Los teléfonos móviles que funcionan con tarjetas de prepago que no estén identificados ante sus operadoras serán desconectados el próximo lunes, pero los usuarios dispondrán de un periodo de otros seis meses para registrarse.
Así lo anunció este sábado en rueda de prensa el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras llegar a un acuerdo con las principales compañías de teléfonos móviles que operan en España: Telefónica, Vodafone y Orange.
Los usuarios a los que se les corte la línea el lunes recibirán un aviso de la operadora cada vez que intenten hacer una llamada. En este mensaje, se les advertirá de que deben contactar con la compañía para identificarse. La línea será dada de baja definitivamente si al pasar los seis meses el usuario no se ha registrado.
Rubalcaba calificó el acuerdo alcanzado con las operadoras de telefonía móvil como "casi perfecto" y "equilibrado" porque todas las partes se sienten "reconocidas". Por un lado, indicó que el ministerio mantiene su objetivo de identificar a todos los usuarios en un "sector clave para la investigación policial".
Por otro lado, explicó que con este plazo adicional de seis meses tanto las operadoras como los usuarios no se ven perjudicados, ya que las primeras podrán mantener su cartera de clientes mientras que los segundos podrán recuperar su línea de teléfono móvil en cualquier momento en caso de que no se hayan registrado antes del lunes.
Las compañías barajan que todavía quedan aproximadamente tres millones de usuarios de tarjetas prepago que no se han identificado ante sus operadoras, pero el ministro consideró que la adoptada este sábado es la medida "más directa" posible, ya que en el momento en que necesiten usar el teléfono las operadoras les informarán de lo que deben hacer para recuperar la línea.
COMBATIR LA DELINCUENCIA
Rubalcaba recordó que la "opacidad" que existía al no conocer la identidad de los usuarios de tarjetas prepago permitía a los "delincuentes" comunicarse sin que las autoridades estuvieran al corriente, por lo que subrayó que esta medida, adoptada en la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007, permitirá a las fuerzas de seguridad acceder a las líneas sospechosas de delincuencia organizada.
La ley establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes. En este sentido, los datos pueden ser requeridos por orden de un juez, con la finalidad de detectar, investigar y enjuiciar delitos graves.
Pero a pesar de las campañas de información puestas en marcha después de la aprobación de la ley, Rubalcaba explicó que "la velocidad de adaptación ha sido inferior" a la que pretendían tanto el ministerio como las operadoras de telefonía móvil.
En este sentido, destacó que los colectivos que más "preocupan" para adaptarse a la ley son los jóvenes y, sobre todo, las personas mayores, ya que en muchos casos este colectivo no necesita tanto disponer de telefonía móvil. Por eso, el ministro insistió en que el aviso que darán las compañías cada vez que el usuario quiera hacer una llamada es "una buena medida" por ser la "más directa" a los ciudadanos.
Así lo anunció este sábado en rueda de prensa el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras llegar a un acuerdo con las principales compañías de teléfonos móviles que operan en España: Telefónica, Vodafone y Orange.
Los usuarios a los que se les corte la línea el lunes recibirán un aviso de la operadora cada vez que intenten hacer una llamada. En este mensaje, se les advertirá de que deben contactar con la compañía para identificarse. La línea será dada de baja definitivamente si al pasar los seis meses el usuario no se ha registrado.
Rubalcaba calificó el acuerdo alcanzado con las operadoras de telefonía móvil como "casi perfecto" y "equilibrado" porque todas las partes se sienten "reconocidas". Por un lado, indicó que el ministerio mantiene su objetivo de identificar a todos los usuarios en un "sector clave para la investigación policial".
Por otro lado, explicó que con este plazo adicional de seis meses tanto las operadoras como los usuarios no se ven perjudicados, ya que las primeras podrán mantener su cartera de clientes mientras que los segundos podrán recuperar su línea de teléfono móvil en cualquier momento en caso de que no se hayan registrado antes del lunes.
Las compañías barajan que todavía quedan aproximadamente tres millones de usuarios de tarjetas prepago que no se han identificado ante sus operadoras, pero el ministro consideró que la adoptada este sábado es la medida "más directa" posible, ya que en el momento en que necesiten usar el teléfono las operadoras les informarán de lo que deben hacer para recuperar la línea.
COMBATIR LA DELINCUENCIA
Rubalcaba recordó que la "opacidad" que existía al no conocer la identidad de los usuarios de tarjetas prepago permitía a los "delincuentes" comunicarse sin que las autoridades estuvieran al corriente, por lo que subrayó que esta medida, adoptada en la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007, permitirá a las fuerzas de seguridad acceder a las líneas sospechosas de delincuencia organizada.
La ley establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes. En este sentido, los datos pueden ser requeridos por orden de un juez, con la finalidad de detectar, investigar y enjuiciar delitos graves.
Pero a pesar de las campañas de información puestas en marcha después de la aprobación de la ley, Rubalcaba explicó que "la velocidad de adaptación ha sido inferior" a la que pretendían tanto el ministerio como las operadoras de telefonía móvil.
En este sentido, destacó que los colectivos que más "preocupan" para adaptarse a la ley son los jóvenes y, sobre todo, las personas mayores, ya que en muchos casos este colectivo no necesita tanto disponer de telefonía móvil. Por eso, el ministro insistió en que el aviso que darán las compañías cada vez que el usuario quiera hacer una llamada es "una buena medida" por ser la "más directa" a los ciudadanos.