Los impagos de préstamos e hipotecas comienzan a arrastrar a padres que figuran como avalistas. Seis mil familias podrían perder sus pisos por deudas de sus vástagos

La crisis les afecta, como a todo el mundo, pero no pensaban que les golpearía tan de lleno por algo que se considera casi una obligación natural: ayudar a sus hijos. Lo hicieron hace dos o tres años, cuando las entidades financieras les exigían un aval para concederles la hipoteca o un préstamo para comprar un coche o hacer una reforma. Sus contratos, generalmente precarios, no eran suficiente garantía para el banco y sus padres se ofrecieron como fiadores.

Hoy, las consecuencias están resultando dramáticas para muchos de estos avalistas que, en algunos casos, han llegado a perder sus viviendas o están a punto de hacerlo porque sus hijos se han quedado en paro y no pueden asumir las cuotas. Arrastrados por las deudas de sus hijos, son sus progenitores, mayoritariamente pensionistas, los que terminan pagando el pato. Su vivienda, generalmente sin cargas, se convierte en el objetivo de las entidades financieras, que no dudan en cobrarse con ellas el importe que sus vástagos no han satisfecho.

Tasación

En las asociaciones de usuarios de banca ya han atendido alguno de estos casos en la provincia, «que van a más», según indica Alfredo Martínez, delegado de la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) en Málaga, que explica que la caída del precio de la vivienda hace que el valor de la finca no sea suficiente para pagar la deuda hipotecaria, por lo que las entidades «van a por los avalistas, que suelen ser los padres, que responden con todos los bienes, casa incluida».

Esta circunstancia, según explica Martínez, es exclusiva de esta crisis, ya que en las anteriores, como la de los 90, «la vivienda seguía valiendo mucho más que los préstamos que estaban sujetos a los inmuebles». Así, al dejar de pagar el crédito, «la casa se malvendía por más de la deuda pendiente».

Antes de llegar al extremo de perder la vivienda, lo habitual es que los propietarios del inmueble hipotecado vuelvan a casas de sus respectivos padres para ahorrarse los gastos de mantenimiento. «Siguen pagando el préstamo, pero llega un momento en el que no pueden hacerlo y es cuando los progenitores se hacen cargo de las cuotas», señala el responsable de Ausbanc.

Sin embargo, en muchos casos se trata de pensionistas que con su prestación tienen que mantener a sus hijos o nietos que han regresado al hogar. Cuando la economía no da más de sí, llegan los impagos y comienza a planear sobre ellos la sombra del embargo. En primer lugar, sobre la vivienda hipotecada y, después, sobre la del avalista, aunque cabe la posibilidad, según explica Martínez, de que el banco eluda el proceso de ejecución contra la casa hipotecada y «le reclame directamente a los fiadores el importe del préstamo pendiente, aunque no es lo habitual».

Para evitar la ejecución hipotecaria, la negociación con el banco o caja en cuestión se presenta como la mejor alternativa. Normalmente, los bancos «intentan llegar a una fórmula de pago porque lo que quieren es dinero». Pero no siempre funciona este último cartucho. Y la prueba de ello es que los casos de padres que están a punto de perder sus inmuebles es ya un fenómeno real. Cáritas puede dar fe de ello. Allí son testigos a diario de los efectos devastadores de la crisis y en la memoria de la responsable de Acción Social, Encarna Alonso, está grabada la historia de un malagueño que estaba a la espera de que su piso saliera a subasta por avalar a su hijo para la compra de su primera vivienda. «El hijo trabajaba en la construcción y perdió su empleo. Se fue a vivir con su padre, que tenía una pensión pequeña que no le permitía asumir las cuotas del préstamo», recuerda.

Aunque se trata de un fenómeno no muy numeroso en la actualidad, todo apunta a que irán en aumento los padres que tendrán que pagar con sus bienes la precaria situación económica de sus descendientes. En abril, un estudio encargado por la Diputación concluyó que 7.553 hogares jóvenes hipotecados de la provincia estaban convencidos de que no podrían hacer frente al pago del préstamo en los meses siguientes, por lo que podrían tener que devolver su vivienda al banco.

Hogares en riesgo

Según el delegado de Ausbanc, hoy habría que sumar otros mil casos más, y de estos, se podría estimar que alrededor del 80% habrían puesto a sus progenitores como avalistas al tratarse de personas con contratos precarios o en la construcción. Esto significa que más de 6.000 padres podrían perder su vivienda por impagos de sus hijos.

En este sentido, en Adicae también han atendido a numerosas parejas jóvenes que fueron avaladas por sus padres «y cuya propiedad está peligrando», como explica Mónica Reinaldo. «Muchos padres están asumiendo el pago de las cuotas de sus hijos, igual que los abuelos se hacen cargo de los nietos», dice.

La petición de préstamos personales para comprar un coche o hacer una reforma también se están convirtiendo en una auténtica pesadilla para algunos progenitores malagueños. En el despacho de Hortensia Laqué, letrada de Garrigues, ya han atendido a familias a las que el banco les requiere su casa ante la morosidad de algún hijo. En este caso son préstamos de 15.000 a 80.000 euros y, al tratarse generalmente de pensionistas, terminan perdiendo la casa «porque no tienen liquidez».


http://www.diariosur.es/20091109/malaga/pensionistas-malaguenos-ruina-hijos-20091109.html

Vamos bien

Eso si que es un problema para los mayores