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El tijeretazo del Gobierno aplaza de forma indefinida una esperada medida que entraba en vigor en enero
SARA CAMPELO / MADRID
Día 25/09/2010
Los recortes por la crisis vuelven a cebarse con las familias españolas. El Ejecutivo anunció ayer su decisión de aplazar la ampliación del permiso de paternidad, una medida que ya se incluía en el Boletín Oficial del Estado del 7 de octubre de 2009 y que tenía previsto entrar en vigor el 1 de enero de 2011.
No hay lugar para la ampliación de dos a cuatro semanas de permiso laboral de los padres en los Presupuestos Generales del Estado. Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, «este no es el mejor momento» para poner en marcha una medida postergada desde hace meses y que, según rezaba la propia proposición de ley aprobada en junio del año pasado, pretendía «mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que aumentar la implicación de los padres en el cuidado y atención de los hijos».
El Gobierno justificó esta decisión en base al ahorro de doscientos millones de euros aunque precisó que no significa «una renuncia a las políticas sociales», alegó la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega. Pagar un permiso de cuatro semanas a los padres costaría al Estado unos 400 millones de euros al año. En 2009, la Seguridad Social desembolsó 882 millones de euros al pago de las prestaciones por maternidad y algo más de 111 millones a las de paternidad.
Así, en función de variables económicas se posterga el derecho reclamado desde hace años por una sociedad que apuesta por la corresponsabilidad en la familia, y el permiso de paternidad se vuelve a quedar en 15 días. «Es un gran paso hacia atrás, el Gobierno vuelve a apretar el cinturón de las familias, alejando a España todavía más del entorno social europeo», denuncia Eva Holgado, presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). Efectivamente, en España estamos a años luz de los padres islandeses, que disfrutan de doce semanas de permiso, diez en el caso de Suecia y seis en el de Noruega, los tres países europeos más avanzados en políticas de conciliación familiar.
Para la Federación de Familias Numerosas, este aplazamiento puede tener un efecto nocivo en las estructuras familiares españolas. Eva Holgado critica el discurso incoherente del Gobierno. «Es una paradoja que desde Igualdad quieran luego defender que existan más mujeres en los consejos de dirección de las empresas..., sinceramente, con posturas como las que están defendiendo, solo cabe pensar que se puedan llenar estos puestos con mujeres sin hijos». Para las familias de nuestro país llueve sobre mojado, «tras la supresión del cheque-bebé, ahora llega esto. Está claro que la familia no está entre las prioridades políticas del Ejecutivo español», estima Holgado. En el primer semestre de 2010 se tramitaron en España 165.470 procesos de maternidad y 136.203 de paternidad, lo que supone un descenso este año del 4,1% y un aumento del 0,57, respectivamente.
Reacciones de indignación
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Unión de Asociaciones de Familias (UNAF), Juana Angulo, ha lamentado que por la situación económica, los recortes afecten «de nuevo» a las familias, que son las que «menos culpa tienen de la crisis».
En la misma línea, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha indicado que se trata de una decisión «tremendamente errónea». En su opinión, en época de bonanza económica, las familias «no han sido una prioridad para el Gobierno» y ahora, con la crisis, «las castiga». El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, ha señalado que si el Gobierno quiere ahorrar 200 millones de euros, que «deje de construir 10 kilómetros de carreteras y quite asesores y organismos inútiles como el Ministerio de Igualdad». José Antonio Duran i Lleida, portavoz de CiU, ha reprochado esta decisión que responde a la «falta de previsión del Ejecutivo», ya que si se demoró hasta el 1 de enero de 2011 fue por decisión del Gobierno. El diputado de ICV Joan Herrera destaca que es una medida que «que solo supone 400 millones», una cantidad «mucho menor» a la que se gastó «con la política de cheques de Zapatero».
SARA CAMPELO / MADRID
Día 25/09/2010
Los recortes por la crisis vuelven a cebarse con las familias españolas. El Ejecutivo anunció ayer su decisión de aplazar la ampliación del permiso de paternidad, una medida que ya se incluía en el Boletín Oficial del Estado del 7 de octubre de 2009 y que tenía previsto entrar en vigor el 1 de enero de 2011.
No hay lugar para la ampliación de dos a cuatro semanas de permiso laboral de los padres en los Presupuestos Generales del Estado. Para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, «este no es el mejor momento» para poner en marcha una medida postergada desde hace meses y que, según rezaba la propia proposición de ley aprobada en junio del año pasado, pretendía «mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que aumentar la implicación de los padres en el cuidado y atención de los hijos».
El Gobierno justificó esta decisión en base al ahorro de doscientos millones de euros aunque precisó que no significa «una renuncia a las políticas sociales», alegó la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega. Pagar un permiso de cuatro semanas a los padres costaría al Estado unos 400 millones de euros al año. En 2009, la Seguridad Social desembolsó 882 millones de euros al pago de las prestaciones por maternidad y algo más de 111 millones a las de paternidad.
Así, en función de variables económicas se posterga el derecho reclamado desde hace años por una sociedad que apuesta por la corresponsabilidad en la familia, y el permiso de paternidad se vuelve a quedar en 15 días. «Es un gran paso hacia atrás, el Gobierno vuelve a apretar el cinturón de las familias, alejando a España todavía más del entorno social europeo», denuncia Eva Holgado, presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN). Efectivamente, en España estamos a años luz de los padres islandeses, que disfrutan de doce semanas de permiso, diez en el caso de Suecia y seis en el de Noruega, los tres países europeos más avanzados en políticas de conciliación familiar.
Para la Federación de Familias Numerosas, este aplazamiento puede tener un efecto nocivo en las estructuras familiares españolas. Eva Holgado critica el discurso incoherente del Gobierno. «Es una paradoja que desde Igualdad quieran luego defender que existan más mujeres en los consejos de dirección de las empresas..., sinceramente, con posturas como las que están defendiendo, solo cabe pensar que se puedan llenar estos puestos con mujeres sin hijos». Para las familias de nuestro país llueve sobre mojado, «tras la supresión del cheque-bebé, ahora llega esto. Está claro que la familia no está entre las prioridades políticas del Ejecutivo español», estima Holgado. En el primer semestre de 2010 se tramitaron en España 165.470 procesos de maternidad y 136.203 de paternidad, lo que supone un descenso este año del 4,1% y un aumento del 0,57, respectivamente.
Reacciones de indignación
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Unión de Asociaciones de Familias (UNAF), Juana Angulo, ha lamentado que por la situación económica, los recortes afecten «de nuevo» a las familias, que son las que «menos culpa tienen de la crisis».
En la misma línea, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha indicado que se trata de una decisión «tremendamente errónea». En su opinión, en época de bonanza económica, las familias «no han sido una prioridad para el Gobierno» y ahora, con la crisis, «las castiga». El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, ha señalado que si el Gobierno quiere ahorrar 200 millones de euros, que «deje de construir 10 kilómetros de carreteras y quite asesores y organismos inútiles como el Ministerio de Igualdad». José Antonio Duran i Lleida, portavoz de CiU, ha reprochado esta decisión que responde a la «falta de previsión del Ejecutivo», ya que si se demoró hasta el 1 de enero de 2011 fue por decisión del Gobierno. El diputado de ICV Joan Herrera destaca que es una medida que «que solo supone 400 millones», una cantidad «mucho menor» a la que se gastó «con la política de cheques de Zapatero».
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