Trabajo espera que Telefónica se haga cargo de los costes de su ERE



Gómez ha trasladado a la compañía la "preferencia" de que asuma los gastos, ya que los desempleados que dejará el expediente de regulación se jubilarán

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confía en que Telefónica asuma el coste de la protección de desempleo de los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un máximo de 8.500 personas en España que presentó la operadora.

El ministro señaló que ha transmitido a Telefónica la "preferencia" del Ministerio de Trabajo de que asuma el coste que supone que esos trabajadores cobren prestaciones por desempleo, ya que, al contrario que otros parados, no tienen intención de buscar otro puesto de trabajo sino pasar a la jubilación.

Añadió que representantes de la compañía han comunicado verbalmente su "disposición" a aceptar esta posición.

Como estaba previsto, Telefónica presentó a mediodía el ERE para un máximo de 8.500 trabajadores de telefonía fija en España en un periodo de cinco años, cuyas negociaciones con los sindicatos comenzarán el próximo martes y tienen un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo.

Sindicatos y empresa coinciden en que la aplicación del ERE tendrá carácter voluntario, universal y no discriminatorio, aunque los representantes de UGT y CCOO han puntualizado que no se trata de un ERE pactado.

Tras la presentación de una enmienda del PSOE en el proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo para que las grandes empresas con beneficios asuman las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados por un ERE, se ha planteado el debate sobre si Telefónica debe asumirlo.

Mientras CCOO es partidaria de que la operadora asuma este coste, UGT afirma que todos los trabajadores son iguales ante la ley y el Estado debe asumir este desempleo.

En una rueda de prensa convocada a primera hora de la tarde, UGT ha precisado que el coste, en todo caso, no debe recaer sobre los trabajadores.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, opinó sobre el ERE y dijo: "no nos gusta, es una empresa privada y tiene potestad para actuar dentro de la ley y de una manera pactada con los sindicatos, pero no nos gusta esta forma de proceder".

Telefónica justifica el ERE por la existencia de causas económicas, fundamentalmente, pero también de organización, tecnológicas y de producción y recoge en la memoria del ERE que operadoras competidoras como France Telecom y Deutsche Telekom han recibido ayudas de Francia y Alemania, respectivamente, debido a su participación en el capital de estas empresas.

También afirma que concurre una causa de fuerza mayor "en sentido no estricto" por los condicionantes reguladores que la afectan como operador incumbente (el primero que había en el mercado) y que condiciona su capacidad competitiva.

Inicialmente el ERE iba a afectar al 20 % de la plantilla durante tres años, pero finalmente se ha ampliado al 25 % de la plantilla en España, formada por unos 34.000 trabajadores, lo que supondría el 6,6 % de su plantilla en todo el mundo, y en un plazo de cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2015.

UGT y CCOO han defendido que la vigencia del plan esté unida a la del convenio colectivo, que es decinco años y que, igualmente, las negociaciones sean paralelas y, así, mientras las del ERE se celebrarán los martes, las del convenio lo harán los jueves.

Ambos sindicatos han mostrado su interés en pactar las condiciones para preservar el futuro de Telefónica de España y la estabilidad de empleo de los trabajadores que van a quedar y consensuar una postura común para las negociaciones.

Un representante de CGT señaló que el hecho de que UGT y CCOO reúnan a ocho de los trece miembros del comité intercentros hace que desconfíen en que vayan a contar con los sindicatos minoritarios para llevar también con ellos una postura común.

Criticó que en este momento económico por el que atraviesa el país una multinacional como Telefónica, que tiene beneficios, plantee una reducción de empleo.

Sobre los costes del ERE para el Estado, dijo que no sólo hay costes de desempleo, sino también lo que deja de percibir al no tributar fiscalmente las indemnizaciones.