor en el cargo, José Blanco, y que previsiblemente éste será uno de los asuntos que abordará Pastor con la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz, en la reunión que mantendrán la semana que viene.
A ello se suma otro detalle importante, y es que su elusión contrasta con la insistencia del presidente del PP andaluz, Javier Arenas, viene haciendo en los últimos meses para que la Costa del Sol disponga de conexión ferroviaria. De hecho, ha usado este asunto como ariete contra el anterior Ejecutivo, que no incluyó el litoral andaluz del denominado corredor del Mediterráneo, del que ayer sí habló Pastor pero, como el anterior ministro, sin mencionar el paso por la costa malagueña ni el propósito de variar el trazado ya aprobado.
Para la diputada nacional del PP Celia Villalobos, la ministra no hizo referencia al tren litoral "porque no está todo claro", argumento al que sumó la delicada situación económica heredada por este departamento, que se encuentra con una deuda de 40.000 millones. A pesar de ello, aseguró que el PP seguirá ese proyecto, pero aclaró: "No se pretenderá que lo que no ha hecho el PSOE en ocho años lo haga el PP en unos meses".
Otra ausencia en el discurso de la ministra tiene que ver con la red de Cercanías de la provincia y la posibilidad de prolongar su recorrido, entre otros puntos, hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Una propuesta que viene siendo exigida por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, desde hace algunos años. Mientras este ramal no fue mencionado, Pastor sí habló de mejoras en las infraestructuras de Barcelona, Valencia y Sevilla.
En clave malagueña, las únicas menciones se produjeron en el apartado de carreteras, donde sí marcó como actuaciones a desarrollar dentro del nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI), la finalización de los tramos en ejecución de la autovía A-7 en Granada y Almería, entre Nerja y Adra. Los 50,2 kilómetros pendientes supondrán unos 336 millones de euros.
A ello sumó la referencia a la necesidad de actuar en la mejora de los accesos viarios al aeropuerto y al puerto de Málaga. En el primero de los casos, a pesar de que la ministra no aclaró de qué se trataba, se puede interpretar que Fomento continuará con los trabajos del acceso sur al aeródromo de la capital de la Costa del Sol, y, previsiblemente, acometerá el acceso norte, con el que poder enlazar las instalaciones aeroportuarias con la hiperronda.
Sí quedó claro que todo estará condicionado a la situación económica. "El tiempo de las obras faraónicas ha terminado; el de los convenios sin dinero también; se han acabado las autovías sin tráfico o las terminales sin pasajeros", sentenció.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1181331/la/ministra/fomento/olvida/tren/litoral/sus/planes/hasta/pese/la/promesa/arenas.html
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El tren litoral nunca saldrá a la luz gobierne quien gobierne
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- Frente313
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Y menos sin dinero.
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Veremos si no acabamos como los griegos
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- Bok1977
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El PSOE de Andalucía camina directo a la autodestrucción. Ya lo habían advertido en los últimos meses algunos veteranos socialistas y este domingo se prendió la última mecha que ha hecho saltar por los aires al partido en las puertas de las elecciones autonómicas. La dimisión de José Antonio Viera como secretario general del PSOE de Sevilla provoca una grave fractura en una circunscripción cuyo cabeza de lista es el propio candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Griñán. La crisis, por tanto, no se reduce a la provincia, sino que se expande como la pólvora al resto de la comunidad. Además, pone en cuestión el liderazgo del propio Griñán y también evidencia la falta de respuesta de la nueva Ejecutiva federal, cuyo mensaje de unidad ha sido desoído en Andalucía, donde ha sido imposible la reconciliación entre rubalcabistas y chaconistas.
Tras la brecha abierta en el partido antes del Congreso Federal que eligió a Alfredo Pérez Rubalcaba como líder nacional, los socialistas andaluces han reabierto las heridas. Si en Cádiz los rubalcabistas han hecho imposible la integración, en Sevilla sólo se estuvo cerca, según la composición de la lista que este domingo manejó la Ejecutiva provincial y que reflejaba paritariamente a los dos sentimientos enfrentados. Así, entre los ocho primeros puestos figuran tres apuestas de Viera, como son José Caballos, María Jesús Montero y Carmen Tovar, y tres de la dirección regional, como son José Muñoz, Carmelo Gómez y Verónica Pérez. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que fue interventor del propio Rubalcaba en el Congreso Federal y, por tanto, un empeño especial de Viera, quedaría relegado al puesto número 9, que ya no se considera un puesto de salida. Pero las presiones de última hora, sobre todo por parte de la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, facilitaron que Viera, tal y como había amagado, rechazara el acuerdo y arrojase la toalla.
La dimisión estaba presentada desde las diez de la mañana, 90 minutos antes de la hora fijada para la reunión de la Ejecutiva provincial encargada de dar el visto bueno a la propuesta de la lista para el Parlamento andaluz, encabezada por Griñán. La negociación entre los afines a la dirección regional y el entorno del secretario general no llegaron a buen término. A la una de la tarde Viera hizo acto de presencia en el complejo Blanco White ante los integrantes del comité provincial para anunciar su decisión, que minutos antes había sido apuntada por el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Enrique Cousinou, causando sorpresa.
Viera fue muy claro en su intervención: habló de vetos, injerencias e insistió en que se había vulnerado su autonomía como secretario general del PSOE de Sevilla y, por tanto, dirigente encargado de proponer la lista para el 25-M. "Tras la victoria de Rubalcaba no he ido pasando la bandeja o la factura a nadie", apuntó, recordando las agrias tensiones en el PSOE de Sevilla para elegir a los 55 delegados para tal cónclave. No es la primera vez que Viera habla de vetos, pero ayer fue más explícito y reveló que sufrió uno de ellos -por parte de Griñán- para apartar de la delegación sevillana al histórico Alfonso Guerra.
"Dije que no admitiría vetos y ahora no se puede romper un acuerdo. ¿En qué estamos pensando? ¿En el día 25 o el día 26?", apuntó Viera en relación a la fecha de las elecciones andaluzas. Esta reflexión la comparten muchos militantes, sobre todo los más veteranos, que temen que el PSOE sea derrotado por primera vez en Andalucía y que observan cómo algunos dentro del partido parecen empeñados en perder. Viera lanzó al aire otra reflexión: "¿Vamos a seguir pidiendo a la gente el pedigree de su grado de lealtad según hayan cambiado las condiciones personales o económicas de alguno?".
Tras su intervención abandonó la reunión arropado por muchos de sus afines que, como si de un duelo se tratase, se despidieron de Viera. Entre ellos, José Caballos -quien ha dirigido el pulso de Viera-, Francisco Toscano, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Demetrio Pérez, Carmen Tovar y Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y su mano derecha en la negociación.
Y llegaron momentos de gran confusión y la obligación, según apuntó una militante, de echar una "pensada" -quizás era ya demasiado tarde- antes de actuar. Hubo quien habló incluso de sacar algún comunicado de apoyo a Viera y quien se echó las manos a la cabeza cuando María José Fernández, alcaldesa de Lebrija y vocal en la Ejecutiva federal del PSOE, se erigió en "portavoz" del comité provincial para anunciar y someter a votación la propuesta de lista que ahora tendrá que aprobarse a nivel regional y luego federal.
Carmen Hermosín, que es presidenta de la comisión federal de Garantías, tomó la palabra para advertir que a efectos estatutarios el comité provincial no podía celebrarse al haberse disuelto la Ejecutiva, porque sus decisiones no tendrían valor alguno y aconsejó "no enredar" más las cosas. Pero el sector afín a Susana Díaz insistió en seguir adelante con el proceso de aprobación de la lista, que fue "refrendada" por la mitad de los asistentes y que un sector anunció que impugnará.
Ahora el PSOE de Sevilla quedará en manos de una gestora que tendrá que proponer el comité regional y que tomará las riendas hasta después de las elecciones de mayo, cuando tendrá que convocarse un congreso extraordinario para renovar la dirección provincial y recomponer un partido despedazado.
Tras la brecha abierta en el partido antes del Congreso Federal que eligió a Alfredo Pérez Rubalcaba como líder nacional, los socialistas andaluces han reabierto las heridas. Si en Cádiz los rubalcabistas han hecho imposible la integración, en Sevilla sólo se estuvo cerca, según la composición de la lista que este domingo manejó la Ejecutiva provincial y que reflejaba paritariamente a los dos sentimientos enfrentados. Así, entre los ocho primeros puestos figuran tres apuestas de Viera, como son José Caballos, María Jesús Montero y Carmen Tovar, y tres de la dirección regional, como son José Muñoz, Carmelo Gómez y Verónica Pérez. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que fue interventor del propio Rubalcaba en el Congreso Federal y, por tanto, un empeño especial de Viera, quedaría relegado al puesto número 9, que ya no se considera un puesto de salida. Pero las presiones de última hora, sobre todo por parte de la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, facilitaron que Viera, tal y como había amagado, rechazara el acuerdo y arrojase la toalla.
La dimisión estaba presentada desde las diez de la mañana, 90 minutos antes de la hora fijada para la reunión de la Ejecutiva provincial encargada de dar el visto bueno a la propuesta de la lista para el Parlamento andaluz, encabezada por Griñán. La negociación entre los afines a la dirección regional y el entorno del secretario general no llegaron a buen término. A la una de la tarde Viera hizo acto de presencia en el complejo Blanco White ante los integrantes del comité provincial para anunciar su decisión, que minutos antes había sido apuntada por el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Enrique Cousinou, causando sorpresa.
Viera fue muy claro en su intervención: habló de vetos, injerencias e insistió en que se había vulnerado su autonomía como secretario general del PSOE de Sevilla y, por tanto, dirigente encargado de proponer la lista para el 25-M. "Tras la victoria de Rubalcaba no he ido pasando la bandeja o la factura a nadie", apuntó, recordando las agrias tensiones en el PSOE de Sevilla para elegir a los 55 delegados para tal cónclave. No es la primera vez que Viera habla de vetos, pero ayer fue más explícito y reveló que sufrió uno de ellos -por parte de Griñán- para apartar de la delegación sevillana al histórico Alfonso Guerra.
"Dije que no admitiría vetos y ahora no se puede romper un acuerdo. ¿En qué estamos pensando? ¿En el día 25 o el día 26?", apuntó Viera en relación a la fecha de las elecciones andaluzas. Esta reflexión la comparten muchos militantes, sobre todo los más veteranos, que temen que el PSOE sea derrotado por primera vez en Andalucía y que observan cómo algunos dentro del partido parecen empeñados en perder. Viera lanzó al aire otra reflexión: "¿Vamos a seguir pidiendo a la gente el pedigree de su grado de lealtad según hayan cambiado las condiciones personales o económicas de alguno?".
Tras su intervención abandonó la reunión arropado por muchos de sus afines que, como si de un duelo se tratase, se despidieron de Viera. Entre ellos, José Caballos -quien ha dirigido el pulso de Viera-, Francisco Toscano, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Demetrio Pérez, Carmen Tovar y Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y su mano derecha en la negociación.
Y llegaron momentos de gran confusión y la obligación, según apuntó una militante, de echar una "pensada" -quizás era ya demasiado tarde- antes de actuar. Hubo quien habló incluso de sacar algún comunicado de apoyo a Viera y quien se echó las manos a la cabeza cuando María José Fernández, alcaldesa de Lebrija y vocal en la Ejecutiva federal del PSOE, se erigió en "portavoz" del comité provincial para anunciar y someter a votación la propuesta de lista que ahora tendrá que aprobarse a nivel regional y luego federal.
Carmen Hermosín, que es presidenta de la comisión federal de Garantías, tomó la palabra para advertir que a efectos estatutarios el comité provincial no podía celebrarse al haberse disuelto la Ejecutiva, porque sus decisiones no tendrían valor alguno y aconsejó "no enredar" más las cosas. Pero el sector afín a Susana Díaz insistió en seguir adelante con el proceso de aprobación de la lista, que fue "refrendada" por la mitad de los asistentes y que un sector anunció que impugnará.
Ahora el PSOE de Sevilla quedará en manos de una gestora que tendrá que proponer el comité regional y que tomará las riendas hasta después de las elecciones de mayo, cuando tendrá que convocarse un congreso extraordinario para renovar la dirección provincial y recomponer un partido despedazado.
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La candidatura de Griñán es irregular
Mientras tanto, la crisis del PSOE de Sevilla sigue pendiente de los pasos que dé la gestora que se va a conformar. Las listas pasarán este miércoles al Comité Director de Andalucía, y se espera que se pueda llegar a un consenso antes de que se eleven al Comité Federal y el equipo de Rubalcaba se vea obligado a adoptar soluciones a favor de parte.
En términos estatutarios, hoy por hoy, la presencia de Griñán como número uno por Sevilla es irregular, ya que al dimitir el secretario provincial antes de votarse la lista tendría que hacerlo toda la ejecutiva y congelar el proceso de candidaturas hasta la creación de la gestora.
Mientras tanto, la crisis del PSOE de Sevilla sigue pendiente de los pasos que dé la gestora que se va a conformar. Las listas pasarán este miércoles al Comité Director de Andalucía, y se espera que se pueda llegar a un consenso antes de que se eleven al Comité Federal y el equipo de Rubalcaba se vea obligado a adoptar soluciones a favor de parte.
En términos estatutarios, hoy por hoy, la presencia de Griñán como número uno por Sevilla es irregular, ya que al dimitir el secretario provincial antes de votarse la lista tendría que hacerlo toda la ejecutiva y congelar el proceso de candidaturas hasta la creación de la gestora.
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El FMI teme que Andalucía aflore un gran 'déficit oculto'Al Fondo Monetario Internacional le preocupa el agujero presupuestario extra que podría arrojar Andalucía tras las elecciones del 25-M.
M. Llamas 2012-02-15
Si algo han demostrado hasta ahora las Administraciones Públicas españolas es que la realidad presupuestaria poco o nada tiene que ver con las cuentas oficiales. Así, por un lado, el Gobierno del PP denunció tras su llegada al poder que el déficit público ascendía a un nivel próximo al 8% del PIB en 2011 frente al 6% anunciado por el anterior Ejecutivo de Zapatero (aunque el martes surgió en Bruselas una intensa polémica al respecto). Asimismo, el traspaso de poderes acontecido tras las últimas elecciones autonómicas acabó aflorando agujeros presupuestarios muy superiores a las cifras oficiales, destacando, sobre todo, el caso de Cataluña y de Castilla-La Mancha.
Ante tales evidencias, el Fondo Monetario Internacional (FMI) teme ahora que Andalucía sea la próxima región en sacar a la luz un desequilibrio fiscal muy superior al que admite la Junta que preside José Antonio Griñán. La delegación del Fondo, que acaba de visitar España para supervisar la situación económica y presupuestaria del país, se ha mostrado muy preocupada por el hecho de que las cuentas andaluzas arrojen un déficit adicional al previsto oficialmente tras las elecciones regionales del próximo 25 de marzo. De hecho, según ha podido saber Libre Mercado, los técnicos del FMI estudian aterrizar en Andalucía en su próxima visita a España, prevista para el próximo abril, para analizar en más detalle el previsible agujero extra que dejará como herencia Griñán.
Esta preocupación surge, precisamente, poco después de que la consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, admitiera que el déficit público andaluz podría acercarse al 3% del PIB regional. Y ello, veinticuatro horas después de que Griñán asegurara en sede parlamentaria que apenas superaría el 1,4%. El mayor problema en este ámbito surge, además, al observar los datos oficiales que recogen los Presupuestos de la Junta para 2012. Las cuentas de Griñán para el presente ejercicio, aprobadas por el Parlamento andaluz, prevén un gasto público de 32.020,1 millones de euros, un aumento del 1,1% interanual, bajo el supuesto -muy improbable- de que el déficit cerrará este año en el 1,3% del PIB, tal y como exige el techo de déficit fijado para las CCAA.
El Partido Popular de Andalucía ya pidió formalmente a Griñán que renunciase como candidato a presidir la Junta por "engañar a todos los andaluces", ya que "ha mentido sobre la deuda, ha mentido sobre el déficit y ha mentido sobre los ERE". Moncloa también ha reflejado su preocupación sobre la gestión presupuestaria de la Junta. Tanto la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusaron el pasado enero a Griñán de falta de transparencia.
El FMI coincide con el diagnóstico y ha puesto sobre la lupa las cuentas públicas de la región, pues podría suponer un impacto adicional sobre el déficit público total de España. En sus últimas previsiones, el organismo empeoró drásticamente su previsión de déficit para España en 2012 y 2013, hasta el 6,8% y el 6,3%, respectivamente, frente a los objetivos de déficit fijados por Bruselas (del 4,4% en 2012 y del 3% en 2013). Y ello, debido en parte a la ausencia de austeridad en las CCAA. Todas las CCAA incumplirán el objetivo de déficit en 2011, a excepción de la Comunidad de Madrid.
M. Llamas 2012-02-15
Si algo han demostrado hasta ahora las Administraciones Públicas españolas es que la realidad presupuestaria poco o nada tiene que ver con las cuentas oficiales. Así, por un lado, el Gobierno del PP denunció tras su llegada al poder que el déficit público ascendía a un nivel próximo al 8% del PIB en 2011 frente al 6% anunciado por el anterior Ejecutivo de Zapatero (aunque el martes surgió en Bruselas una intensa polémica al respecto). Asimismo, el traspaso de poderes acontecido tras las últimas elecciones autonómicas acabó aflorando agujeros presupuestarios muy superiores a las cifras oficiales, destacando, sobre todo, el caso de Cataluña y de Castilla-La Mancha.
Ante tales evidencias, el Fondo Monetario Internacional (FMI) teme ahora que Andalucía sea la próxima región en sacar a la luz un desequilibrio fiscal muy superior al que admite la Junta que preside José Antonio Griñán. La delegación del Fondo, que acaba de visitar España para supervisar la situación económica y presupuestaria del país, se ha mostrado muy preocupada por el hecho de que las cuentas andaluzas arrojen un déficit adicional al previsto oficialmente tras las elecciones regionales del próximo 25 de marzo. De hecho, según ha podido saber Libre Mercado, los técnicos del FMI estudian aterrizar en Andalucía en su próxima visita a España, prevista para el próximo abril, para analizar en más detalle el previsible agujero extra que dejará como herencia Griñán.
Esta preocupación surge, precisamente, poco después de que la consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, admitiera que el déficit público andaluz podría acercarse al 3% del PIB regional. Y ello, veinticuatro horas después de que Griñán asegurara en sede parlamentaria que apenas superaría el 1,4%. El mayor problema en este ámbito surge, además, al observar los datos oficiales que recogen los Presupuestos de la Junta para 2012. Las cuentas de Griñán para el presente ejercicio, aprobadas por el Parlamento andaluz, prevén un gasto público de 32.020,1 millones de euros, un aumento del 1,1% interanual, bajo el supuesto -muy improbable- de que el déficit cerrará este año en el 1,3% del PIB, tal y como exige el techo de déficit fijado para las CCAA.
El Partido Popular de Andalucía ya pidió formalmente a Griñán que renunciase como candidato a presidir la Junta por "engañar a todos los andaluces", ya que "ha mentido sobre la deuda, ha mentido sobre el déficit y ha mentido sobre los ERE". Moncloa también ha reflejado su preocupación sobre la gestión presupuestaria de la Junta. Tanto la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusaron el pasado enero a Griñán de falta de transparencia.
El FMI coincide con el diagnóstico y ha puesto sobre la lupa las cuentas públicas de la región, pues podría suponer un impacto adicional sobre el déficit público total de España. En sus últimas previsiones, el organismo empeoró drásticamente su previsión de déficit para España en 2012 y 2013, hasta el 6,8% y el 6,3%, respectivamente, frente a los objetivos de déficit fijados por Bruselas (del 4,4% en 2012 y del 3% en 2013). Y ello, debido en parte a la ausencia de austeridad en las CCAA. Todas las CCAA incumplirán el objetivo de déficit en 2011, a excepción de la Comunidad de Madrid.
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- Bok1977
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El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha negado este martes que en Andalucía se vaya a repetir la situación de Extremadura, negando así un apoyo de su partido al PP si no lograra la mayoría absoluta en las elecciones en Andalucía. Valderas ve posible conseguir entre ocho y doce diputados el próximo 25 de marzo.
«No estamos dispuestos a aguantar el continuismo de las políticas de PSOE», ha afirmado el coordinador general de IULV-CA, quien ha asegurado que su lucha es contra el bipartidismo y para conseguir un Parlamento de Andalucía «plural». Sí ha sido tajante el coordinador de IULV-CA al negar la posibilidad de un apoyo a los «populares» si no lograran la mayoría absoluta, como ocurrió en Extremadura.
Valderas, que ve posible conseguir entre ocho y doce diputados en las elecciones del próximo 25 de marzo, ha destacado que su formación presenta más mujeres como cabeza de lista que el PP, tres frente a dos. Si bien, ha reconocido que ello ha costado «un importante esfuerzo» y que su apuesta por que hubiera cuatro hombres y cuatro mujeres «aún está por terminar».
Finalmente, preguntado sobre la crisis interna que vive en estos momentos el PSOE, tras la dimisión del secretario general de Sevilla, José Antonio Viera, el líder de IULV-CA ha deseado «salud» a los socialistas, ante lo que considera «una enfermedad que no es un resfriado, sino que tiene una larga convalecencia».
«No estamos dispuestos a aguantar el continuismo de las políticas de PSOE», ha afirmado el coordinador general de IULV-CA, quien ha asegurado que su lucha es contra el bipartidismo y para conseguir un Parlamento de Andalucía «plural». Sí ha sido tajante el coordinador de IULV-CA al negar la posibilidad de un apoyo a los «populares» si no lograran la mayoría absoluta, como ocurrió en Extremadura.
Valderas, que ve posible conseguir entre ocho y doce diputados en las elecciones del próximo 25 de marzo, ha destacado que su formación presenta más mujeres como cabeza de lista que el PP, tres frente a dos. Si bien, ha reconocido que ello ha costado «un importante esfuerzo» y que su apuesta por que hubiera cuatro hombres y cuatro mujeres «aún está por terminar».
Finalmente, preguntado sobre la crisis interna que vive en estos momentos el PSOE, tras la dimisión del secretario general de Sevilla, José Antonio Viera, el líder de IULV-CA ha deseado «salud» a los socialistas, ante lo que considera «una enfermedad que no es un resfriado, sino que tiene una larga convalecencia».
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- kiske
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La verdad es que es indignante que la Costa del Sol no tenga un tren desde Nerja hasta Estepona, al menos, pero si no lo hicieron cuando había dinero ahora es imposible que lo hagan. Tampoco los malagueños somos muy de echarnos a la calle a pedir cosas
Apenas 1 mes queda para la posible debacle socialista (posible y deseable, por aquello de ventilar un poco las estancias de la Junta tras 30 años, que ha convertido al PSOE andaluz en una suerte de Cosa Nostra.... lo digo con conocimiento de causa)
Lo triste.... la alternativa única es la que es.
Esto se ha convertido en una elección "tipo": ¿ qué quieres, que te tiremos por la ventana o que te tiremos por el hueco de la escalera ?
Apenas 1 mes queda para la posible debacle socialista (posible y deseable, por aquello de ventilar un poco las estancias de la Junta tras 30 años, que ha convertido al PSOE andaluz en una suerte de Cosa Nostra.... lo digo con conocimiento de causa)
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- Bok1977
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kiske escribió: La verdad es que es indignante que la Costa del Sol no tenga un tren desde Nerja hasta Estepona, al menos, pero si no lo hicieron cuando había dinero ahora es imposible que lo hagan. Tampoco los malagueños somos muy de echarnos a la calle a pedir cosas
Apenas 1 mes queda para la posible debacle socialista (posible y deseable, por aquello de ventilar un poco las estancias de la Junta tras 30 años, que ha convertido al PSOE andaluz en una suerte de Cosa Nostra.... lo digo con conocimiento de causa)
Lo triste.... la alternativa única es la que es.
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Toda la razón kiske
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- untiocualkiera
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Ya lo último sera que desconvocarán las oposiciones a secundaria cuando el PP acceda a la junta, vamos lo que les faltaba a los pobres que llevan 2 años gastando ganas esfuerzo y mucho dinero en preaparase unas oposiciones ya de por si casi imposibles.
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- Dusko
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Lo del tren traerá más de un follón de presupuesto a la hora de poner y a la hora de coger otros.
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- Bok1977
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Lo de las oposiciones tengo claro que si entra el PP no habrá
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- untiocualkiera
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y también que todas las reformas que se han hecho han sido del sistema privado, pero ya vereis las que van a pegar fuerte con las de sistema público.
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- Bok1977
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6 Febrero 12 - - F. M.
Sevilla- La Guardia Civil ha apuntado en un informe que el Ejecutivo de José Antonio Griñán siguió con el mismo funcionamiento irregular para pagar expedientes de regulación de empleo que estaba en vigor desde 2001. La juez, Mercedes Alaya, ha encontrado indicios de delito en la actuación del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, por continuar con las prácticas de sus predecesores y lo ha imputado en la causa. Ayer, el PP, dio un paso más, y acusó al Gobierno andaluz de utilizar otra Consejería, la de Economía, Innovación y Ciencia, para continuar con los pagos de los ERE cuando saltó el escándalo. Una fórmula –que bautizó como el «tercer fondo de reptiles»– que seguía evitando los controles administrativos pero que sorteaba el foco puesto sobre Empleo, el departamento en el que comenzó la investigación judicial.
En una carta, fechada el 14 de septiembre de 2010, Daniel Alberto Rivera se dirige al director de Administración y Finanzas de la Agencia IDEA, el órgano externo que pagaba las ayudas directas a empresas y prejubilaciones. Le reclama que afronte «el pago del 75 por ciento de una ayuda sociolaboral de carácter excepcional a los 199 trabajadores de Abantia Ticsa» y le explica que «la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia». El actual director general le recuerda que «es un compromiso acordado desde las viceconsejerías de ambas Consejerías, con fecha de 26 de enero de 2010».
En esa época, aún estaba en la Consejería de Empleo Antonio Fernández, también imputado por la juez. El viceconsejero era Agustín Barberá, que firmó las alegaciones a la Intervención General de Hacienda cuando este organismo alertó –lo hizo anualmente desde 2005– de que se estaban tramitando ayudas «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido». Las excusas oficiales, entre otras, era que el mecanismo ideado garantizaba la «paz social».
Quizá por eso, el Ejecutivo de Griñán ha seguido utilizando el procedimiento presuntamente irregular. En la carta, Daniel Alberto Rivera lo razona en esa línea: «Por todo ello, y a los efectos de no perjudicar a los trabajadores y empresa, ruego procédase a dar cumplimiento a la resolución de orden de pago de fecha 26 de mayo de 2010 y se abone la cantidad de 337.500 euros a los trabajadores de Abantia Ticsa, tal y como se indica con cargo a los fondos de la Consejería de Economía e Innovación».
Otro de los documentos hechos públicos por el PP –un folio a mano con el membrete de la consejería de Empleo– es una orden manuscrita del ex viceconsejero Agustín Barberá, al delegado provincial de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, en el que le trasmite: «Juan, éste es el tema de Abantia que hemos hablado. El compromiso es que Innnovación pone son 450.000 euros». Ése es el origen del pacto que luego pagó el actual Ejecutivo.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, señaló ayer que su formación tiene constancia de que se han producido más pagos de este tipo, lo que probaría la implicación de varias consejerías en la «trama de los ERE».
Precedentes de esa colaboración
La vinculación entre Empleo e Innovación no es nueva. LA RAZÓN ya publicó que el departamento que dirigía entonces Francisco Vallejo ordenó a la dirección general de Trabajo que asumiera el pago de 3,8 millones para el Plan Social de A Novo, ya que la empresa le vendió a Innovación su sede por esa cantidad y el dinero se usó para pagar a trabajadores
Sevilla- La Guardia Civil ha apuntado en un informe que el Ejecutivo de José Antonio Griñán siguió con el mismo funcionamiento irregular para pagar expedientes de regulación de empleo que estaba en vigor desde 2001. La juez, Mercedes Alaya, ha encontrado indicios de delito en la actuación del actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, por continuar con las prácticas de sus predecesores y lo ha imputado en la causa. Ayer, el PP, dio un paso más, y acusó al Gobierno andaluz de utilizar otra Consejería, la de Economía, Innovación y Ciencia, para continuar con los pagos de los ERE cuando saltó el escándalo. Una fórmula –que bautizó como el «tercer fondo de reptiles»– que seguía evitando los controles administrativos pero que sorteaba el foco puesto sobre Empleo, el departamento en el que comenzó la investigación judicial.
En una carta, fechada el 14 de septiembre de 2010, Daniel Alberto Rivera se dirige al director de Administración y Finanzas de la Agencia IDEA, el órgano externo que pagaba las ayudas directas a empresas y prejubilaciones. Le reclama que afronte «el pago del 75 por ciento de una ayuda sociolaboral de carácter excepcional a los 199 trabajadores de Abantia Ticsa» y le explica que «la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia». El actual director general le recuerda que «es un compromiso acordado desde las viceconsejerías de ambas Consejerías, con fecha de 26 de enero de 2010».
En esa época, aún estaba en la Consejería de Empleo Antonio Fernández, también imputado por la juez. El viceconsejero era Agustín Barberá, que firmó las alegaciones a la Intervención General de Hacienda cuando este organismo alertó –lo hizo anualmente desde 2005– de que se estaban tramitando ayudas «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido». Las excusas oficiales, entre otras, era que el mecanismo ideado garantizaba la «paz social».
Quizá por eso, el Ejecutivo de Griñán ha seguido utilizando el procedimiento presuntamente irregular. En la carta, Daniel Alberto Rivera lo razona en esa línea: «Por todo ello, y a los efectos de no perjudicar a los trabajadores y empresa, ruego procédase a dar cumplimiento a la resolución de orden de pago de fecha 26 de mayo de 2010 y se abone la cantidad de 337.500 euros a los trabajadores de Abantia Ticsa, tal y como se indica con cargo a los fondos de la Consejería de Economía e Innovación».
Otro de los documentos hechos públicos por el PP –un folio a mano con el membrete de la consejería de Empleo– es una orden manuscrita del ex viceconsejero Agustín Barberá, al delegado provincial de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, en el que le trasmite: «Juan, éste es el tema de Abantia que hemos hablado. El compromiso es que Innnovación pone son 450.000 euros». Ése es el origen del pacto que luego pagó el actual Ejecutivo.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, señaló ayer que su formación tiene constancia de que se han producido más pagos de este tipo, lo que probaría la implicación de varias consejerías en la «trama de los ERE».
Precedentes de esa colaboración
La vinculación entre Empleo e Innovación no es nueva. LA RAZÓN ya publicó que el departamento que dirigía entonces Francisco Vallejo ordenó a la dirección general de Trabajo que asumiera el pago de 3,8 millones para el Plan Social de A Novo, ya que la empresa le vendió a Innovación su sede por esa cantidad y el dinero se usó para pagar a trabajadores
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- Dusko
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Yo soy opositor y este año tengo claro que no van a salir apenas plazas.
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- Bok1977
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RIESGO DE CIERRE PARA 400 CENTROS DE DISMINUIDOS
La deuda de la Junta estrangula a Universidad, discapacitados y dependientes
Antonio Castro. Sevilla
15/02/2012 (06:00h)
La precariedad económica por la que atraviesa la Junta de Andalucía, al margen de los enfrentamientos con el Gobierno central por el volumen del déficit real, ha empezado a cebarse en los sectores más necesitados de una comunidad en la que las universidades tienen problemas para pagar las nóminas o, en otros casos, sólo pueden atender a ellas dejando al margen gastos imprescindibles ya programados. Miles de discapacitados ven en peligro sus centros de integración laboral, y los programas de la Ley de Dependencia, que el Gobierno andaluz suele esgrimir como exponente de su política social, se encuentran bloqueados en muchos casos por falta de pagos a las empresas que los gestionan.
El rectorado de la Universidad de Cádiz se ha dirigido a la comunidad educativa para advertirle de que sólo hay dinero para sueldos. Los proyectos de investigación y las infraestructuras pendientes carecen ya de fondos, por la falta de transferencias de la Junta de Andalucía, que tiene una deuda pendiente con esta institución de 43 millones de euros, casi la mitad del presupuesto del año pasado. Y para el ejercicio corriente, lo que se cierne es un mar de dudas, sobre todo en lo relativo al campus de excelencia, una iniciativa de la que la Junta suele presumir como referente de calidad universitaria, y que tiene que ser dotada con 4,8 millones que, de momento, ni están ni se les esperan.
La Universidad de Huelva, por su parte, ha tenido problemas para pagar las últimas nóminas a sus 800 empleados, entre profesores y resto de personal. Las deudas de la Junta con esta institución se eleva a 20 millones de euros, y la obligación de hacer frente a los pagos de las obras pendientes impide contar con la liquidez necesaria para atender a los salarios del personal.
Conflictos de la Dependencia
En el plano de la política social, los conflictos derivados de los impagos a las empresas que gestionan los servicios de Dependencia se extienden por toda Andalucía. En Jerez hace meses ya que las empleadas de este servicio han dejado de cobrar sus nóminas. El anterior gobierno municipal, del PSOE, desvió gran parte del presupuesto de la Junta para este capítulo a otros cometidos, sin que desde el Gobierno andaluz se hiciera nada por evitar esta irregularidad de su propio partido.
El Ayuntamiento de Algeciras amenaza ya con desprenderse de la gestión del servicio de la Ley de Dependencia. Este consistorio le adelanta cada mes a la empresa concesionaria el coste de la plantilla sin que reciba los fondos que la Junta tiene que darle para ello. En Jaén, la concesionaria del mismo servicio de la Ley de Dependencia lleva un año de retraso en el pago de los sueldos a las trabajadoras, que han iniciado una huelga indefinida.
La presunción política y la ruina social
La política social hace agua, mientras en la precampaña electoral del 25-M, el partido en el poder se refiere a sus principales “logros” en este plano de la gestión pública, con datos teóricos que contrastan con la dura realidad que viven ya miles de personas de la tercera edad que sufren deficiencias en los servicios.
Por si fuera poco, los centros especiales de empleo, donde trabajan discapacitados, sufren demora en los pagos de la Junta desde hace casi cuatro años. El Gobierno andaluz les debe ya 15 millones de euros, y si nadie lo remedia, los 400 centros de este tipo que hay en Andalucía tendrán serias dificultades para mantenerse abiertos.
Las deudas de la Junta no se refieren sólo, como se observa, a los 2.500 millones pendientes con empresas de la construcción o del sector de la sanidad, como publicó El Confidencial, y cuyos impagos han afectado al mantenimiento del empleo, o al sector agrario, que no recibe las ayudas a la reconversión de cítricos –un 40% de la inversión-, según denuncia Asaja, sino a los sectores más sensibles e indefensos.
Los únicos papeles que se mueven son los de los ERE
La Junta se encuentra en situación de bloqueo y en la Administración autonómica no se mueve un papel que no sea para el juzgado que instruye el caso de los ERE. Los funcionarios parecen pendientes de unas elecciones próximas en las que puede producirse un cambio de Gobierno, mientras el ejecutivo de Griñán no da respuesta a las reivindicaciones.
El debate económico, en cambio, se hace por elevación: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestra sus dudas sobre las cuentas de la Junta, las facturas en los cajones y el verdadero dato del déficit, mientras el equipo de Griñán desmiente al Gobierno central con datos que contrastan con una realidad tozuda en los sectores más directamente relacionados con la política social.
La deuda de la Junta estrangula a Universidad, discapacitados y dependientes
Antonio Castro. Sevilla
15/02/2012 (06:00h)
La precariedad económica por la que atraviesa la Junta de Andalucía, al margen de los enfrentamientos con el Gobierno central por el volumen del déficit real, ha empezado a cebarse en los sectores más necesitados de una comunidad en la que las universidades tienen problemas para pagar las nóminas o, en otros casos, sólo pueden atender a ellas dejando al margen gastos imprescindibles ya programados. Miles de discapacitados ven en peligro sus centros de integración laboral, y los programas de la Ley de Dependencia, que el Gobierno andaluz suele esgrimir como exponente de su política social, se encuentran bloqueados en muchos casos por falta de pagos a las empresas que los gestionan.
El rectorado de la Universidad de Cádiz se ha dirigido a la comunidad educativa para advertirle de que sólo hay dinero para sueldos. Los proyectos de investigación y las infraestructuras pendientes carecen ya de fondos, por la falta de transferencias de la Junta de Andalucía, que tiene una deuda pendiente con esta institución de 43 millones de euros, casi la mitad del presupuesto del año pasado. Y para el ejercicio corriente, lo que se cierne es un mar de dudas, sobre todo en lo relativo al campus de excelencia, una iniciativa de la que la Junta suele presumir como referente de calidad universitaria, y que tiene que ser dotada con 4,8 millones que, de momento, ni están ni se les esperan.
La Universidad de Huelva, por su parte, ha tenido problemas para pagar las últimas nóminas a sus 800 empleados, entre profesores y resto de personal. Las deudas de la Junta con esta institución se eleva a 20 millones de euros, y la obligación de hacer frente a los pagos de las obras pendientes impide contar con la liquidez necesaria para atender a los salarios del personal.
Conflictos de la Dependencia
En el plano de la política social, los conflictos derivados de los impagos a las empresas que gestionan los servicios de Dependencia se extienden por toda Andalucía. En Jerez hace meses ya que las empleadas de este servicio han dejado de cobrar sus nóminas. El anterior gobierno municipal, del PSOE, desvió gran parte del presupuesto de la Junta para este capítulo a otros cometidos, sin que desde el Gobierno andaluz se hiciera nada por evitar esta irregularidad de su propio partido.
El Ayuntamiento de Algeciras amenaza ya con desprenderse de la gestión del servicio de la Ley de Dependencia. Este consistorio le adelanta cada mes a la empresa concesionaria el coste de la plantilla sin que reciba los fondos que la Junta tiene que darle para ello. En Jaén, la concesionaria del mismo servicio de la Ley de Dependencia lleva un año de retraso en el pago de los sueldos a las trabajadoras, que han iniciado una huelga indefinida.
La presunción política y la ruina social
La política social hace agua, mientras en la precampaña electoral del 25-M, el partido en el poder se refiere a sus principales “logros” en este plano de la gestión pública, con datos teóricos que contrastan con la dura realidad que viven ya miles de personas de la tercera edad que sufren deficiencias en los servicios.
Por si fuera poco, los centros especiales de empleo, donde trabajan discapacitados, sufren demora en los pagos de la Junta desde hace casi cuatro años. El Gobierno andaluz les debe ya 15 millones de euros, y si nadie lo remedia, los 400 centros de este tipo que hay en Andalucía tendrán serias dificultades para mantenerse abiertos.
Las deudas de la Junta no se refieren sólo, como se observa, a los 2.500 millones pendientes con empresas de la construcción o del sector de la sanidad, como publicó El Confidencial, y cuyos impagos han afectado al mantenimiento del empleo, o al sector agrario, que no recibe las ayudas a la reconversión de cítricos –un 40% de la inversión-, según denuncia Asaja, sino a los sectores más sensibles e indefensos.
Los únicos papeles que se mueven son los de los ERE
La Junta se encuentra en situación de bloqueo y en la Administración autonómica no se mueve un papel que no sea para el juzgado que instruye el caso de los ERE. Los funcionarios parecen pendientes de unas elecciones próximas en las que puede producirse un cambio de Gobierno, mientras el ejecutivo de Griñán no da respuesta a las reivindicaciones.
El debate económico, en cambio, se hace por elevación: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muestra sus dudas sobre las cuentas de la Junta, las facturas en los cajones y el verdadero dato del déficit, mientras el equipo de Griñán desmiente al Gobierno central con datos que contrastan con una realidad tozuda en los sectores más directamente relacionados con la política social.
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- Frente313
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No veas cuando pasen las elecciones y hagan una auditoría a ver como están las cuentas generales
Entonces si que nos vamos a echar a temblar.
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lo que hace falta es una izquierda de verdad, si le hemos dado durante 30 años la confianza a pp o psoe porque no le podemos dar la oportunidad a izquierda unida que básicamente dice las cosas que la clase obrera lucha
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- Frente313
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Según las encuentas le asignan 2 diputados a IU en Andalucía para las próximas elecciones. Así que ya ves la confianza que hay en Izquierda Unida.
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