Los ayuntamientos y las organizaciones sociales de la provincia sólo ofertan 300 plazas, lo que puede provocar que las sentencias prescriban

Los trabajos en beneficio de la comunidad comienzan a extenderse. Tras las últimas reformas del Código Penal en materia de seguridad vial, los jueces han optado por estas medidas para castigar los abusos al volante, sobre todo cuando se cometen por primera vez. Las sentencias obligan a los conductores a pagar sus culpas mediante empleos temporales no remunerados en ayuntamientos y organizaciones sociales o benéficas.
El problema es que el volumen de delitos relacionados con el tráfico ha desbordado todas las previsiones, y la demanda supera ampliamente a la oferta. En Málaga hay actualmente 3.094 expedientes abiertos para cumplir este tipo de medidas, mientras que el número de plazas ofertadas para realizar estos trabajos no llega a 300. El resultado es una lista de espera tan larga -más de 2.000 personas- que algunas sentencias podrían prescribir antes de que lleguen a saldar la pena pendiente.
La mayoría de las condenas se producen por delitos relacionados con el tráfico. Entre ellos destacan las alcoholemias, que tras la reforma del Código Penal se consideran delito y pueden acarrear penas de prisión. Le siguen los conductores que circulan careciendo del carné y los excesos de velocidad que superan en un 50% el límite máximo de la vía.
El tipo de infracciones hace que el perfil de los condenados sea variado. «Hay desde obreros hasta ingenieros o médicos», explica el director de la prisión de Alhaurín, Antonio Guerrero. Uno de los últimos casos que han caído en sus manos es el de una joven sin ningún tipo de antecedente que se tomó un par de copas al salir del trabajo con unos amigos y fue interceptada en un control con una tasa positiva.
Ante estas infracciones, y sobre todo cuando se trata de la primera vez, los jueces optan por aplicar condenas en las que se les obliga a hacer trabajos sociales, una medida reeducadora y correctiva más liviana que evita el traumático paso por la cárcel. A la joven cazada en el control de alcoholemia, por ejemplo, le impusieron 21 días realizando tareas en favor de la comunidad.
Las personas a las que se les aplica esta medida están obligadas a trabajar sin sueldo en un ayuntamiento o en un organismo con fines sociales durante un determinado periodo de tiempo que varía en función del delito. El abanico de tareas que pueden desempeñar es variado: servicios operativos, jardinería, administración, almacenaje, limpieza y mantenimiento, brigada de obras, protección civil...
La labor de designación de las plazas corresponde al centro centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Los jueces envían las sentencias a la prisión provincial, donde se entrevistan con el condenado para saber dónde vive, dónde trabaja y qué tareas puede desempeñar. «El criterio que impera es el lugar de residencia», afirma el director de la cárcel. «Procuramos que cumplan los trabajos en favor de la comunidad donde les resulte más cómodo, sin necesidad de desplazarse».
Oferta de plazas
Sin embargo, el mapa de plazasse distribuye de forma muy irregular por la provincia. El desequilibrio más importante se observa en la capital. El Ayuntamiento de Málaga sólo tiene ofertadas nueve plazas en virtud del convenio firmado con Instituciones Penitenciarias, a las que optan los más de mil conductores condenados pendientes de cumplir estas medidas en la ciudad.
Lo mismo ocurre con Marbella, donde el Consistorio sólo tiene concertadas seis plazas, Torremolinos, con dos, o Benalmádena, que se queda en ocho. «Estamos intentando fomentar que los ayuntamientos amplíen su oferta de plazas, así como suscribir convenios con los que aún no lo hacen», añade Antonio Guerrero.
No obstante, a este cupo hay que sumar las que ofrecen las organizaciones sociales y benéficas tanto en la capital como en la provincia. En Málaga capital, una ONG de ayuda a los discapacitados dispone de 20 plazas para que los conductores condenados colaboren en las tareas que desempeñan en la asociación. Bancosol y Cruz Roja tienen 10 y Cáritas Diocesana, 4.
Las casi 300 plazas ofertadas en Málaga están sujetas a la duración de las condenas, que oscilan sensiblemente según la gravedad del delito. El director de la cárcel asegura que las sentencias más livianas son de 21 días de trabajos sociales, mientras que las más largas superan los dos años. «Las condenas cortas permiten que las plazas roten», concluye Guerrero.


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Trabajos en favor de la comunidad me parece una buena medida