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Al menos tres altos cargos policiales de la Ertzaintza mantuvieron reuniones tras los comicios autonómicos con una treintena de subordinados, un complot con el objetivo de garantizar que la información sensible recogida por la Policía Autónoma llegase a los dirigentes del PNV y con la pretensión de dificultar, en determinados aspectos, la acción del nuevo Gobierno socialista.
Los encuentros -al menos tres de los que se tiene noticia, según fuentes socialistas consultadas por este periódico- tuvieron lugar hace aproximadamente un mes, y fueron organizados por responsables policiales designados a dedo por el anterior Ejecutivo y, por tanto, de su absoluta confianza. Respecto a los convocados, sumaban unos 10 cargos intermedios en cada ocasión hasta llegar a la treintena en total y, al menos públicamente, en ese momento no rechazaron el planteamiento realizado por sus superiores.
Según las fuentes consultadas, del contenido de las reuniones se desprendía que los citados cargos policiales daban por hecho que la nueva Administración socialista iba a destituirlos de los puestos que ocupaban y reemplazarlos por otros funcionarios de su entera confianza.
De modo que diseñaron una estrategia para, por una parte, estar permanentemente informados de lo que ocurriera en el interior de la Policía Autónoma y, por otra parte -y mucho más importante-, obtener datos para su uso, a través de una especie de red de topos dispuesta a favorecer al PNV.
Otra de las funciones que pretendían asignar a este grupo de ertzainas era la de dificultar en determinados aspectos la labor del Gobierno de Patxi López. Según el razonamiento aplicado, durante años el Ejecutivo de Ibarretxe había tenido que soportar los reproches de los miembros de la oposición en la Cámara vasca, que consideraban que la Ertzaintza adolecía de un funcionamiento deficiente en múltiples asuntos, incluidos el de la seguridad y el de la lucha contra ETA; a partir de ahora, habría que procurar actuar para que la gestión policial de los socialistas quedase reiteradamente cuestionada y pudiese ser motivo de debate y argumento para la oposición en el Parlamento vasco.
La actitud de estos altos mandos probablemente constituya uno de los ejemplos más evidentes de la resistencia mostrada por una parte de la Administración nacionalista al cambio provocado por las últimas elecciones después de 30 años de práctica hegemonía. Y, en cualquier caso, confirma que el puesto asumido por Rodolfo Ares al frente de la Consejería de Interior está trufado de dificultades añadidas a las del mero ejercicio del cargo, que siempre han sido tenidas en cuenta por los socialistas.
Informes para facilitar el relevo del poder
Poco después de que los resultados electorales constataran que el PSE, junto con los votos del PP, podía investir a Patxi López como lehendakari sin la participación del PNV ni de cualquier otro grupo minoritario, la Delegación del Gobierno en el País Vasco, al frente de la cual está Mikel Cabieces, solicitó al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil sendos informes sobre cuál era su relación con la Ertzaintza con el fin de limar asperezas y garantizar una mayor coordinación. Con el mismo objetivo, también fueron consultados los responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la comunidad autónoma.
Los resultados técnicos en aquel momento fueron poco estimulantes. Se denunciaba una falta de colaboración mutua, un incumplimiento frecuente de los protocolos, un solapamiento de operaciones y una ocultación de datos en asuntos extremadamente sensibles como la lucha contra ETA.
En la Ertzaintza se detectaron también carencias internas en la transmisión de la información que podían ser indiciarias de cierta rivalidad implícita entre unidades distintas.
En este caso, se trataría de otro tipo de dificultad de la que los socialistas son igualmente conscientes. Ambas aconsejarían una profunda reestructuración interna de la Ertzaintza, que ya se ha iniciado, así como de las relaciones entre los cuerpos policiales que el recién nombrado consejero -y, antes, los miembros del PSE en general- asegura afrontar con aplomo y con expectativas serenas.
El pasado miércoles, el Consejo de Gobierno del País Vasco nombró al comisario Juan Carlos Varela como director de la Ertzaintza y lo convirtió, de este modo, en una de las piezas fundamentales del rediseño de la Policía Autónoma que puede estar en la mente de los dirigentes socialistas. Varela conoce esta institución policial como pocos, dado que formó parte de su primera promoción, y su designación fue muy bien acogida por los sindicatos. Tras su nombramiento, el consejero Ares manifestó, efectivamente, su pretensión de realizar una apuesta por la "profesionalización y la promoción" dentro de la Policía Autónoma.
Los socialistas están convencidos, y así lo han declarado reiteradamente, de que en todos los ámbitos de la Administración vasca, superados los cargos meramente políticos vinculados al nacionalismo, hay un fuerte cuerpo funcionarial cuya única intención es la de trabajar en beneficio del País Vasco.
Los encuentros -al menos tres de los que se tiene noticia, según fuentes socialistas consultadas por este periódico- tuvieron lugar hace aproximadamente un mes, y fueron organizados por responsables policiales designados a dedo por el anterior Ejecutivo y, por tanto, de su absoluta confianza. Respecto a los convocados, sumaban unos 10 cargos intermedios en cada ocasión hasta llegar a la treintena en total y, al menos públicamente, en ese momento no rechazaron el planteamiento realizado por sus superiores.
Según las fuentes consultadas, del contenido de las reuniones se desprendía que los citados cargos policiales daban por hecho que la nueva Administración socialista iba a destituirlos de los puestos que ocupaban y reemplazarlos por otros funcionarios de su entera confianza.
De modo que diseñaron una estrategia para, por una parte, estar permanentemente informados de lo que ocurriera en el interior de la Policía Autónoma y, por otra parte -y mucho más importante-, obtener datos para su uso, a través de una especie de red de topos dispuesta a favorecer al PNV.
Otra de las funciones que pretendían asignar a este grupo de ertzainas era la de dificultar en determinados aspectos la labor del Gobierno de Patxi López. Según el razonamiento aplicado, durante años el Ejecutivo de Ibarretxe había tenido que soportar los reproches de los miembros de la oposición en la Cámara vasca, que consideraban que la Ertzaintza adolecía de un funcionamiento deficiente en múltiples asuntos, incluidos el de la seguridad y el de la lucha contra ETA; a partir de ahora, habría que procurar actuar para que la gestión policial de los socialistas quedase reiteradamente cuestionada y pudiese ser motivo de debate y argumento para la oposición en el Parlamento vasco.
La actitud de estos altos mandos probablemente constituya uno de los ejemplos más evidentes de la resistencia mostrada por una parte de la Administración nacionalista al cambio provocado por las últimas elecciones después de 30 años de práctica hegemonía. Y, en cualquier caso, confirma que el puesto asumido por Rodolfo Ares al frente de la Consejería de Interior está trufado de dificultades añadidas a las del mero ejercicio del cargo, que siempre han sido tenidas en cuenta por los socialistas.
Informes para facilitar el relevo del poder
Poco después de que los resultados electorales constataran que el PSE, junto con los votos del PP, podía investir a Patxi López como lehendakari sin la participación del PNV ni de cualquier otro grupo minoritario, la Delegación del Gobierno en el País Vasco, al frente de la cual está Mikel Cabieces, solicitó al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil sendos informes sobre cuál era su relación con la Ertzaintza con el fin de limar asperezas y garantizar una mayor coordinación. Con el mismo objetivo, también fueron consultados los responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la comunidad autónoma.
Los resultados técnicos en aquel momento fueron poco estimulantes. Se denunciaba una falta de colaboración mutua, un incumplimiento frecuente de los protocolos, un solapamiento de operaciones y una ocultación de datos en asuntos extremadamente sensibles como la lucha contra ETA.
En la Ertzaintza se detectaron también carencias internas en la transmisión de la información que podían ser indiciarias de cierta rivalidad implícita entre unidades distintas.
En este caso, se trataría de otro tipo de dificultad de la que los socialistas son igualmente conscientes. Ambas aconsejarían una profunda reestructuración interna de la Ertzaintza, que ya se ha iniciado, así como de las relaciones entre los cuerpos policiales que el recién nombrado consejero -y, antes, los miembros del PSE en general- asegura afrontar con aplomo y con expectativas serenas.
El pasado miércoles, el Consejo de Gobierno del País Vasco nombró al comisario Juan Carlos Varela como director de la Ertzaintza y lo convirtió, de este modo, en una de las piezas fundamentales del rediseño de la Policía Autónoma que puede estar en la mente de los dirigentes socialistas. Varela conoce esta institución policial como pocos, dado que formó parte de su primera promoción, y su designación fue muy bien acogida por los sindicatos. Tras su nombramiento, el consejero Ares manifestó, efectivamente, su pretensión de realizar una apuesta por la "profesionalización y la promoción" dentro de la Policía Autónoma.
Los socialistas están convencidos, y así lo han declarado reiteradamente, de que en todos los ámbitos de la Administración vasca, superados los cargos meramente políticos vinculados al nacionalismo, hay un fuerte cuerpo funcionarial cuya única intención es la de trabajar en beneficio del País Vasco.
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