La compañía petrolera Repsol podrá buscar gas en la Costa del Sol. Eso sí, tendrá que hacerlo con restricciones para no afectar ni al turismo, ni a la pesca ni al paso de cetáceos y sólo entre los meses de febrero y abril. Con casi un año de retraso conforme a la fecha prevista, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental que permitirá a la empresa perforar un pozo de experimentación que determinará si existen o no bolsas de gas en los fondos marinos del litoral malagueño como se sospecha.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el documento que da vía libre a la filial Repsol Investigaciones Petrolíferas (Ripsa) para que inicie la fase clave del proyecto denominado Siroco y que comenzó en 2005 con una prospección que descartó la existencia de petróleo en el subsuelo marino, pero sí de gas en una pequeña franja entre la costa de Mijas y Fuengirola. Tras más de un año de estudio pormenorizado del estudio de impacto ambiental que presentó la empresa en junio del año pasado como paso previo para poder realizar el sondeo, la Secretaría de Estado de Cambio Climático ha decidido dar luz verde al proyecto siempre y cuando Repsol cumpla a rajatabla una serie de medidas que eviten cualquier tipo de riesgo y que protejan el entorno en el que se llevará a cabo la perforación del pozo.

Además de la limitación impuesta en los meses en los que podrá hacerse, el órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente obliga al promotor a elaborar un plan de restitución económica y ambiental para actuar en el caso de que se produzca una explosión de gas y "compensar los daños ocasionados sobre los valores ambientales y otros usos de la zona". Incluso se contempla la posibilidad de establecer una fianza, un seguro o un nivel superior de compensación por los posibles daños que se puedan derivar de un accidente de estas características. Pero sobre la protección ambiental del entorno y de las especies que habitan o transitan en él, la declaración de impacto ambiental es aún más estricta y obliga a Ripsa a contar "en todo momento" con personal experimentado en la observación de cetáceos y adoptar las medidas necesarias para aminorar el impacto de la contaminación acústica derivada de esta actividad. Para ello, impone a la empresa que desde una de las embarcaciones de apoyo se observe la aproximación de estos animales para "reducir temporalmente la actividad hasta que se alejen".

También tendrá que hacer un protocolo de muestreo y análisis que permita hacer un diagnóstico de la columna del agua de la zona que se verá afectada antes y después de perforar el pozo y así saber cuál ha sido su evolución a lo largo de las actuaciones del proyecto. Ahora la pelota está sobre el tejado de Repsol que ayer aseguró a este periódico que al tratarse de una declaración de impacto ambiental "muy extensa y restrictiva" necesitará tiempo para analizarla y tomar las primeras decisiones. Por lo pronto, deberá pedir al Ministerio de Industria una tercera prórroga a los permisos que tiene concedidos, ya que la actual caduca el próximo 20 de agosto.

Pero una vez resuelto este problema, aún tendrá que sortear otro importante obstáculo y es la disponibilidad de la plataforma petrolífera que perforará el pozo de exploración, algo que resulta bastante complicado teniendo en cuenta las pocas que operan en todo el mundo y que la tenía contratada para los trabajos previstos a principios de este año tuvo que ser enviada a Marruecos ante el retraso que acumulaba la autorización del Ministerio de Medio Ambiente. La empresa de momento prefiere no dar ninguna fecha para el inicio de los trabajos, aunque señaló que su intención es poder tenerlo todo a punto para hacerlo el próximo año.

El sondeo exploratorio, que se hará a nueve kilómetros al sur de Mijas y a 12 kilómetros al suroeste de Fuengirola, lo realizará una plataforma a cien metros de profundidad. Después se colocarán dos cabezas submarinas, es decir, un artilugio consistente en un juego de válvulas que serán las que controlen la salida de gas y que estarán dirigidas desde tierra. Los trabajos durarán 29 días, prorrogables a 41, y sólo si se encuentra gas se realizará una prueba de producción que consistirá en quemar el gas natural extraído en una antorcha durante unos cuantos días para que los técnicos evalúen si efectivamente es o no apto para su comercialización. Algo que en el mejor de los casos no ocurrirá antes de 2014.