EFE/Madrid Los ciudadanos que tengan que usar una ambulancia para trasladarse a un centro sanitario deberán pagar 5 euros por trayecto, aunque esta cantidad no será fija dado que se establecerán límites mensuales o semestrales para estos pagos en función de su renta o de si se trata de enfermos graves o crónicos.

Así lo recoge el borrador de la Orden que regula la cartera de servicios del transporte sanitario no urgente, es decir el que se requiere para "enfermos o accidentados que no se encuentran en una situación de urgencia o emergencia, y que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse" por su propios medios a un centro sanitario.

El texto, al que ha tenido acceso Efe, determina que los usuarios de ambulancias tendrán que abonar por trayecto el 10 % del mismo, que según Sanidad se fija en 50 euros, con lo que el ciudadano pagará 5 euros por viaje (5 de ida y 5 de vuelta).

Se establecen unos límites mensuales para la aportación del usuario en función de su renta.

Así, los asegurados o pensionistas y sus beneficiarios con una renta igual o superior a 100.000 euros pagarán un máximo de 60 euros mensuales; los que perciban entre 18.000 euros o 100.000 tendrán un límite de 20 euros al mes, y quienes ganen menos de 18.000 euros sólo abonarán como mucho 10 euros al mes.

Las personas que cuenten con regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por mutualidades de funcionarios también tendrán el límite de los 10 euros.

No obstante, si los casos citados anteriormente son enfermos que requieran traslados periódicos por un periodo superior a seis meses y con una frecuencia de al menos cuatro traslados semanales (dos de ida y dos de vuelta), pagarán lo mismo que los límites establecidos para un mes pero al semestre.

Estarán exentos de pagar el servicio de ambulancia los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados, las personas con rentas de integración social y con pensiones no contributivas además de los parados que no cobren ningún tipo de prestación.

Además, tampoco pagarán quienes necesiten tratamiento debido a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, dado que su financiación correrá a cargo de la mutua, aseguradora o entidad correspondiente.

El usuario de la ambulancia tendrá que hace el pago a la comunidad autónoma que se haga cargo del traslado.

Este texto ahora tendrá que ser evaluado por la Comisión Delegada de Sanidad y posteriormente por el Consejo Interterritorial, en el que participan todas las comunidades autónomas y el Ejecutivo.

Nueva vuelta de tuerca para los castigados bolsillos: los enfermos crónicos -no los urgentes- tendrán que pagar por acudir en ambulancia a recibir sus tratamientos. Pacientes en diálisis, con tumores, ancianos muy dependientes y enfermos terminales se cuentan entre los afectados. Cada traslado costará unos 5 euros -ida y vuelta supondrá 10 euros-, aunque hay topes en función de la renta y de la frecuencia en el uso de la ambulancia que rebajan esa cifra. Los límites se fijan en 10, 20 y 60 euros mensuales, según los ingresos. Para los pacientes que más tengan que utilizar las ambulancias esos serán los topes semestrales. Aunque si Si no hay marcha atrás, el próximo jueves el Gobierno central aprobará el copago del traslado sanitario no urgente. No obstante, la medida no será inmediata porque tiene un plazo de seis meses para aplicarse.

La decisión afectará a cerca de 1.000 pacientes diarios en la provincia, según las estimaciones del sector de Ambulancias de CCOO. Su responsable, Juan José del Campo, conductor de ambulancia, admite que puede haber habido cierto "abuso" en la utilización del servicio, pero añade: "Por una minoría que abusa va a pagarlo el resto". Según el borrador que el Gobierno llevará el próximo 20 de diciembre al Consejo Interterritorial de Salud, el traslado se calcula en 50 euros y el usuario deberá copagar el 10%: cinco euros. Cada trayecto es un traslado. De modo que ir y volver al hospital para un tratamiento costaría 10 euros. Pero, al igual que en el copago farmacéutico, se establecen topes. El límite será de 10 euros mensuales para los usuarios con rentas inferiores a 18.000 euros, de 20 para los que perciban entre esa cantidad y 100.000 euros, y de 60 si supera esos ingresos.

En el caso de que los traslados sean por un periodo superior a seis meses y con un mínimo de cuatro a la semana, el tope será el mismo -siempre de acuerdo a la renta-, pero el cómputo se hará de forma semestral, no mensual. Este punto reducirá el copago de los pacientes que deben acudir a diálisis tres veces a la semana y de por vida. Pero por poco que copaguen, las asociaciones de enfermos renales han sido las primeras en levantar la voz contra el proyecto del Gobierno. "Habrá pacientes que dejen de dializarse y eso supone la muerte. Hay enfermos que no pueden permitirse ni 10 euros", argumentó la presidenta de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), Josefa Gómez.

En la provincia hay unos 850 pacientes en diálisis, que son apenas una parte de los que se verán afectados por la orden que prepara el Ministerio de Sanidad. Personas con ictus hay unas 730 que también utilizan las ambulancias. Gómez indicó que debido a la crisis económica, Alcer hace periódicas recogidas de alimentos para ayudar a casi un centenar de esos enfermos. "Y cada día, la lista de esas personas es mayor. Si necesitan para comer, ¿cómo se van a pagar la ambulancia para acudir a diálisis?", se preguntó.

Aún no ha establecido un calendario, pero Alcer Málaga -al igual que el resto de las organizaciones de enfermos renales de España- ya está preparando movilizaciones para expresar su rechazo al copago del transporte sanitario no urgente. "Es un despropósito", insistió Gómez.

La medida se desprende del decreto aprobado en abril por el Gobierno. Pero hasta ahora no se había dictado la orden que debía desarrollar el apartado de transporte sanitario no urgente. El jueves que viene casi con seguridad tendrá la luz verde del Consejo Interterritorial de Salud. Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, hay un plazo de seis meses para su puesta en marcha. A diferencia del copago farmacéutico, en el transporte sanitario no urgente, los pensionistas no tienen un tratamiento más favorable. Sino que el copago se fija por la renta y por la frecuencia en el uso de la ambulancia.

Una sanitaria aclaró que el servicio no supone "utilizar la ambulancia como un taxi", sino que cuando algún paciente accede a la prestación es por criterio clínico y con la autorización de un médico. Según el borrador, habrá pacientes exentos de copagar. Entre ellos, los afectados por síndrome tóxico, los discapacitados con una prestación social, las personas que perciban una renta de integración, quienes reciban una pensión no contributiva y los parados que hayan agotado la prestación. La orden también fija el copago en productos dietoterapéuticos.

estar enfermos es un negocio para muchos y el estado no iba a dejar de comer ese trozo de tarta, ahora sale que protesis, sillas de ruedas y muletas tambien tienen que pagar un alquiler por usarlo

http://www.20minutos.es/noticia/1676874/0/sanidad/repago/protesis-sillasderuedas-muletas/

Ya no me quedan calificativos para esto

Entonces: ¿para que pagamos Seguridad Social de nuestra nómina?

Frente313 escribió:Entonces: ¿para que pagamos Seguridad Social de nuestra nómina?

eso deberia explicar la ministra

Este pais tiene los impuestos de Europa, pero no los sueldos de los europeos.

No entiendo como no hubo una revolución hace tiempo, los más pasivos del mundo