Los funcionarios tildan la actuación de los magistrados de «coacciones revestidas de legalidad» y apoyan a los agentes, al gerente del edificio y a la delegada de Justicia

Los jueces dieron ayer una vuelta de tuerca más en su batalla por ocupar en exclusiva, junto con los fiscales, el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia. En un requerimiento que notificaron ayer al capitán de la unidad de la Guardia Civil que custodia la sede judicial y al coordinador gerente del edificio les apercibieron de que si no proceden «de inmediato» a asignarles el 'parking' podrían incurrir en un delito de desobediencia.

El apercibimiento del juez decano, José María Páez, y del presidente de la Audiencia, Francisco Javier Arroyo, se produce sólo dos días después de que una magistrada presentara una denuncia contra un guardia civil que le negó la entrada al aparcamiento porque estaba completo. Este incidente provocó el jueves un comunicado de la delegada de Justicia en Málaga, Blanca Sillero, en el que recordó que la Junta de Andalucía es la única que tiene competencias sobre el edificio de Teatinos y, por tanto, para regular el uso del aparcamiento, que desde su inauguración se ocupa por orden de llegada de los vehículos, sin diferencias entre jueces, fiscales, secretarios y trabajadores en general.

Junta de Personal

El requerimiento judicial que recibieron el responsable de la Guardia Civil y el gerente fue puesto en conocimiento también de la delegada de Justicia, de la secretaria coordinadora, del director del Instituto de Medicina Legal y de la Junta de Personal de funcionarios.

De momento, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no se ha pronunciado sobre esta advertencia hecha por los jueces. El apercibimiento se produjo durante la mañana con el aparcamiento ya ocupado desde muy temprano por el personal que trabaja en la sede de Teatinos, a escasas horas del fin de semana. El lunes puede ser otro cantar, porque los ánimos están más que caldeados, sobre todo, entre los funcionarios que proponen movilizaciones ante lo que consideran un «atropello» y una «injusticia».

De momento, los sindicatos integrantes de la Junta de Personal mostraron ayer su respaldo a los agentes de la Guardia Civil y de la seguridad privada que custodian el edificio, así como a la delegada de Justicia, aunque pidieron un pronunciamiento de la consejera.

En un duro comunicado, la Junta de Personal manifestó su rechazo «a cualquier actuación gubernativa, pseudo revestida de legalidad del colectivo minoritario de jueces y magistrados, con la única intención de salvaguardar intereses dolorosamente corporativos» y «a las coacciones revestidas de legalidad» dirigidas al capitán de la Guardia Civil y al gerente de la Ciudad de la Justicia.

Los representantes de los funcionarios afirman que los acuerdos del juez decano y el presidente de la Audiencia para atribuirse los aparcamientos son «manifiestamente ilegales, pues conculcan e invaden competencias de la Consejería de Justicia».

PD.Anda que se busquen la vida, como todo el mundo.

http://www.diariosur.es/20091003/malaga/jueces-advierten-guardia-civil-20091003.html

Que morro tiene sus señorías

El aparcamiento un eterno problema jaja.

joder que cara ajajaj

El aparcamiento tiene que ser para el que llegue primero al trabajo jejejejejejeje

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La guerra entre los funcionarios y los jueces y fiscales de la Ciudad de la Justicia parece no tener fin. A primera hora de la mañana, según denuncian los sindicatos USO y STAJ, la Guardia Civil, por orden del coronel, sólo dejaba pasar a los trabajadores hasta que se cubrieran cien plazas, mientras que se habían reservado sesenta para los magistrados y los acusadores públicos.
Esta orden contraviene, denuncian los sindicatos, tanto el criterio de la Junta de Andalucía, consistente en que pasen al parking todos los empleados públicos sin distinción de cargo o labor hasta que se cope la totalidad del aparcamiento; y las directrices dadas por el juez decano y el presidente de la Audiencia, que "por motivos de seguridad" adjudicaron las plazas a los colectivos profesionales que ellos representan. Dos posturas distintas que provocaron ayer que el viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz, ordenara el cierre del parking, aunque no se dieron explicaciones sobre si el mismo será temporal o permanente.

Problemas. Los sindicatos afirman que a la hora en que se clausuró esta dependencia –09.30–, de las 60 plazas reservadas a la judicatura solamente se habían cubierto 11. A las 07.50 horas, se impidió la entrada a los funcionarios que llegaban dado que sus zonas de estacionamiento estaban repletas.
La situación llegó a tal punto que la Delegación Provincial de Justicia decidió enviar al parking a su secretaria general, Gloria Carbonero, y al gerente del edificio, Antonio José Moreno, quienes, junto a un inspector de servicio con capacidad para certificar, levantaron acta de los acontecimientos. Acto seguido, llamaron al viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz, quien decidió cerrar el parking. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que Ortiz ha mantenido contactos con los mandos de la Guardia Civil para solucionar el tema. Hoy podría ser reabierto el parking siempre que se respete el riguroso orden de llegada al mismo. Si no, la Junta lo mantendrá cerrado a cal y canto.
Asimismo, el decano, José María Páez, ha enviado un requerimiento en el que se recuerda tanto al capitán de la Guardia Civil como a la gerencia del edificio que, de no seguir el acuerdo dictado tanto por él como el presidente de la Audiencia, podrían incurrir en un delito de desobediencia.
La denuncia que interpuso la magistrada de la Audiencia contra un subteniente de la Guardia Civil que no le dejó pasar al aparcamiento subterráneo ya ha sido enviada a un juzgado de Instrucción y se han formado las correspondientes diligencias previas.
Adriano Moreno, responsable del SPJ-USO, calificó ayer los acuerdos de la judicatura como "pactos coactivos de dudosa legalidad" y afirmó que la gestión de los edificios judiciales, como se recoge en el Estatuto de Autonomía, corresponde a la Junta de Andalucía.
Juan Antonio Luque, secretario del STAJ, consideró que "se han conculcado los derechos de los trabajadores que prestan servicio en las instalaciones" y aseguró que el colectivo está sufriendo "un atropello" por parte de los magistrados.
Además, la Junta de Personal acordó ayer celebrar una concentración de protesta el próximo 8 de octubre, a las 12.00 horas, que tendrá lugar a las puertas de la Ciudad de la Justicia. El caso acabará, casi con seguridad, en los tribunales. Los magistrados recuerdan que los fallos del pasado 8 de julio, en los que se atribuían el uso del parking, no han sido recurridos por nadie y, por tanto, son resoluciones firmes.


PD: esto acaba a tiros

Vaya pelea por un aparcamiento

Hay rumores de la próxima colocación de un ring en un rincón del parking para que se desahoguen jueces,guardias,funcionarios.......

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anulado un acuerdo del juez decano de Málaga y el presidente de la Audiencia Provincial sobre la utilización del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia por parte de los magistrados, y ha dado la razón a la Junta de Andalucía.
En los últimos días el uso de los estacionamientos había enfrentado a jueces y a la Junta, al considerar los primeros que debían utilizar preferentemente el recinto reservado por motivos de seguridad, para lo cual habían dado órdenes a la Guardia Civil, mientras que la Consejería de Justicia defiende el uso por estricto orden de llegada, incluido el resto de trabajadores del edificio.
La comisión permanente del CGPJ, reunida hoy, ha decidido "dejar sin efecto" los acuerdos adoptados el pasado 8 de julio por el presidente de la Audiencia de Málaga y el juez decano de la ciudad por los que se limita el uso de las plazas del aparcamiento.
Argumenta que dichos acuerdos, "en los términos que figuran redactados y llevados a ejecución no se ajustan a la legalidad" al exceder las competencias sobre el uso de los edificios judiciales reconocidas en el Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales.
El Consejo indica que el caso no corresponde a ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Ya durante toda esta mañana y por orden expresa y directa del viceconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Ortiz, el acceso al 'parking' de este recinto se hizo por estricta orden de llegada. De este forma ya se ponía fin a la situación creada ayer a primera hora de la mañana cuando, para sorpresa de los funcionarios, un agente de la Guardia Civil acataba órdenes ejerciendo de filtro a la entrada del aparcamiento e impidiendo la entrada de muchos empleados alegando que tenía que reservar 60 plazas para los magistrados y fiscales.

Esta mañana, la delegada deJusticia de la Junta de Andalucía en Málaga, Blanca Sillero, expresaba su respaldo a los funcionarios de justicia en el transcurso de la reunión mantenida esta mañana con sus representantes sindicales.
Ayer, pasadas las 9.00 horas, ocurría todo lo contrario y la Benemérita controló el acceso. «Hoy no mandamos nosotros», le respondía con la cabeza gacha el responsable de las dependencias judiciales.
Media hora después, sobre las 9.30, se personaba en la puerta del 'parking' la Secretaria General de la Delegación de Justicia de Málaga, acompañada de un inspector de servicio de la Junta de Andalucía para tomar acta de lo sucedido y de la actuación de la Guardia Civil. Ésta no hacía más que aplicar el acuerdo adoptado por el juez decano y el presidente de la Audiencia para asignar a los jueces el uso preferente de las 166 plazas del recinto por «razones de seguridad».
Acto seguido, y según las fuentes consultadas, la propia delegada de Justicia trasladó los hechos a Sevilla, desde donde el viceconsejero del ramo, José Antonio Ortiz, ordenó el cierre del 'parking'.
Reacciones
En el momento de dicha decisión, el aparcamiento tenía ocupadas las 100 plazas puestas a disposición de los funcionarios y 11 de las 60 reservadas a los magistrados, tal y como indicaron a este periódico dos sindicatos que representan a los empleados públicos de la administración de Justicia. Por su parte, el juez decano, José María Páez, eludió entrar a valorar lo sucedido alegando no tener constancia de lo ocurrido. «Nosotros mantenemos nuestra postura y actuamos dentro de los cauces legales, como hemos hecho hasta ahora», subrayó.
«Lo que nos comentan es que mientras que la Guardia Civil continúe realizando este filtro y reservando plazas se seguirá aplicando esta política de clausura», detalló Adriano Moreno, portavoz de Spj-Uso, sindicato mayoritario de los empleados públicos.
En los últimos meses, el aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia se ha convertido en el ojo del huracán de una pugna entre poderes: el administrativo y el judicial. Y cada uno se aferra a sus argumentos: la Junta dice que el edificio es de su propiedad y, por tanto, es la que tiene competencia para regular el uso del aparcamiento. Los jueces, por su parte, se escudan en que la ley les ampara, y que en los edificios judiciales son ellos los que tienen las atribuciones.
La cuerda se tensó al máximo el pasado miércoles, cuando la magistrada María Teresa Sáez denunció por desobediencia a un guardia civil que le negó la entrada al recinto porque estaba lleno. La juez se escudaba en el acuerdo del 8 de julio del presidente de la Audiencia, que, como recalcan los jueces, es firme, porque nadie lo ha recurrido.
Los sindicatos, por contra, volvieron a insistir ayer en que los magistrados se atribuyen competencias que no tienen para obtener privilegios. Al respecto, Adriano Moreno señaló que el sentimiento general de los trabajadores de la Ciudad de la Justicia es «de indignación», y afirmó que el artículo 80 del Estatuto de Autonomía, es claro en cuanto a las competencias de la Administración andaluza, «responsable de la gestión de los medios materiales», dijo.
Juan Antonio Luque, portavoz de Staj (el otro sindicato), subrayó ese planteamiento y reclamó igual trato para todos los empleados. Para exigirlo, la junta de personal de los funcionarios acordó ayer celebrar una concentración de los trabajadores de la Ciudad de la Justicia este jueves, a las 12.00 horas, pero previsiblemente quedará desconvocada, a la espera de lo que se decida mañana a primera hora.

No habrá cosas mas importantes que resolver en la Justicia que el aparcamiento.