Los colegios están obligados a suministrar esta información a las familias que la pidan siempre que se comprometan a no revelarla. Las principales trampas en el proceso de escolarización se siguen detectando al presentar empadronamientos falsos para lograr plaza en los centros más demandados
Cada vez que se desarrolla el proceso de escolarización se descubre, o al menos se tienen indicios, de la existencia de fraudes en los datos de las familias. Es el intento desesperado de muchos padres por lograr una plaza en el colegio deseado, que suelen ser los más demandados y donde se quedan más aspirantes en lista de espera por si se producen vacantes. La historia se repite año tras año. Para garantizar, en la medida de lo posible, la transparencia del proceso, los centros están obligados a facilitar a las familias los datos personales de otros niños cuando existan sospechas de que se han cometido trampas en la información facilitada para obtener más puntos en la baremación.
La Agencia de Protección de Datos reconoce el derecho de estas familias, a las que considera parte interesada en este procedimiento, que es público. Por ello, la dirección del colegio está obligada a facilitar esta información a los padres que la soliciten, siempre y cuando se comprometan a no revelarla. Sin embargo, existe la creencia generalizada de que se trata de documentos restringidos, por ser datos privados.
El jefe del servicio de Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación, José Antonio Guerrero, recuerda que el factor determinante para obtener un pupitre en uno u otro centro es la cercanía del domicilio familiar o laboral de los padres (aunque el nuevo decreto 47/2010, de 23 de febrero, favorece la integración de los hermanos en el mismo colegio). Por este motivo, mentir en el padrón es la principal artimaña que se utiliza a la hora de mentir para pedir una plaza escolar, sobre todo si se trata en un centro concertado, por razones de prestigio o porque en ellos estudiaron los padres y quieren que sus hijos sean herederos de la misma educación.
Trucos
Esta no es la única artimaña. Guerrero dice que también se han detectado trampas por presentar informes médicos falsificados para fingir minusvalías o enfermedades crónicas de los niños o sus padres, que en realidad no existen. «Falsificar los datos de la declaración de la Renta es prácticamente imposible, porque los datos se cruzan directamente con la Agencia Tributaria», precisa. El inspector jefe de la Delegación malagueña asegura que la inmensa mayoría de las reclamaciones se resuelven en el propio centro y que son muy pocas las que llegan a su departamento. ¿Qué ocurre si se descubre el fraude? Que el niño pierde los puntos y, por tanto, el derecho a ocupar esa plaza. Pero sólo eso. No existe ninguna otra sanción. Es probable que, ante tal situación de impunidad, año tras año siga habiendo familias que tratan de burlar la legislación. No obstante, el pasado mes de abril, recién llegado a su cargo, el consejero de Educación de la Junta, Francisco Álvarez de la Chica, anunció que la Consejería tenía la intención de que la Fiscalía Superior de Andalucía otorgara calificación de «delito» a los posibles fraudes que se produzcan durante el proceso de escolarización. Pero por el momento, sólo parece que es una intención.
La Federación Democrática de Padres (Fedapa), por su parte, hace hincapié en que es necesario extremar el cuidado con toda esta documentación que se entrega a las familias que reclaman, dado que los datos que se presentan en la preinscripción escolar abarcan información económica, sanitaria (en el caso de las minusvalías) y familiar. Sin embargo, también se muestran a favor de que la legislación permita hacer uso de esta información cuando existan indicios de fraude, ya que «quien hace trampas está expuesto a estas cosas», señalaron las fuentes.
Cada vez que se desarrolla el proceso de escolarización se descubre, o al menos se tienen indicios, de la existencia de fraudes en los datos de las familias. Es el intento desesperado de muchos padres por lograr una plaza en el colegio deseado, que suelen ser los más demandados y donde se quedan más aspirantes en lista de espera por si se producen vacantes. La historia se repite año tras año. Para garantizar, en la medida de lo posible, la transparencia del proceso, los centros están obligados a facilitar a las familias los datos personales de otros niños cuando existan sospechas de que se han cometido trampas en la información facilitada para obtener más puntos en la baremación.
La Agencia de Protección de Datos reconoce el derecho de estas familias, a las que considera parte interesada en este procedimiento, que es público. Por ello, la dirección del colegio está obligada a facilitar esta información a los padres que la soliciten, siempre y cuando se comprometan a no revelarla. Sin embargo, existe la creencia generalizada de que se trata de documentos restringidos, por ser datos privados.
El jefe del servicio de Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación, José Antonio Guerrero, recuerda que el factor determinante para obtener un pupitre en uno u otro centro es la cercanía del domicilio familiar o laboral de los padres (aunque el nuevo decreto 47/2010, de 23 de febrero, favorece la integración de los hermanos en el mismo colegio). Por este motivo, mentir en el padrón es la principal artimaña que se utiliza a la hora de mentir para pedir una plaza escolar, sobre todo si se trata en un centro concertado, por razones de prestigio o porque en ellos estudiaron los padres y quieren que sus hijos sean herederos de la misma educación.
Trucos
Esta no es la única artimaña. Guerrero dice que también se han detectado trampas por presentar informes médicos falsificados para fingir minusvalías o enfermedades crónicas de los niños o sus padres, que en realidad no existen. «Falsificar los datos de la declaración de la Renta es prácticamente imposible, porque los datos se cruzan directamente con la Agencia Tributaria», precisa. El inspector jefe de la Delegación malagueña asegura que la inmensa mayoría de las reclamaciones se resuelven en el propio centro y que son muy pocas las que llegan a su departamento. ¿Qué ocurre si se descubre el fraude? Que el niño pierde los puntos y, por tanto, el derecho a ocupar esa plaza. Pero sólo eso. No existe ninguna otra sanción. Es probable que, ante tal situación de impunidad, año tras año siga habiendo familias que tratan de burlar la legislación. No obstante, el pasado mes de abril, recién llegado a su cargo, el consejero de Educación de la Junta, Francisco Álvarez de la Chica, anunció que la Consejería tenía la intención de que la Fiscalía Superior de Andalucía otorgara calificación de «delito» a los posibles fraudes que se produzcan durante el proceso de escolarización. Pero por el momento, sólo parece que es una intención.
La Federación Democrática de Padres (Fedapa), por su parte, hace hincapié en que es necesario extremar el cuidado con toda esta documentación que se entrega a las familias que reclaman, dado que los datos que se presentan en la preinscripción escolar abarcan información económica, sanitaria (en el caso de las minusvalías) y familiar. Sin embargo, también se muestran a favor de que la legislación permita hacer uso de esta información cuando existan indicios de fraude, ya que «quien hace trampas está expuesto a estas cosas», señalaron las fuentes.