Los jueces obligan a readmitir al millar de trabajadores despedidos de la televisión pública autonómica

El Gobierno valenciano, que preside Alberto Fabra, ha decidido cerrar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que declara nulo el expediente de regulación de empleo en el ente público. Los gastos derivados de la readmisión del millar de despedidos superan los 40 millones de euros, una cantidad que la Generalitat considera que no puede asumir por la delicada situación financiera.

En un comunicado emitido esta tarde, el Consell afirma que tras la decisión judicial solo queda una vía: "Lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico".

La decisión se conoce horas después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) haya hecho pública la sentencia que declara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) ejecutado en Ràdio Televió Valenciana (RTVV), por el que fueron despedidos un millar de trabajadores.

La Generalitat Valenciana manifiesta en el comunicado que abordó el ERE anulado "dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una Administración más ligera y sostenible". "En el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat, superaba los 1.000 millones de euros. Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento", asegura.

Ante esta situación, el Gobierno valenciano destaca que abordó el ERE y promovió una nueva ley de RTVV que ha comenzado ya a privatizar el grueso de la programación, excluidos los informativos. El Consell limita su responsabilidad a estas dos decisiones y atribuye la ejecución del ERE "en exclusiva a la dirección de la empresa pública", que ahora dirige Rosa Vidal.

Ante la contundencia del fallo judicial, que anula el ERE por vulneración de derechos fundamentales, entre otros argumentos, el Consell alega que solo queda la vía del cierre de RTVV. "La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues solo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos".

La Generalitat, que no asume más intervención que la de plantear el ERE y crear una nueva RTVV, alega finalmente que su "obligación" es dar prioridad a "los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad".

Tras anunciarse el cierre, extrabajadores de RTVV se han manifestado ante el Palau de la Generalitat. Además, durante el informativo de las 20.30, los profesionales han leído un comunicado de rechazo a la clausura de la cadena y han acusado al Gobierno valenciano de "vileza" y "cobardía" por no buscar otra solución a la mala gestión de los responsables del ente.

Por su parte, la directora general de RTVV, Rosa Vidal, ha asegurado a representantes del comité de empresa que "ella no ha sido la interlocutora para cerrar" la televisión y la radio públicas, que se ha enterado "por la prensa" y que no "pilotará" la extinción de la entidad, para la que el PP prevé aprobar una modificación legislativa por vía "de urgencia".

Según han informado fuentes sindicales tras la reunión mantenida con Vidal, la directora general ha comunicado que el PP aprobará una ley para cerrar RTVV, una modificación legislativa que quiere tramitar "de urgencia, por lectura única" y que "irá seguida de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo".

Vulneración de derechos

El fallo de la sentencia dice que estima las demandas presentadas presentadas por CC OO, Intersindical, UGT y CGT: "(...) En consecuencia declaramos la nulidad de la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de su plantilla con derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo, condenando a la parte demandada a estar y pasar por la presente declaración".

En la argumentación de la sentencia, que es recurrible ante el Supremo, se alude a la vulneración de la normativa de los expedientes de regulación de empleo, así como de los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución.

El fallo ha supuesto un tremendo varapalo para la Generalitat y se produce justo cuando RTVV ha iniciado el proceso de privatización del grueso de su programación (a excepción de los informativos). Con una deuda financiera acumulada de 1.200 millones, el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ha reiterado durante la ejecución del ERE y la demanda contra el mismo que una sentencia de nulidad podría suponer el cierre de RTVV. El Gobierno valenciano ha tomado ya una decisión en ese sentido el mismo día del fallo.

Inicialmente, los despidos debían afectar a 1.198 trabajadores para que la plantilla se quedase con 480 empleados. Finalmente, se fueron a la calle mil personas, porque la nueva directora general, Rosa Vidal, rescató el pasado verano a 186 técnicos para que la televisión pudiera continuar emitiendo, sin quedarse en negro. La plantilla actual es de 676 trabajadores (40 con contratos parciales). La readmisión de los despedidos la volverá a situar en torno a los 1.700. La Generalitat deberá desembolsar los salarios de tramitación, en el caso de que no se presente recurso de casación.  

“En el caso que enjuiciamos", dice la sentencia, "falló y se omitió información relevante al desconocerse y no aportarse, al inicio del período de consultas, no sólo la lista de afectados sino los propios criterios de selección posteriormente aprobados”, dice el fallo. “Tampoco se hizo referencia alguna en las comunicaciones remitidas antes del mes de junio de 2013 a los trabajadores afectados de la concreta baremación llevada a cabo, según los criterios de designación aplicados”, continúa.

“Al final, la propuesta inicial del Consejo de Administración se convirtió en definitiva, y el ajuste se proyectó sobre un total de 1.198 contratos de trabajo con una propuesta de plantilla de 480 empleados distribuidos en los términos que aparecen en el hecho probado octavo de la presente sentencia. Dicha implantación extintiva ha resultado en definitiva ser inadecuada a la vista de los acontecimientos posteriores y que extensamente ya relatamos, viniendo a ratificar y a apoyar que los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano, y que no había margen alguno para aceptar ni asumir otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fueran el despido de más del 70 % de la plantilla”, agrega la sentencia.

Durante el juicio celebrado en octubre, además de cuatro sindicatos, la propia fiscalía pidió la nulidad del ERE al considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores. Y se pronunció contundentemente al término del juicio al afirmar que hubo “irregularidades” en el procedimiento y un trato “discriminatorio” con los trabajadores despedidos.

El fiscal apreció una de las cuestiones clave que los sindicatos habían puesto sobre la mesa para lograr la impugnación del ERE: las diferencias entre la lista de afectados (despedidos) del ERE, elaborada por una comisión evaluadora, y las modificaciones que luego introdujeron por diferentes motivos los tres últimos directores generales, José López Jaraba y Alejandro Reig, por una parte, y Rosa Vidal, por otra.

El fiscal resumió en una suerte de trabalenguas lo observado en dos días de juicio: “Hubo una alteración de la lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados”, y todo ello “con criterios subjetivos”, aunque la empresa habla de criterios “de oportunidad y operativos”. En definitiva, de este enredo fonético y semántico, “se desprende discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial” y “trato discriminatorio”, apostilló.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/05/valencia/1383648718_498928.html

Más gente al paro

demasiadas televisiones publicas

Es una barbaridad lo de los entes públicos, no se puede tener a 1700 empleados en una empresa que con 100 funcionaría perfectamente. La TV valenciana (y Canal Sur y todas estas) son nidos de enchufados del partido de turno. Habrá algunos profesionales necesarios para que funcionen, claro, pero el resto son enchufados que no hacen nada y cobran sueldos astronómicos.

Y pasa en muchos otros entes públicos, al servicio del poder de turno.

Pienso en el Valencia CF....uf....si han dejado caer el instrumento de propaganda politica del PP...

Esto escribia una presentadora de la RTVV...

Recuerdo cuando nos exigían grabar a Eduardo Zaplana de su perfil bueno. Y la oda que me encargaron sobre él cuando dejó la presidencia de la Generalitat Valenciana para ser ministro. También recuerdo la bronca y los gritos que me dedicaron cuando en ese video de retrospectiva Zaplana aparecía en una imagen con la tránsfuga que le había permitido hacerse con la alcaldía de Benidorm.

Recuerdo poco después, cuando de ser el Elegido, paso a ser en inmombrable. Cómo nos prohibieron que apareciera en los planos. Cómo buscaba perífrasis absurdas cuando no podía nombrarle en mis directos en los leones, a pesar de ser el portavoz del PP en el Congreso. Cuando Camps impuso su ley en Canal 9. Cuando nos dieron la orden de dejar de llamarle Francesc para que fuese llamado Francisco, coincidiendo con la época en que se postulaba como posible sucesor de Rajoy.

Cuando trataron de prohibirme que contase que Zaplana dejaba su escaño en el Congreso. Cuando me prohibieron decir que Zapatero había anunciado el cheque-bebé, como si de este modo los valencianos no fuesen a conocer la noticia. Cuando escribías ‘fracaso estrepitoso’ y te lo cambiaban por ‘éxito discreto’. Cuando nos desplegaron para loar las maravillas de Terra Mítica en su inauguración y no podíamos decir que no había ni una sombra. Cuando me reñían porque me salía el acento catalán ‘y eso molesta a los blaveros’.

También recuerdo cómo corría el cava en las plantas de dirección de Canal 9 en Burjassot las noches electorales de mayorías del PP, mientras que los redactores comíamos bocatas de salami. Cuando se pagaban directos millonarios para que Camps saliese hablando en directo en pleno Amazonas. Y los millones de veces en las que no me dejaron poner declaraciones de la oposición.

O de cualquier ciudadano que criticase al PP, o a la Generalitat. Y recuerdo también cuando nos prohibieron decir ‘recortes’. Tampoco pude decir que miles de manifestantes gritaban contra el gobierno. Los manifestantes no ‘colapsaban’el Paseo del Prado, la manifestación ‘transcurría por’. Y no poníamos pancartas explícitas contra Rajoy, ni contra el PP. Y fueron tantas, tantas, que un día empiezas a sentir vergüenza de trabajar para ellos.

Ahora se termina. Injustamente. Pero lo ganaron a pulso.

Leed bien eso que ha puesto Azaris, que para eso es lo que estan los canales autonomicos. No me agrada decir esto por la gente que trabaja alli y sus familias, a duras penas tienen ellos la culpa, pero las TV's autonomicas deberian cerrarlas todas, y haberlo hecho hace tiempo. Si no tienes dinero para tener cuentas equilibradas, esta' claro, no tienes dinero para Tv's, destinar dinero a eso y robar, es lo mismo. Educacion, Sanidad, Pensiones, Obra Social, Transporte Publico...y yasta...Todo lo demas sobra, que se gasten dinero en lo obvio y que se endeuden lo justo y lo necesario con eso, en vez de ROBAR y TIRAR el dinero.

Pues si, esta claro que hay otras prioridades.

De todas maneras lo de la RTVV es que era algo inconcebible. Llegaron a tener como ha comentado kiske, 1700 personas, ¡¡¡1700 personas!!! Ademas con unos sueldos bastante elevados. Para compararlo, es mas que la plantilla de A3, Tele5 y LaSexta juntas. Es de locos. Encima buena parte de ese incremento es por contrataciones de favor a la red clientelar del PP.

Si esto fuera un pais serio, ahora mismo (en realidad hace ya tiempo), estarian rodando cabezas politicas y pidiendose responsabilidades y dimisiones a tutiplen. Es una vergüenza.

Muy interesante lo que has puesto Azaris.

Lo que han callado muchos durante casi veinte años ahora lo están diciendo en estas horas", comentaba un analista valenciano sobre lo que estaba viendo en antena en Canal Nou, la clausurada emisora autonómica valenciana. El presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, sostiene como "innegociable" el drástico cierre de la RTVV por no asumir el coste de los 40 millones de euros que supondría la readmisión del millar de trabajadores afectados por el ERE tumbado por los tribunales. La cadena valenciana emitía en la tarde de ayer un especial en directo con los micrófonos en la calle para recibir el apoyo de sus paisanos y airear sonoros reproches contra los dirigentes de la Generalitat, mientras en pantalla aparecía la etiqueta #RTVVnoestanca (RTVV no se cierra). Lo nunca visto en este canal. Un apoyo masivo y caliente que dista de los datos de audiencia que cosechaba la RTVV, que en estos meses se ha hundido hasta el 3,8% de los espectadores. La cadena vivía entre el descrédito periodístico y la ruina económica acumulada en los 1.200 millones que ha lucido de déficit.

El resto de comunidades se distancian de la drástica situación de Valencia. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, analizaba que lo vivido en la RTVV es impensable en Canal Sur, que cuenta con un contrato programa rubricado por el actual Gobierno que se extiende hasta 2015. "Cuando no se gestiona bien lo público, se aboca a un servicio público al cierre", lamentaba Díaz ayer en Granada. La RTVA, a la que se le exige "un ajuste necesario" tras reducirse la subvención en 5 millones para 2014, está respaldada a medio plazo y la presidenta andaluza desmarca a la RTVA de lo sucedido con Canal Nou, con un déficit milmillonario. "La deuda y la gestión de las dos son distintas evidentemente y los resultados así lo demuestran", añadió. La corporación andaluza, que presentará un déficit sobre los 20 millones en este ejercicio, acumula 80 millones, según reconoció la propia presidenta. Una cifra que parte desde el otoño de 2008, cuando se creó la actual corporación y llegó a la dirección general Pablo Carrasco. La RTVA mantiene al día el pago de las nóminas a la plantilla y se ha pagado a los proveedores hasta fecha del 1 de abril de este año. El retraso del abono de las transferencias (la Junta pagará este año 118 millones a la RTVA, 113 en 2014) fue una de las razones de la dimisión de Carrasco cuando Díaz era consejera de Presidencia. Desde el PP andaluz se calmaban los ánimos y se pedían ayer medidas para corregir el déficit de Canal Sur y que el ente fuera una "empresa económicamente viable", señaló la parlamentaria Teresa Ruiz Sillero, apelando a lo que recoge el Estatuto de Autonomía.

Y al Estatuto Valenciano se remite la plantilla de la RTVV para defender la permanencia de esta cadena autonómica, nacida para ser difusora del valenciano, que no del catalán, de una TV3 que a finales de los 80 era una cadena muy seguida en tierras levantinas. Posteriormente se prohibió la señal catalana en el territorio valenciano.

La última directora general de la RTVV, Rosa Vidal, dimitía ayer, añadiendo más malestar la situación, "por falta de confianza en el Consejo" y porque no pensaba "pilotar la extinción". Vidal fue nombrada sólo con los votos populares y hacía dejación de funciones ante una plantilla que se sentía acorralada y tomaba el mando de la improvisada programación. Vidal se marchaba animando a los trabajadores a seguir "al pie del cañón".

El presidente de la Generalitat insistía ayer que el cierre de la RTVV no tiene marcha atrás y que el proceso "va a ser todo lo rápido que permita la legislación". Fabra subrayaba que no cuenta con los 40 millones necesarios para la readmisión dictada por el TSJCV y que ese dinero lo necesitan "para servicios sociales". "No vamos a cerrar ningún colegio ni hospital", justificó Fabra para no salvar la RTVV. El despido de toda la plantilla actual, sobre los 600 trabajadores, costará lo que suponía un año de emisiones, gasto que acometerá el Consell valenciano, defendiendo que allí se han hecho las cosas "lo mejor posible". "Canal Nou forma parte todos nosotros pero en esta situación todo el mundo ha tenido que renunciar a algo", culminó Fabra sobre su decisión, que ha sido "la más difícil" de su trayectoria política.

Desde el PSOE valenciano se pedía la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas.