Se ha aprobado un decreto que afecta a los funcionarios de la siguiente manera:


En primer lugar, vaa afectar al 80 % de la administración andaluza. Veamos como afecta a los siguienes sectores:

1º.- 25000 enchufados de empresas: los pasan a personal laboral indefinido en la agencia, rigiendose por convenio de la agencia, el cual los equipara a personal laboral fijo que este en la agencia, con mismo derechos ( estan mirando ya en la negociación como hacer para echar al personal laboral fijo que pase a indefinido cuandodo pasen un par de años, y asi solo se quedan los enchufaditos para la promoción cruzada a funcionario, y te encuentras a 25000 enchufados sin oposicion, en primer lugar, equiparados a personal laboral fijo y en segundo lugar convertidos en funcionarios DE CUERPOS SUPERIORES, ES DECIR, QUE PILLARAN TODAS LAS JEFATURAS)..

Ademas estos enchufaditos son en su gran mayoria, casi casi todos, 90 %, de categorias Grupo 1 y 2 de laboral.

2º Funcionarios: bye bye a concursos de meritos, saldran poquitos y con pocas plazas, puesto que para hacer hueco a los 25.000 no se crean puestos sino mas bien se extinguen, lleva ya pasando años. Ademas, esta por ver el problema de movilidad de los funcionarios que esten en agencia.

Asi como, al funcionario que este en agencia, por cojones tendra que elegir entre:

a) pasar a ser personal laboral indefinido de agencia con excedencia por prestación de servicio en el sector público , ó ,

b) si no acepta, pasa a excedencia, en situación de expectativa de destino, esto POR COJONES.

en pocas palabras, UNA PUTA VERGUENZA.

3º Personal laboral fijo, se integra en agencia y pasa de VI convenio colectivo, a convenio de agencia, y al parecer esto respeta el EST. de los TRAB, según nos dijo un..... no voy a insultarlo... de UGT. Este sector pierde mucho, pq de aqui a unos años van a intentar quitarlos de en medio.

4º Interinos: al contenedor de basura, ya llevan dos años limpiandose el culo con las Bolsas de Interinos, mientros cuelan enchufados, ésto lo sabe hasta el más tonto. Los que hay a la PUTA CALLE, salvo que hayan tenido la suertisima de caer en dependencia, que los integran en agencia, ya se los han anunciado, a los del resto de las agencias no se sabe.

5º Opositor: le estan escupiendo a la cara, como es una cara que nadie ve, pq esta en su casa estudiando, los estan pisoteando.

CONCLUSION: LA MAYOR VIOLACIóN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE TODA LA HISTORIA DE LA DEMOCRACIA, Y TODO POR QUERER METER POR COJONES A 25000 ENCHUFADOS Y CON BUENOS SUELDOS.

NO VOY A SEÑALAR LA NORMATIVA QUE INCUMPLE EL PUÑETERO DECRETO LEY, PQ LA LISTA ES INTERMINABLE, SOLO HACE FALTA LEERLO.

Con el Decreto de Reordenación se va a desmantelar la Administración de la Junta en Agencias, en la que se van a integrar 25. 000 contratados a dedo, provenientes de fundaciones, pagadas con fondos europeos. Como éstos se acaban, van a intentar meter a todo este personal externo en los presupuestos de la Junta. No han hecho ningún examen, sino que han entrado por tener conocidos. Estos externos son los que van a mandar, con competencias administrativas. La Agencia administrará los fondos de todos sin control público. Se acabó la Administración independiente, al acceso de todos por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esto ha sido uno de los logros sociales principales,plasmados en la Constitución. Antes para trabajar en la Administración había que tener una buena "recomendación" o el "carnet del movimiento", pues a partir de ahora, lo mismo. Y ésto solo ocurre en Andalucía. Parece fuerte, verdad. Pues lo es.

Increible.....

Increible!! El enchufismo siempre fue un problema en Andalucía pero ya esto que cuentas es descarado.

Esta gente sabe que en 2 año salen del gobierno y quieren asegurarse su porvenir y el de sus familiares, amistades y demás. La única forma es quitar funcionarios que se ha sacado legalmente unas oposiciones y meterlos de laborales que no hace falta oposiciones ni nada. Se crea una Agencia y contrata a quien les de la gana ya que al ser una empresa privada puede realizar las contrataciones que estime oportunas y a quien quiera contratar sin un proceso selectivo.

En fin, que los funcionarios son un cuerpo a extinguir. Pero no nos engañemos que no solo los que ya estamos ejerciendo de funcionarios, sino que la gente de la calle no tendrá oportunidad de entrar ya que no habrá oposiciones ni posibilidad de entrar en las Agencias porque estarán ocupadas por los enchufados.

En fin, un auténtico escándalo que tratan de enmascararlo ante la pasividad de los funcionarios.

Que asco de pais, hace seis años que uno no ve mas que malas noticias del mismo, y cada vez peor y peor...

CUESTA ABAJO Y SIN FRENOS.

Mi cuñada me comento algo sobre esto, creo que hay concentraciones en las puertas del edificio negro.

Los lunes concentración de 20 minutos en el Edificio Administrativo y los jueves a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta en la Alameda Principal. Aunque no sirve de nada porque el Decreto-Ley sigue su curso, pero por lo menos que sepan que no somos tontos y que sabemos lo que pretenden.

TeleCháves... mande DECRETAZO al 6666 y podrá recibir otro 5% de bajada de sueldo.

Coste del mensaje: 5€ que irá a parar a subvencionar a sindicatos, PER y proyectos progres de dudosa utilidad y transparencia (ejemplo, subvencionar condones de sabores y dosis de lubricante)

No pretendo ser apocalíptico. No quiero parecerme a aquellos testigos de Jehová que en las mañanas dominicales, armados con un cartapacio y la abominable combinación de corbata y camisa de manga corta, iban de puerta en puerta advirtiendo a las descuidadas familias católicas de la inminente llegada del fin del mundo. No creo -no quiero creer- que la creación de las agencias sea la llave que abra el sexto sello y que la grieta abierta por un terremoto acabe por engullir a todos los funcionarios. Sin embargo, es innegable que la privatización de la Administración Pública (valga la paradoja) anda cada vez más cerca.

Tampoco debemos olvidar que, por otra parte, no deja esta de ser una vieja aspiración de muchos españoles, al menos, en lo que a los funcionarios se refiere. A lo que ellos entienden por funcionarios, claro. Para la mayoría de la gente, todo aquel señor con gafas, algo rechoncho, escaso de pelo, vestido con camisa de cuadros y pantalones Lee, con rostro de hastío y una brizna de tomate en el incisivo superior (señal inequívoca de que acaba de disfrutar de un espléndido desayuno), que se sienta a una mesa en cualquier oficina de la Administración es un funcionario. Un funcionario, o lo que es lo mismo, un maestro del escaqueo, un prestidigitador capaz de escabullirse de una ventanilla con la habilidad del ninja, un incansable paseante que conoce en qué cafetería en dos kilómetros a la redonda ponen el mejor café, un visitador de bancos en horas de trabajo, un diestro porteador matutino de bolsas del Zara, el H&M o el Mercadona, un experto catador de cervezas y tapas a partir de las dos de la tarde, un parásito, en definitiva, que vive (que disfruta) de los impuestos ajenos. Lo mismo da que haya superado una oposición o que haya entrado por enchufe; es más, esta segunda modalidad de acceso es la que se considera normal, se asume como tal e, incluso, se entiende como una especie de norma consuetudinaria: siempre se ha hecho, siempre se hará.

Puede parecer exagerado pero estoy en condiciones de afirmar que no lo es. Muchos de mis amigos del barrio, gente corriente, no más torpe ni más inculta que otros millones de españoles, confunden no sólo a los tipos de personal que pueden encontrar en la Administración (por supuesto que no distinguen entre quiénes han accedido legalmente y quiénes no), sino que llegan a confundir las distintas Instituciones del Estado a las que aquellos pueden pertenecer. Tanto es así, que la división de poderes no constituye para ellos tal división. Incluso la ordenación administrativa territorial se difumina y mezcla. Un diputado del Congreso, una senadora, el guardia civil de tráfico, un ministro, la enfermera del ambulatorio, un presidente autonómico, la concejal, el inspector de Hacienda, el examinador de tráfico o el alcalde forman todos parte de un magma difuso y amorfo que rara vez ofrece un servicio eficaz, que anda siempre presto a sacarte los cuartos en forma de impuestos, y que, para simplificar, llamamos sencillamente “el Gobierno”.

Y siendo esto así, yo me pregunto: ¿Cómo? ¿Cómo convencemos a mis amigos y a muchísimas personas más de que lo que la Junta está llevando a cabo con el empleo y los empleados públicos puede ser legal, pues deriva de la aplicación de una norma con rango de ley, pero no es ni lícito, ni constitucional? ¿Cómo les explicamos que el enchufismo (ajeno a la mayoría de los funcionarios) era una práctica habitual, pero relativamente encubierta, y que con la nueva disposición queda legitimizado? ¿Cómo decirles que con la vieja Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Decreto (¡anda, por Decreto también!) durante un régimen dictatorial, el ciudadano podía llegar a tener una mayor garantía de imparcialidad que en la actualidad? ¿Cómo les cuentas que tú te has estado rompiendo los cuernos estudiando durante años (sí, aquellos años en que les contestabas que no podías ir a ver el partido de Champions, que no salías el fin de semana, que no te tomabas esa cerveza), no sólo para tener un trabajo estable, sino también para garantizarle a ellos que no seguirás a pies juntillas lo que te ordene el politicucho de turno? ¿Cómo?

Sinceramente, no tengo ni la menor idea. Pero, a falta de algo mejor -y si no lo remedia un camión, las anginas, una gastroenteritis o cualquier otro contratiempo-, lo intentaré con pancartas.

Funcionarios andaluces, al margen de UGT y CCOO, se querellan contra Griñán por prevaricación


El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, se ha querellado por prevaricación contra Griñán y sus trece consejeros por «abusar» de su cargo y aprobar un decreto-ley para «colar por la puerta de atrás a todo el personal no funcionario que, sin oposición, concurso o competencia presta sus servicios» en el entramado de empresas públicas, fundaciones y otros entes de la conocida como «administración paralela» de la Junta. La querella ha sido interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No es la primera vez que SAFJA toma las riendas del conflicto contra la reordenación al margen de CCOO y UGT que aspiran a que se les tenga en cuenta en la reordenación ya que tiene muchos afiliados en las empresas públicas y fundaciones afectadas. En Egmasa, po ejemplo, El País informó de que el nivel de afiliación a UGT era del 80 por ciento, lo que da una idea del interés que tiene para la UGT que los "enchufados" en la Junta no sufran perjuicios.

SAFJA cree que se ha podido cometer un delito de prevaricación regulado en los artículos 404 y 405 del Código Penal, que hacen referencia a «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo» o «propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello». El intento de integración en la función pública de los más de 20.000 trabajadores de los entes instrumentales de la Junta es, dice la querella, «un nombramiento masivo de personas en las que no se dan los requisitos mínimos contemplados en la legislación aplicable, dado que su acceso no se ha realizado bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, consagrados en el artículo 23.2 de la Constitución». O sea, que se ha podido prevaricar.

Además, se apunta a la alevosía de Griñán y sus consejeros por aprobar en «plena canícula veraniega» el Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público, que «vulnera los más elementales derechos fundamentales, quebrando, entre otros, el principio de igualdad en el acceso a la función pública». Y sigue diciendo que Griñán y sus consejeros eran «plenamente conscientes de sus actos» y con un «propósito claro y determinado, en orden a conculcar las más elementales normas de justicia y equidad», aprobaron el decreto-ley para «recolocar» a los trabajadores de la administración paralela, «revistiéndolos con el carácter de funcionarios públicos y por tanto ejerciendo potestades solamente reservadas a éstos», recoge la querella.

Añaden que la forma de aprobarse la norma indica premeditación ya que se evitó toda discusión parlamentaria sobre su fondo por haberse aprobado de manera casi instantánea sin trámite parlamentario.
La existencia "de las numerosas sentencias» que han condenado a la Administración por utilizar su entramado de empresas públicas parece ir en la línea de la abundancia en la prevaricación. «Entendemos que la arbitrariedad o la situación injusta se ha producido» y que el gobierno andaluz «ha actuado abusivamente dentro de sus competencias, ya que prevaricar es aplicar el Derecho contrariando su sentido, finalidad y alcance», añade la querella.

Más amenazas y coacciones

Pedro Ruiz, portavoz de la 'Asociación defiendo mi derecho y la gestión pública', formada por personal laboral y funcionarios de la Junta al margen de los sindicatos, explicó a El Mundo que en la Consejería de Medio Ambiente, en la que él trabaja, se han dado instrucciones a los trabajadores para que tengan «mucho cuidado con los papeles que puedan salir de la mesa». Esta advertencia iba dirigida a los trabajadores que gestionan asuntos económicos dentro de la Consejería, lo que da idea de «la preocupación» de los altos cargos. «Están metiendo miedo a los funcionarios porque están preocupados de que los cocineros digan cómo se cocina», señaló Ruiz.

Las amenazas más o menos claras se están extendiendo por todas las provincias. En la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Córdoba se está haciendo un «seguimiento estricto», según Ruiz, de los empleados públicos que participan en las concentraciones que, de manera espontánea, se están repitiendo a la hora del desayuno para expresar el rechazo al decreto ley de reordenación del sector público.

En la Delegación Provincial de Málaga, están poniendo todo tipo de «trabas» para evitar que los trabajadores convoquen asambleas y se reúnan para discutir sobre este asunto. En un escrito remitido a los funcionarios, advierten que la asamblea se podrá autorizar o no en función «de las necesidades del servicio», a pesar de que nunca se había exigido esto, según explicó el portavoz de la asociación.

La semana pasada, como contó Libertad Digital, durante el encierro en la Consejería de Agricultura, también se hizo un exhaustivo seguimiento de las personas que protestaron y de quienes fueron a apoyarlos. Una alto cargo llegó a advertirles que estaban incurriendo en una «falta disciplinaria muy grave», por salir del recinto de la Consejería de Agricultura por la zona del aparcamiento, en vez de por los tornos que hay en la entrada. Y hubo cámaras.

En la Agencia del Agua en Jaén intentaron evitarle a Griñán el abucheo de la semana pasada, negando permisos a los funcionarios, aunque luego dieron marcha atrás y autorizaron los días solicitados.

El nerviosismo dentro de la Junta de Andalucía crece a la vez que se intensifican las protestas de los empleados públicos contra el decreto de reordenación del sector público que prevé hacer fijos a unos 20.000 trabajadores del entramados de empresas públicas, muchos de ellos «enchufados del PSOE».

Diversos altos cargos y puestos intermedios de la Junta están intimidando y presionando a los funcionarios que trabajan a sus órdenes para rebajar la intensidad de las protestas y también para evitar que pueda salir a la luz cualquier documento comprometedor sobre cómo se gasta el dinero público.

SAFJA, otro motor de la oposición a la Junta

Recordemos que SAFJA está llevando a cabo muchas acciones legales posibles, y desde todas las vías, contra el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz. Actualmente, el Defensor del Pueblo está estudiando su solicitud, presentada en un escrito el pasado 12 de agosto de 2010 a través del Defensor del Pueblo Andaluz, de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público. Este escrito se presentó tras una reunión mantenida con el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Francisco Gutiérrez Rodríguez, que apoyó nuestra propuesta y que recientemente ha afirmado públicamente que algunas disposiciones de la reforma que plantea el Gobierno andaluz, en el Decretazo, son inconstitucionales. Gutiérrez reconoce que en la junta de coordinación pidió que "de manera clara se instara por parte de la Defensoría andaluza la intervención del Defensor del Pueblo nacional".

A mediados de octubre SAFJA llevó ante los Tribunales a la primera sociedad mercantil del sector público andaluz interponiendo un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Acuerdo de 27 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizaba la creación de la sociedad mercantil del sector público andaluz "Empresa pública para la gestión de turismo y del deporte de Andalucía S.A." mediante la fusión de las entidades "Turismo andaluz S.A." y "Empresa Pública de deporte andaluz S.A." (Ver recurso) (Ver en prensa).

Ya consiguieron en agosto que el PP se sumara al recurso ante el Constitucional contra el Decreto-Ley de las Agencias. SAFJA se reunió con el Grupo Popular para pedirle que recurriera el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz y lograron que, efectivamente, el PP aceptara interponer el recurso, ya que por el número de diputados que tienen en las Cortes contaban con la legitimidad necesaria para hacerlo.

También ha interpuesto un recurso de alzada ante la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y ante su Consejera, contra la Resolución, de la Secretaria General Técnica, que publicita tres encomiendas de gestión para dos de las fundaciones integrantes de la "Administración Paralela" ("Promoción y difusión del libro blanco y de las políticas del envejecimiento activo en Andalucía" a FASS, y de "Apoyo a la creación de empresas de inserción social de colectivos en riesgo de exclusión social" y "Medidas para favorecer la integración social y laboral de las personas con discapacidad" a FADAIS).


http://www.porandalucialibre.es/actualidad/actualidad-general/1401-reordenacion.html

La Junta achaca las protestas a la «desinformación» de funcionarios y empleados

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, admitió ayer la posibilidad de modificar algunos "flecos" del decreto-ley

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha achacado hoy a la "desinformación" de empleados públicos y funcionarios las crecientes protestas de estos colectivos, que están reclamando la retirada y modificación del decreto-ley que reordena el sector.

Tras la celebración del Consejo de Gobierno, la consejera, que ayer admitió la posibilidad de modificar algunos "flecos" del decreto-ley, no ha dudado en atribuir las movilizaciones a la "desinformación" de los empleados públicos. "Hay mesas de negociación abiertas y estamos intentando resolver la situación. Siempre nos hemos entendido con los trabajadores y lo seguiremos haciendo", ha pronosticado.

Respecto a las declaraciones del presidente de Mango y nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, que ha pedido al Gobierno que aplique a los nuevos funcionarios una retribución variable y una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la de la empresa privada, Martínez Aguayo las ha rechazado y la ha enmarcado en posiciones "conservadoras".

Después de lamentar la intencionalidad de esas palabras, la consejera ha acusado al presidente de la empresa textil de defender la "destrucción" del empleo público, estrategia que ha comparado con la que está aplicando el Gobierno conservador de Gran Bretaña y con la "voluntad que está visualizando el PP".

En términos parecidos se ha expresado Mar Moreno, consejera de la Presidencia, a propósito de la querella presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en el TSJA contra el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y sus trece consejeros por "abusos" en relación al decreto-ley del sector público. "La intencionalidad política de la querella es evidente y forma parte del ruido, la desinformación y el ataque al sector público que lidera el PP", ha denunciado.

http://www.abcdesevilla.es/20101026/andalucia/junta-achaca-protestas-desinformacion-201010261531.html

Anda que como bok pille a Griñán por banda.

para esto no está la María Gámez haciendose la foto no???

Sevilla- El candidato del PSOE y futuro senador, Juan Espadas, confiaba ayer en exponer con tranquilidad sus ideas para implementar la participación social, pero una enérgica protesta de funcionarios de la Junta de Andalucía ante el Club Antares eclipsó su presentación.
Los empleados públicos convocados por la asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública convirtieron al alcaldable del PSOE en la diana de sus movilizaciones contra la reordenación laboral en la Junta recién aprobada por decreto. Varios centenares de trabajadores se apostaron ante la institución para «recibir» con abucheos a Juan Espadas, pero sólo pudieron hacerlo «en directo» con el secretario provincial socialista, José Antonio Viera, y controlados por un nutrido grupo de policías nacionales, que informaron a los presentes de que pueden ser multados por participar en una manifestación no autorizada.
A su llegada, el candidato logró eludir a los manifestantes entrando en el recinto por una puerta trasera. En la tribuna de oradores, apostó por aplicar «fórmulas consultivas y participativas» para lograr un «gobierno abierto» que integre «la opinión de los ciudadanos». A la salida, logró de nuevo esquivar a los manifestantes alargando el acto hasta bien pasadas las 21 horas y jugando al despiste sobre qué puerta utilizaría.

Desde el PP-A, sin embargo, las posiciones coinciden con las planteadas por los funcionarios. Así, su secretario general, Antonio Sanz, considera que el objetivo del decreto es colocar en la Junta de Andalucía «una administración política en condiciones que son incompatibles con la ley», en un intento «impropio de un sistema democrático y que por ello debe desaparecer».
En consecuencia con este planteamiento, Sanz y la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, presentarán hoy en la sede del Tribunal Constitucional un recurso contra este decreto. Entre las argumentaciones del recurso, según el dirigente popular, está que el decreto vulnera el derecho a acceder, ejercer y permanecer en las funciones y los cargos públicos en condiciones de igualdad.

Soraya Sáenz de Santamaría, dice presentarán hoy en la sede del Tribunal Constitucional un recurso contra este decreto y Mariano Rajoy dice Tenemos una Administración excesiva y Promete liberalizar aeropuertos y trenes.

algo no cuadra.

Andalucía es equiparable a Zimbawe o Timor oriental.

Ya ha superado a Sri Lanka y Eslovenia en paro.

13 de Noviembre MANIFESTACIÓN EN SEVILLA.

La union hace la fuerza, al final iran 4 gatos.

El Gobierno recorta de nuevo el sueldo a los funcionarios en 2011
LO OCULTA EN LOS PRESUPUESTOS
El Gobierno recorta de nuevo el sueldo a los funcionarios en 2011Los Presupuestos contienen una ingrata sorpresa para los funcionarios. El Gobierno recorta otra vez los sueldos públicos respecto a 2010, al extender la rebaja en la extra de diciembre a las dos pagas extra de 2011. Además, deja la puerta abierta a nuevos recortes salariales.

A lo largo de las últimas semanas, un creciente temor se había extendido entre las plantillas de las administraciones públicas: el miedo a un nuevo recorte de sueldos en 2011, más allá del aplicado en el presente ejercicio (un 5% de media). Y no les faltaba razón, a la vista de lo que establece el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011.

El texto esconde un recorte adicional de los sueldos públicos para el próximo ejercicio. Se trata de una rebaja sutil, y ha sido ocultada deliberadamente por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero, según denuncian fuentes del funcionariado.

El pasado mayo, el Gobierno aprobó un Real Decreto que establece un recorte medio del 5% interanual en los sueldos públicos de 2010, al tiempo que se comprometía a "congelar" tales retribuciones en 2011. Sin embargo, los PGE del próximo ejercicio, aprobados por el Congreso, desmienten tal promesa.

El texto incluye un particular truco para aplicar una rebaja adicional. A partir del pasado junio, los empleados públicos cobran de media un 5% menos en sus nóminas, al tiempo que sufrirán una rebaja sustancial en la paga extra del próximo diciembre -de hasta el 46% para los funcionarios del máximo nivel (A1)- con el fin de compensar a la baja las retribiciones percibidas hasta mayo. De este modo, el recorte medio será del 5% en el conjunto del año.

Hasta aquí todo correcto. El problema, sin embargo, reside en que el recorte de la paga extra de diciembre se mantendrá intacto en las dos extras de 2011 (junio y diciembre) con lo que, en realidad, los funcionarios cobrarán menos que en 2010. Es decir, el próximo año los funcionarios seguirán cobrando de media un 5% menos en su sueldo mensual respecto a 2009, pero se verán afectados por un recorte adicional en la paga extra de junio, de modo que verán mermada su retribución anual respecto a 2010.

La clave reside en el artículo 26 de los PGE:

Las pagas extraordinarias, que serán dos al año [...] Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 22.Seis.2 de esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba.

¿Y qué dice el artículo 22.Seis.2?

Los funcionarios percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2011, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes cuantías:

Pagas extras de junio y diciembre de 2011



El Real Decreto de mayo mantiene intacta la extra de junio de 2010, pero recorta sustancialmente la de diciembre. El Gobierno extiende ahora dicho recorte a la extra de junio y diciembre del próximo año, aplicando así un recorte adicional a los empleados públicos en 2011.

Paga extra de diciembre de 2010



Paga extra de junio de 2010



Recorte de entre el 1% y el 2%

Todo ello se traducirá en un recorte adicional de sueldos de entre el 1% y el 2% respecto a 2010, según las primeras estimaciones realizadas por la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). De este modo, los altos funcionarios vienen a confirmar la denuncia que realizó el Sector Nacional de Enseñanza (CSI-F) el pasado 4 de octubre, en donde ya se avanzaba esta trampa, ocultada por el Ejecutivo, para recortar aún más los sueldos públicos.

"Pensábamos que la paga extraordinaria de diciembre 2010 estaba afectada al trasladar los recortes de todo el año lo que no se había descontado durante los cinco primeros meses. Pero, de eso, nada de nada", denunciaba entonces este sindicato. "Las pagas extraordinarias de junio y diciembre de 2011 van a sufrir profundos recortes que van a ahondar más en la enorme brecha que este Gobierno está produciendo en nuestros salarios".

Se confirman así las dudas que existían en el sector desde el tijeratazo de mayo. "Ya nos temíamos nuevos recortes cuando reunieron a la Mesa de la Función Pública y se negaron a explicarnos qué pasaría en 2011 con las pagas extras, aludiendo que lo veríamos cuando se aprobara el Proyecto de Ley [Presupuestos]. Hoy comprobamos con verdadero estupor que nuestros sueldos van a sufrir un nuevo recorte". Para el CSI-F es un hecho "doblemente grave porque supone un nuevo incumplimiento de la legislación vigente, lo que demuestra una vez más la desconsideración de la que somos objeto últimamente los funcionarios por este Gobierno", añadía.

No se descartan nuevas rebajas

Por otro lado, según señala a Libertad Digital el portavoz de Fedeca, Rafael Coloma, los Presupuestos no contemplan, en ningún caso, "congelación de salarios" para 2011. Y es que, el apartado relativo al gasto de personal señala, explícitamente, que los sueldos públicos "no experimentarán incrementos" respecto a 2010. Es decir, el Gobierno tan sólo dice que no subirán, con lo que "deja la puerta abierta a recortes adicionales a los ya aprobados el pasado mayo". Ante tales hechos, no es de extrañar la incertidumbre y el temor que se ha extendido entre los empleados de la Administración Pública.

En diciembre de 2009, y a la vista de lo que estaba ocurriendo en otros países azotados por la crisis, ya se veía venir un recorte salarial para los empleados públicos, tal y como avanzó LD. Ahora, el Gobierno vuelve a recortar sueldos en 2011 y, de hecho, no descarta rebajas adicionales, ya que tan sólo se limita a establecer que las retribuciones no subirán.