Más de 40 artículos sufrirán tachas de inconstitucionalidad o serán reinterpretados - La mayoría conservadora del Constitucional se opone a los "símbolos nacionales"

El Tribunal Constitucional afronta la recta final de la sentencia del Estatuto de Cataluña entre fuertes divisiones internas y peticiones de dimisión. Mientras, en Cataluña cunde el nerviosismo por las consecuencias que una eventual sentencia adversa pueda tener sobre las elecciones autonómicas del otoño de 2010. La votación prospectiva del pleno del Constitucional del pasado día 12 dejó patente que una mayoría de seis magistrados frente a cuatro sigue encallada en su oposición a los "símbolos nacionales", en tanto que el término "nación" ha quedado en la práctica descartado en el último borrador de la ponencia. Un tercio de los preceptos impugnados por el PP se verá afectado, siempre según las fuentes consultadas.

Las tres sesiones plenarias celebradas esta semana, con nuevas votaciones prospectivas sobre aspectos puntuales del título preliminar, han mantenido las posiciones de todos. No obstante, no ha habido renuncia ni cambio de ponente, por lo que la magistrada encargada de la redacción de la sentencia, Elisa Pérez Vera, ha salido con nuevas instrucciones para la reunión del pleno del próximo jueves.

Tras las deliberaciones de los últimos meses, la opinión generalizada es que el enunciado del término "nación" se caerá del Preámbulo del Estatuto, salvo si hay un cambio excepcional de última hora. De hecho, ni siquiera se debate sobre él en las últimas prospecciones, que se centran en los aspectos más polémicos del Título Preliminar y singularmente, en torno a los derechos nacionales de Cataluña. Las votaciones prospectivas han dejado claro que el magistrado del bloque progresista Manuel Aragón Reyes sigue sin aceptar los principales símbolos identitarios, lo que aboca a buscar nuevas fórmulas que permitan consensuar una mayoría que salve del Estatuto todo lo posible.

Desde el pasado verano hay constancia del encallamiento del Tribunal en dos bloques, que dejan en minoría a cuatro magistrados del sector progresista encabezados por la presidenta María Emilia Casas, junto a la ponente Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay. Del otro lado, a los conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas a los que se suman, en una posición intermedia, Manuel Aragón y el vicepresidente Guillermo Jiménez.

Los bloques progresista y conservador, siempre según las fuentes consultadas, tampoco son homogéneos entre ellos y en cada uno se mantienen posiciones más o menos inamovibles. Así que, vista la actual situación, expertos constitucionalistas creen que ahora de debería intentar conformar una nueva relación de fuerzas, desplazando hacia el centro a dos progresistas y a otros dos conservadores y conformando una nueva mayoría de seis a cuatro integrada por tres magistrados de cada bloque: la presidenta María Emilia Casas, que lideraría el acercamiento; la ponente Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón de un lado, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas del otro.

Quedarían fuera, en principio, los más proclives a la constitucionalidad el Estatut, el catalán Eugeni Gay y el magistrado Pascual Sala, y del otro, el líder del sector conservador, Javier Delgado Barrio y el ultraconservador más irreductible de todo el tribunal, Jorge Rodríguez Zapata. No obstante, de llegarse a esa situación ideal, se confiaría en atraer finalmente a Sala y Delgado Barrio, apelando a su sentido institucional ya que ambos han sido presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial.

Esa hipotética mayoría sería la encargada de encontrar un mínimo común denominador en torno a los temas identitarios, que pasaría por desprenderse definitivamente del término "nación" tal como consta en el preámbulo, y tendría que aquilatar las cuestiones más polémicas del título preliminar. Podría admitir la bilateralidad del artículo tres pero los mayores problemas para pasar el listón los tendrían los "derechos históricos" del artículo cinco o los símbolos "nacionales" del artículo ocho, en cuanto podrían interpretarse como un "derecho a la nacionalidad" de los catalanes. La obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña del artículo seis sigue estando muy discutida.

En compensación, el Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias. Sería un Estatuto de "tercera generación", el más avanzado competencialmente de todos y que sería el modelo a aplicar a los demás.

Con todo, las fuentes consultadas señalan que alrededor de un tercio de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad del PP sufrirá tachas de inconstitucionalidad en algunos casos, y en su mayor parte habrán de ser interpretados en el sentido que declare la sentencia del Constitucional. Es decir, que alrededor de 40 artículos de los 126 preceptos impugnados por el PP podrían verse afectados. Los conservadores pretenden elevar esa cifra hasta la mitad de las impugnaciones, es decir, hasta unos 55 o 60 preceptos.

El capítulo relativo al Poder Judicial en Cataluña sigue como estaba en agosto. El PP impugnó la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial y por sus atribuciones. La mayoría entiende que el capítulo de la Justicia debe quedar regulado, con carácter general, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cambio, el capítulo de la financiación es el que podría concitar mayores acuerdos, al margen de algunos aspectos que puedan puntualizarse en la sentencia, aunque en las últimas deliberaciones el tema de la financiación apenas se ha mencionado.

Fuentes de los magistrados matizan sin embargo que el debate está "aún abierto" e incluso el término "nación" puede ser "reconsiderado", si bien no dejan de atribuir a Manuel Aragón la responsabilidad de lo que ha pasado por "hacer la guerra por su cuenta". De puertas hacia dentro muchos creen que la votación prospectiva del pasado día 12, impulsada por dos jueces del sector progresista y uno conservador, tuvo por objeto comprobar si Aragón, teóricamente adscrito al bloque progresista, mantendría sus posiciones llegado el momento de votar.

O si, por el contrario, un cambio de última hora decantaría junto al voto de Aragón el del vicepresidente Guillermo Jiménez, que ya en día se adhirió al bloque progresista para sacar adelante el Estatuto de Valencia. Siempre se había especulado con un cambio de última hora, dentro de una estrategia para asegurarse la presidencia tras la renovación del Tribunal. Un cambio que ahora parece difuminarse en el horizonte.


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