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Ni la Policía Local, ni la Guardia Civil, ni los propietarios ni los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mijas han logrado convencer a las familias gitanas que han ocupado los 34 apartamentos de la urbanización Golden Hills que se encontraban vacíos desde que se construyeron hace casi dos años. Los ocupantes han pedido amparo judicial -ayer presentaron una quincena de denuncias alegando que los inmuebles estaban abandonadas y que no tienen techo- mientras que los propietarios del complejo han presentado una denuncia ante la Guardia Civil en la que exigen que sean desalojados.
Ante esta situación, la Fiscalía de Málaga actuará contra las familias que ocupan esta urbanización mijeña, que podrían enfrentarse a una acusación por un delito de usurpación de vivienda, según confirmaron a SUR fuentes del Ministerio Público, que avanzaron que también se solicitará al juzgado que ordene el desalojo del complejo.
Viviendas cerradas
La titularidad de la urbanización corresponde desde hace algo más de un mes a una sociedad participada por varias empresas, entre las que se encuentra una entidad financiera, tras llegar a un acuerdo con el promotor después de que no cuajara su intención de vender el complejo en bloque, según fuentes de una de las compañías propietarias de los inmuebles, que aseguraron que todas las viviendas estaban cerradas antes de la ocupación.
El siguiente paso dado por los dueños ha sido contratar una empresa de seguridad para que vigile el recinto y evite que la situación vaya a más. Unos servicios que también ha requerido la comunidad de vecinos de La Cala Hills, de modo que desde anoche hay una patrulla recorriendo las calles de esta zona residencial compuesta por unas 800 viviendas. Los residentes del entorno mostraron su preocupación ante la posibilidad de que se produzca un efecto llamada. De hecho, el Ayuntamiento informó ayer en un comunicado que se ha detectado la presencia de «personas de otros municipios que les han animado a permanecer en los pisos ocupados».
Entre tanto, las familias siguen haciendo uso de los apartamentos convencidos de que les ampara su derecho a una vivienda. «Si nos echan, no habrá más remedio que irse, pero nos meteremos en la primera urbanización que veamos abandonada hasta que nos den una casa», advierte Francisca pocos minutos después de recibir la visita de los servicios sociales, que trataron de mediar haciéndoles ver que, además de tratarse de una «ocupación ilegal», la situación se agrava al haber menores de por medio.
Consultado a este respecto, el letrado Bernardo Pinazo, que fue titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga, explicó que los dueños del complejo pueden acudir a la vía penal, solicitando medidas cautelares; o a la vía civil, emprendiendo acciones legales de restitución de la posesión. El jurista matizó que, si los pisos no habían constituido anteriormente el domicilio de nadie, el allanamiento de morada sería «interpretable».
Los Cuerpos de Seguridad están a la espera de que el juzgado se pronuncie, ya que los agentes no pueden desalojarlos sin un mandamiento judicial, puesto que las familias habrían convertido estas viviendas en su morada. Mientras, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno mantienen un contacto «permanente» para coordinar el dispositivo de seguridad en la zona.
Ante esta situación, la Fiscalía de Málaga actuará contra las familias que ocupan esta urbanización mijeña, que podrían enfrentarse a una acusación por un delito de usurpación de vivienda, según confirmaron a SUR fuentes del Ministerio Público, que avanzaron que también se solicitará al juzgado que ordene el desalojo del complejo.
Viviendas cerradas
La titularidad de la urbanización corresponde desde hace algo más de un mes a una sociedad participada por varias empresas, entre las que se encuentra una entidad financiera, tras llegar a un acuerdo con el promotor después de que no cuajara su intención de vender el complejo en bloque, según fuentes de una de las compañías propietarias de los inmuebles, que aseguraron que todas las viviendas estaban cerradas antes de la ocupación.
El siguiente paso dado por los dueños ha sido contratar una empresa de seguridad para que vigile el recinto y evite que la situación vaya a más. Unos servicios que también ha requerido la comunidad de vecinos de La Cala Hills, de modo que desde anoche hay una patrulla recorriendo las calles de esta zona residencial compuesta por unas 800 viviendas. Los residentes del entorno mostraron su preocupación ante la posibilidad de que se produzca un efecto llamada. De hecho, el Ayuntamiento informó ayer en un comunicado que se ha detectado la presencia de «personas de otros municipios que les han animado a permanecer en los pisos ocupados».
Entre tanto, las familias siguen haciendo uso de los apartamentos convencidos de que les ampara su derecho a una vivienda. «Si nos echan, no habrá más remedio que irse, pero nos meteremos en la primera urbanización que veamos abandonada hasta que nos den una casa», advierte Francisca pocos minutos después de recibir la visita de los servicios sociales, que trataron de mediar haciéndoles ver que, además de tratarse de una «ocupación ilegal», la situación se agrava al haber menores de por medio.
Consultado a este respecto, el letrado Bernardo Pinazo, que fue titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga, explicó que los dueños del complejo pueden acudir a la vía penal, solicitando medidas cautelares; o a la vía civil, emprendiendo acciones legales de restitución de la posesión. El jurista matizó que, si los pisos no habían constituido anteriormente el domicilio de nadie, el allanamiento de morada sería «interpretable».
Los Cuerpos de Seguridad están a la espera de que el juzgado se pronuncie, ya que los agentes no pueden desalojarlos sin un mandamiento judicial, puesto que las familias habrían convertido estas viviendas en su morada. Mientras, Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno mantienen un contacto «permanente» para coordinar el dispositivo de seguridad en la zona.
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