Almunia expedientará a siete clubes españoles, incluidos Barça y Madrid, por recibir ayudas ilegales ● El Gobierno defenderá a los investigados porque el “fútbol es también marca España”

Bruselas está a un paso de castigar el vínculo que en España se ha establecido entre fútbol, administraciones públicas y constructores. El anuncio de una investigación europea a siete clubes, entre ellos el Madrid y el Barcelona, procedió este lunes de quien menos se podría esperar. Al término de una rueda de prensa en Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, adelantó que mañana miércoles la Comisión Europea abrirá un expediente por ayudas públicas ilegales concedidas a los dos gigantes y al Athletic de Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules.

Los motivos para investigar a los equipos españoles son distintos, pero todos apuntan en la misma dirección: la sospecha de que se han beneficiado de un trato de favor que les ha permitido competir con ventaja frente a sus rivales nacionales y extranjeros. El Gobierno, que a tenor de las declaraciones de Margallo se erigirá en defensor de los clubes analizados, tiene un mes para recopilar argumentos que rebatan las sospechas de Bruselas. Si las explicaciones no convencen a Joaquín Almunia —máxima autoridad de competencia europea y, al mismo tiempo, conocido aficionado y socio del Athletic—, la Comisión forzará la devolución de las ayudas ilegales, en una factura que se adivina millonaria.

Athletic, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules también están señalados

Margallo —que anunció la investigación de Bruselas por iniciativa propia, sin que ningún periodista le preguntara por el tema— ha adelantado ya cuáles serán sus argumentos: ningún equipo ha cometido alguna irregularidad. “Es obvio que el Gobierno va a dar la batalla hasta el final en defensa de los clubes españoles, que también forman parte de la marca España”, señaló el ministro.

Las sospechas de Bruselas apuntan en tres direcciones. Por una parte, el Madrid, Barça, Athletic y Osasuna podrían haber incumplido las normas al no convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. La ley de 1990 les eximía de una obligación que afectaba al resto de clubes. De esta forma, los cuatro equipos se han beneficiado de unas condiciones de tributación más beneficiosas, así como de un estatus de organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Pero por qué ha esperado la Comisión más de 20 años para investigar si estas prácticas violaban las normas europeas? Porque hasta 2009 nadie protestó. Tras la falta de respuesta ante esta queja, el Defensor del Pueblo Europeo envió una carta al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, en la que aseguraba que no le convencían las explicaciones que había dado la Comisión para justificar su falta de respuesta.

La segunda línea de investigación, probablemente la más avanzada y la que arroja menos dudas, afecta a los clubes valencianos. Bruselas analizará los vínculos del Valencia, Elche y Hércules con los gestores autonómicos. En julio de 2011, el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, avaló préstamos a los tres por valor de 118 millones. Ninguno de ellos pagó sus deudas, por lo que la Comunidad Valenciana tuvo que hacerse cargo, con la consiguiente merma para las finanzas públicas. Los préstamos que el Instituto Valenciano de Finanzas concedió al trío de clubes se hicieron “en condiciones de mercado”, defendió el ministro Margallo.

La tercera pesquisa de los servicios que dirige el comisario Almunia afectarán al Real Madrid por la permuta de terrenos en Valdebebas y al Athletic por las ayudas que recibió para construir su nuevo estadio. Bruselas estudia la operación por la cual el 80% de la parcela de la vieja ciudad deportiva del Real Madrid pasó a propiedad pública. A cambio, el club podía levantar en el espacio restante cuatro torres de oficinas y se quedaba con el terreno para su ciudad deportiva en Valdebebas. “La valoración que se dio a los terrenos de uno y otro lado es perfectamente coherente con el mercado”, aseguró Margallo.

Por si fueran pocos, estos no son los únicos frentes que los clubes españoles tienen abiertos con las autoridades europeas. Los impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, algo bastante habitual en el sector, están también en estudio. “La Comisión es consciente de las cantidades sustanciales en impuestos y cotizaciones que los clubes profesionales españoles adeudan a las Administraciones”, aseguró a principios de año el propio Almunia en una respuesta al Parlamento Europeo.

El bombazo que soltó Margallo tuvo un efecto inmediato entre los afectados, excepto en la Comisión Europa, cuyos portavoces declinaron hacer comentarios. En un comunicado, la Liga de Fútbol Profesional dijo no tener constancia oficial sobre “la posible incoación de un expediente” y mostró su apoyo “incondicional y absoluto” a los clubes y sociedades anónimas deportivas. “Esta patronal manifiesta su profundo convencimiento de que sus actuaciones se han ajustado al acervo comunitario y al ordenamiento español”, añadió.

Cuando la Comisión anuncie esta semana el proceso de infracción, el Gobierno tendrá un mes para presentar unas alegaciones que, según el propio Margallo, ya están listas. Además, se abre un plazo de tres meses para que terceras partes presenten sus argumentos. Concluida esta fase, será el turno de Almunia o, si los plazos se alargan, de su sucesor al frente de Competencia en la nueva Comisión que se formará en noviembre.

http://deportes.elpais.com/deportes/2013/12/16/actualidad/1387211353_097209.html

y el Atletico??? jjajaja estos siempre se salvan

La marca España es la corrupcion y la ayuda a los que incumplen las leyes. No hay mas que decir.

Tranquilidad. ¿alguien cree que al Mandril o la barca les vaya a pasar algo? jajajaja. Esto no va a ninguna parte. En todo caso, si tienen que sancionar a alguien para dar ejemplo ya buscaran algo en el Málaga y lo sancionarán. Pero a los demás no les va a pasar absolutamente nada. Cosas mucho mas gordas que esa han pasado con los políticos y ahí están. Algunos hasta de Presidente de un país.

Por supuesto que no pasará nada mientras no están ahí los tontos del Málaga

VALENCIA CF

Bankia presenta sus armas en el segundo asalto en el juzgado por el aval

La entidad relata errores de forma y asegura que el sentimiento valencianista no es suficiente para tener la protección del derecho de competencia

El segundo asalto por el aval del IVF a la Fundación ha empezado. Después de que el TSJ ordenase el reinicio del proceso, los dos socios Valencia demandantes solicitaron a la jueza que vuelva a anular la garantía. Bankia, ya como parte de pleno derecho en el proceso, presentó ayer sus alegaciones. Ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Valencia, la entidad financiera relata errores de forma y presenta sus argumentos para concluir que no se debe proceder a la suspensión del aval.

El principal argumento es la ausencia de 'periculum in mora', es decir, que la no suspensión del aval no puede producir al demandante un daño inminente e irreparable. De hecho, Bankia asegura que la existencia o no de la garantía del IVF no afecta a los que piden su anulación.

Lo primero que apunta a este respecto es que el recurrente «se autoatribuye la defensa y la representación del interés general, que obviamente, no le corresponde defender, pues no existe acción popular en esta materia», según recoge el texto presentado ayer en el juzgado y al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.

Además, Bankia dice que se «invoca una protección en su condición de accionista y esta condición no está acreditada en autos» y se «invoca una norma de protección de la competencia entre empresas y no invoca siquiera su condición de empresario».

«Se comportan como defensores del interés de la sociedad Valencia CF», añade Bankia en sus alegaciones para sentenciar que si la anulación del aval la solicita «un socio» esto «no es suficiente para invocar para sí la protección del derecho de la competencia». La entidad financiera concluye que «no existiendo, pues, un interés específico legalmente protegido del que sea titular no puede existir el periculum in mora que denuncia pues su posición actual en la sociedad no se vería de modo alguna alterada por una hipotética ejecución del aval».

Otro de los argumentos de Bankia es que la anulación del aval no supone una ponderación de riesgos adecuada. El banco dice que «el peor escenario posible» es que se ejecute el aval y el IVF pague a Bankia y se quede las acciones. Apunta que el Instituto Valenciano de Finanzas podría recuperar el dinero vendiendo las acciones. Bankia añade que en caso de que se tuviera que revertir la situación es «una entidad financiera absolutamente solvente, por lo que no cabe la menor duda que devolvería las cantidades recibidas si fuera necesario».

Además, recuerda que si el IVF tiene que pagar el aval lo hará con fondos propios por lo que «carece de sentido plantear que el pago de este aval vaya a impedir efectivamente a la Administración autonómica atender los importantes servicios públicos cuya provisión le corresponde».

Bankia también alega un defecto de forma en la petición de anulación del aval. Asegura que la solicitud incurre en desviación procesal «y es inadmisible pues en vez de solicitar la cesación de la vía de hecho, que sería lo procedente de acuerdo con el objeto del recurso, pide la suspensión del acto impugnado cuando no existe acto alguno que haya sido impugnado». De hecho, el banco presidido por Goirigolzarri asegura que no se puede defender de un acto que desconoce «generando así indefensión a esta parte y alterando el objeto del recurso».

Por otra parte, Bankia pide que los recurrentes dejen una fianza de 2,4 millones de euros en caso de declararse la suspensión de aval como provisión de fondos por las pérdidas en las que incurriría la entidad en caso de que el juzgado tomara esta decisión.

Mientras Bankia presenta en el juzgado la alegación para evitar que se vuelva a suspender el aval del IVF que tiene el crédito que le concedió a la Fundación, el presidente de Valencia volvió ayer a reincidir en mostrar su más férrea oposición al proceso de venta en el que se encuentra el club.

«Que yo se sepa no hay un cartel de se vende. Nadie ha puesto el club el venta y Bankia no puede vender el Valencia porque no es el dueño. No hay que esperar a nadie porque el club no está en venta. Vamos a dejar las cosas claras y hablar con propiedad, no hay un cartel de se vende», enfatizó Amadeo Salvo, en la misma línea en que se pronunció durante la junta general del club.


http://valenciacf.lasprovincias.es/noticias/2013-12-17/bankia-presenta-armas-segundo-20131217.html

q listos son los del valencia, 1º decian el instituto valenciano no era l ageneralitat y q x eso el valencia no se financia con dinero publico y ahora q se les joden las cosas el instituto valenciano de finanzas no puede poner dinero xq la generalitata no va a recortar en educacion etc etc jaja q hijos de puta como cambian las versiones segun les interesa.

ahora tendrian q pagar y comerse el marron y algun valenciano cualquiera denunciar a los lumbreras de los politicos q concedieron esos avales (camps) y q los empuraran y les hicieran pagar q seguro q tienen su buen dinero escondido.

lo de las ayudas a equipos españoles hace meses q se viene hablando, me alegro de q lo investiguen y espero q no paren y ojito q esto viene de la comision europea, no desde madrid y hay mucha gente en el extranjero empujando x joderlos, a ver si hay suerte y les hacen devolver las ayudas y demas.