Suma y sigue. La crisis no ha tocado ni mucho menos fondo en la capital, donde cientos de familias continúan perdiendo su vivienda al no poder hacer frente a la hipoteca. Los embargos de casas siguen escalando puestos en las cifras más negras de la economía. Lo revela la cifra con la que se cerró el primer trimestre de este año 2011. De enero a marzo, 375 familias malagueñas se vieron obligadas a abandonar su casa para entregarla al banco, lo que representa un aumento de casi un 20% con respecto al mismo periodo de 2010, en que se contabilizaron 304 embargos. Los datos facilitados por el Decanato de Málaga indican una tendencia alcista que, según los expertos, continuará el resto del año, y que de seguir este ritmo podría cerrarse con 1.500 embargos, todo un récord.
Desde que en 2007 asomó la crisis hasta la fecha, las entidades financieras se han quedado con más de 4.000 viviendas en Málaga, la mayoría residencia habitual de otras tantas familias. Pero los embargos han dado un salto cualitativo y ahora alcanzan ya a las personas que avalaron con sus pisos a sus familiares. Se trata, en la mayor parte de los casos, de padres que pusieron como garantía su vivienda para que el banco les concediera el préstamo a sus hijos.
«Al final lo han perdido todo. Los hijos se quedaron en el paro, no pudieron pagar y les embargaron la casa. Luego el banco fue a por la vivienda de los padres. Unos y otros se quedaron sin casa», explica el letrado Francisco García, que lleva uno de estos casos.
Los juzgados han asistido durante estos últimos cuatro años a un crecimiento exponencial de las demandas de ejecuciones hipotecarias y a subastas de inmuebles, a las que no acudía ningún postor dado que la tasación estaba sobrevalorada. En un 99% de los casos las entidades financieras se quedaron con los pisos y los afectados siguieron debiéndoles dinero.
Dos sentencias en la comunidad de Navarra han avalado ya que la entrega de la vivienda salde la deuda con la entidad financiera. No obstante, en Málaga todavía no se ha producido ninguna resolución en este sentido. Algunos colectivos como Jueces para la Democracia es partidario de esta solución, pero la realidad es bien distinta y revela que no hay unanimidad sobre este asunto en el ámbito judicial. «Moralmente podemos compartir con los afectados que eso sea así, pero no la ley, que indica otra cosa, y nosotros tenemos que aplicar la ley», opina un magistrado de un juzgado de primera instancia de la capital, acostumbrado a celebrar decenas de subastas cada mes.

Es una verguenza lo que está pasando en este país y la gente tan tranquila