El FMI propone subidas de impuestos a los ricos y la renta básica universal para atajar la brecha social

JOSE LUIS DE HARO (NUEVA YORK)11/10/2017 - 15:30

En la última edición del Monitor Fiscal, elaborado por el equipo que lidera Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, la desigualdad y la brecha social cobran buena parte del protagonismo. ¿Su intención?, buscar políticas que permitan promover un crecimiento inclusivo.

"La política fiscal es un instrumento poderoso para alcanzar los objetivos de redistribución. Representa una gran proporción de las diferencias de desigualdad social entre países", aseguraba en la rueda de prensa celebrada hoy en Washington el propio Gaspar.

Al fin y al cabo, aunque es inevitable cierto grado de desigualdad en un sistema económico como el actual, una brecha social excesiva puede erosionar la cohesión social, fomentar la polarización política y, en última instancia, reducir el crecimiento económico.

Tres áreas principales

Es por ello que el informe centra buena parte de su atención en tres areas principales: los impuestos aplicado a las rentas más altas, la adopción de un régimen con un salario básico universal (UBI, por sus siglas en inglés) y la función del gasto público en el terreno de la educación y la salud.

Desde el Fondo explican como en las economías avanzadas, la política fiscal, a través de transferencias e impuestos directos reducen la desigualdad del ingreso aproximadamente en una media de un tercio; tres cuartas partes de esa reducción se logran a través de transferencias. Por su parte, en las economías en desarrollo, la redistribución fiscal es mucho más limitada porque la tributación y el gasto son más bajos y menos progresivos y porque los impuestos indirectos regresivos son más comunes.

Hablando de progresión impositiva, el Monitor Fiscal destaca como entre las rentas más elevadas y con mayor riqueza, la progresividad fiscal ha disminuido en las últimas tres décadas. "Esta disminución es consistente con la disminución del IRPF de los países de la OCDE desde una media del 62% en 1981 hasta un 35% en 2015", matizaba Gaspar. El funcionario indicó que las tasas de tributación marginal aplicadas a quienes ganan el máximo "tendrían que ser significativamente más altas que las actuales".

En este sentido, el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo ha elaborado diversos análisis en busca de determinar la relación entre la reducción de dicha progresión impositiva y el crecimiento económico. "Nuestros resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria", indicó Gaspar.

Es por ello que, en las economías avanzadas con niveles relativamente bajos de progresividad en términos del IRPF, se podría elevar el gravamen marginal a las rentas más altas sin poner en peligro el crecimiento económico. "También se podrían evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza", manifestó el documento.

Salario básico universal

Otro tema candente y que ha cobrado protagonismo durante los últimos años es el del salario básico universal, que a ojos del director del Departamento de Asuntos Fiscales "tiene el potencial de tener un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza". Sin embargo, Gaspar incide en que en los debates sobre este tema debe incluirse también el coste fiscal que este tipo de medidas tendría para los gobiernos y cómo financiarlas.

Para el FMI el coste de aplicar un salario universal varía según el nivel fijado. Como ejemplo, la institución estima que un sueldo de un 25% del ingreso per cápita medio, tendría un coste fiscal que rondaría el 6% y el 7% del PIB en las economías avanzadas y entre el 3% y el 4% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Además, su implantación debería estar precedida de un cuidadoso análisis por parte de los gobiernos en cuestión. En el Monitor Fiscal se recomienda que la implantación de un salario básico universal sirva como una opción para reemplazar el gasto social ineficiente. Al respecto se habla de alternativa a los subsidios sobre los combustibles.

En otros casos, en países con una baja capacidad tributaria o donde un salario básico universal restase recursos al gasto de alta prioridad, como la inversión, la salud o la educación, este tipo de iniciativas no son recomendables, según el Fondo.

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