El presidente del Gobierno anuncia una reforma de la Ley de Cajas y un plan contra el fraude fiscal y la economía sumergida

El Gobierno se ha decidido a tomar el toro de la reforma laboral por los cuernos, aunque sea con un abanico de propuestas que deja la definición al diálogo social. El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado en el Congreso que convocará a sindicatos y patronal en el primer trimestre de 2010 para revisar varios aspectos del mercado de trabajo. Rodríguez Zapatero asumió la iniciativa ante el atasco evidente de la negociación entre los agentes sociales, pero, de nuevo, fue mucho más claro cuando enunció lo que no entrará en el debate: "una reforma laboral centrada en exigir un determinado tipo contractual, una reducción de las indemnizaciones por despido o la exclusión de los conflictos laborales del control judicial. Ese, señorías, no es nuestro camino".

En su discurso, que tenía por objeto explicar el proyecto de ley de Economía Sostenible, Zapatero anunció otro paquete de normas para los próximos meses, una mezcla de reformas anunciadas y nuevas iniciativas. Entre lo previsto, destaca que el Gobierno aprobará este mes la reforma del sistema judicial. Entre las novedades, Zapatero añadió la formulación de un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida (a principios de 2010) y el desarrollo de un plan de competitividad industrial. Además, enunció el compromiso de acabar en la primera mitad de 2010 la reestructuración del sector financiero, con el uso del fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB). Y abrir entonces el debate sobre la reforma de la Ley de Cajas.

El mensaje de Zapatero sobre el mercado laboral tuvo un destinatario, la patronal, y augura un camino plagado de las dificultades. La CEOE insiste en que se debe crear un nuevo contrato indefinido, que ha bautizado como contrato de crisis, que recoja una indemnización por despido sensiblemente menor, para fomentar el empleo fijo. Una posición que choca de forma frontal con lo expuesto en el Congreso por el presidente del Gobierno. "Somos partidarios de regular las indemnizaciones millonarias a los ejecutivos y sus ventajas fiscales, como hace esta ley, no de debilitar a los trabajadores con medidas que no crean empleo, sólo facilitan el despido", advirtió el presidente. Entre las propuestas de Zapatero para debatir una nueva reforma laboral prima la ambigüedad para dar espacio al diálogo social. Se insta a revisar las bonificaciones a la contratación, a tomar medidas para evitar la dualidad entre empleos temporales y fijos (sin precisar cuáles), a favorecer la flexibilidad interna en las empresas mediante la negociación colectiva o a incentivar la reducción de jornada (tampoco precisa si emulando la normativa alemana o eliminando condiciones en los expedientes de regulación de empleo).

"El Gobierno no es mero espectador de los problemas del mercado laboral, ejercemos la iniciativa que nos corresponde", adujo Zapatero, quien también anunció propuestas más genéricas aún para reformar el sistema de pensiones. "Sí son meros espectadores", afirmó el líder del PP, Mariano Rajoy, en su turno de réplica, que echo en cara al dirigente socialista haber tardado "dos años" en plantear una reforma, que tachó de vacía. Rajoy criticó que se desarrolle una estrategia de economía sostenible sin aprobar antes medidas efectivas contra el paro. Y tildó el proyecto de ley que defendió Zapatero como "un rótulo luminoso para un solar vacío". El dirigente socialista contraatacó con un reproche al PP por su empeño en elevar la desgravación fiscal por compra de vivienda, que el PSOE propone eliminar en 2011. "Esa dinámica nos lleva de nuevo a la burbuja inmobiliaria", recalcó el presidente, quien recordó que "más de la mitad de los empleos destruidos en el último año y medio corresponden al sector de la construcción".

El extenso turno de contrarréplica de Zapatero fue una defensa cerrada del proyecto de ley de Economía Sostenible, sin profundizar en las propuestas. Sí admitió que el pacto de Estado sobre la Energía, que está en discusión con los grupos parlamentarios "puede hacer cambiar" las posiciones sobre esta materia que plasma el proyecto de ley. Pero insistió en que le parece "razonable" que la vida útil de las centrales nucleares no supere los 40 años. Y se reafirmó en que no habrá financiación pública para nuevas centrales. En su respuesta al resto de grupos parlamentarios hubo sucesivas ofertas de diálogo para ganar su apoyo en la tramitación de la nueva norma.


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