La promotora tiene unas 400 viviendas sin vender en la provincia, a las que se suman los mil chalés en proyecto de Colinas del Limonar
Es la segunda mayor suspensión de pagos protagonizada por una empresa andaluza, después de la de Aifos. Y aunque el concurso de acreedores de Noriega está siendo tramitado por el juzgado de lo mercantil de Córdoba, buena parte de sus afectados son malagueños. La compañía, que lleva muchos años asentada en la Costa del Sol, tiene alrededor de 400 viviendas sin vender en Torremolinos y Manilva, a las que habría que añadir los mil chalés de lujo que tiene en proyecto en Málaga capital (Colinas del Limonar). Más de 250 pymes y autónomos de la provincia se cuentan entre sus acreedores sumando un pasivo de 16 millones de euros, según confirmó ayer Francisco Real, portavoz de la Plataforma de Impagados de Noriega, que agrupa a más de 800 proveedores y contratistas de la compañía en toda España.
El concurso, declarado el martes por el juzgado mercantil de Córdoba, afecta a cinco sociedades del Grupo Sánchez-Ramade: Noriega S.L., Noriega Edificación y Obra Civil S.L., Noriega de Arrendamientos S.L., Colombina de Arrendamientos Urbanos S.L. y Andaluza de Gestión de Arrendamientos S.L. Entre todas suman una deuda de 1.162 millones de euros,siendo la banca el principal acreedor. El proceso es de carácter voluntario, por lo que los propietarios conservan el control de la empresa, aunque bajo intervención de los administradores judiciales.
Los afectados, que ya estaban organizándose desde antes de la declaración del concurso, han empezado a tomar posiciones ante la nueva situación. Así, la Plataforma de Impagados de Noriega ha convocado una asamblea el próximo martes 16 para decidir si emprenden movilizaciones y organizar su representación jurídica en el concurso.
Plazo de un mes
Los perjudicados por la crisis de Noriega deben moverse rápidamente. El martes arrancó el plazo de un mes durante el cual los acreedores de la empresa -sean proveedores, contratistas o clientes que han pagado cantidades a cuenta por viviendas sobre plano- deben poner en conocimiento del juzgado las cantidades que reclaman. Si no lo hacen, se arriesgan a no cobrar sus deudas.
El abogado Dimas Cuesta, que representa a otro grupo de afectados, aseguró ayer a este periódico que teniendo en cuenta el tamaño de la deuda, «se puede estar hablando de unos 500 o 600 compradores de pisos sobre plano». La asociación de consumidores Facua recomienda a los afectados que tienen pendiente la entrega de viviendas que requieran a Noriega información sobre las entidades que avalan el dinero entregado a cuenta. La promotora está obligada a que dichas cantidades estén avaladas por entidades financieras o aseguradoras y, en caso de que los inmuebles no sean entregados, los usuarios tienen derecho a recuperar todo su dinero.
Noriega es el corazón del grupo empresarial de la familia Sánchez-Ramade. Pero esta saga controla además negocios tan diversos como los multicines Cinesur, las tiendas de electrodomésticos Urende, las firmas tecnológicas Diasa y Diasoft y una treintena de concesionarios, entre los que se encuentran los malagueños Imsa y Mavesa. Estas actividades permanecen ajenas al proceso concursal de la constructora.
Es la segunda mayor suspensión de pagos protagonizada por una empresa andaluza, después de la de Aifos. Y aunque el concurso de acreedores de Noriega está siendo tramitado por el juzgado de lo mercantil de Córdoba, buena parte de sus afectados son malagueños. La compañía, que lleva muchos años asentada en la Costa del Sol, tiene alrededor de 400 viviendas sin vender en Torremolinos y Manilva, a las que habría que añadir los mil chalés de lujo que tiene en proyecto en Málaga capital (Colinas del Limonar). Más de 250 pymes y autónomos de la provincia se cuentan entre sus acreedores sumando un pasivo de 16 millones de euros, según confirmó ayer Francisco Real, portavoz de la Plataforma de Impagados de Noriega, que agrupa a más de 800 proveedores y contratistas de la compañía en toda España.
El concurso, declarado el martes por el juzgado mercantil de Córdoba, afecta a cinco sociedades del Grupo Sánchez-Ramade: Noriega S.L., Noriega Edificación y Obra Civil S.L., Noriega de Arrendamientos S.L., Colombina de Arrendamientos Urbanos S.L. y Andaluza de Gestión de Arrendamientos S.L. Entre todas suman una deuda de 1.162 millones de euros,siendo la banca el principal acreedor. El proceso es de carácter voluntario, por lo que los propietarios conservan el control de la empresa, aunque bajo intervención de los administradores judiciales.
Los afectados, que ya estaban organizándose desde antes de la declaración del concurso, han empezado a tomar posiciones ante la nueva situación. Así, la Plataforma de Impagados de Noriega ha convocado una asamblea el próximo martes 16 para decidir si emprenden movilizaciones y organizar su representación jurídica en el concurso.
Plazo de un mes
Los perjudicados por la crisis de Noriega deben moverse rápidamente. El martes arrancó el plazo de un mes durante el cual los acreedores de la empresa -sean proveedores, contratistas o clientes que han pagado cantidades a cuenta por viviendas sobre plano- deben poner en conocimiento del juzgado las cantidades que reclaman. Si no lo hacen, se arriesgan a no cobrar sus deudas.
El abogado Dimas Cuesta, que representa a otro grupo de afectados, aseguró ayer a este periódico que teniendo en cuenta el tamaño de la deuda, «se puede estar hablando de unos 500 o 600 compradores de pisos sobre plano». La asociación de consumidores Facua recomienda a los afectados que tienen pendiente la entrega de viviendas que requieran a Noriega información sobre las entidades que avalan el dinero entregado a cuenta. La promotora está obligada a que dichas cantidades estén avaladas por entidades financieras o aseguradoras y, en caso de que los inmuebles no sean entregados, los usuarios tienen derecho a recuperar todo su dinero.
Noriega es el corazón del grupo empresarial de la familia Sánchez-Ramade. Pero esta saga controla además negocios tan diversos como los multicines Cinesur, las tiendas de electrodomésticos Urende, las firmas tecnológicas Diasa y Diasoft y una treintena de concesionarios, entre los que se encuentran los malagueños Imsa y Mavesa. Estas actividades permanecen ajenas al proceso concursal de la constructora.