El compromiso trata de «contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas»

Las cajas de ahorros de suman a esta iniciativa hasta que se aplique la reforma de la normativa

Tras el triste suceso de la pasada semana, la Asociación Española de Banca (AEB) ha dado un paso al frente y ha anunciado este lunes, vía comunicado de prensa, el compromiso que han alcanzado sus asociados para paralizar los desahucios durante los dos próximos años. La noticia, sin embargo, tiene letra pequeña. Y es que la paralización se llevará a cabo "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". También se hace hincapié en que el compromiso, que ha sido trasladado ya al Ministerio de Economía y al Banco de España, se debe a "razones humanitarias".

"El contenido de este compromiso -indica la patronal bancaria - había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados, con el fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica". En las últimas horas, varias entidades financieras como Kutxabank o Caja Laboral han anunciado su decisión de suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria, ante la alarma social creada por la trágica muerte de una mujer el pasado viernes en Baracaldo cuando iba a ser desahuciada.

Poco después de conocerse esta información, el presidente de la AEB, Miguel Martín, ha afirmado que sus asociados consideran que existe "una demanda social" para que adoptaran decisiones sobre los desahucios. "La banca, que lleva mucho tiempo intentando adecuar las exigencias a las posibilidades financieras de las familias, (...) hemos considerado que, además, hay una demanda social para que hiciéramos algo con el tema de los lanzamientos (desahucios) hipotecarios", ha señalado. A modo de ejemplo de casos que podrían entenderse como de una situación de extrema gravedad, Martín ha citado circunstancias como "enfermedades graves, dependencia, elevada edad, hijos".

Las cajas de ahorros también se han sumado a la iniciativa de paralizar los desahucios para casos de viviendas habituales y colectivos vulnerables y hoy mismo han anunciado, mediante la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que la suspensión se aplicará hasta que entre "en vigor la reforma de la normativa en la que está trabajando el Gobierno y la oposición".

«Extrema necesidad»

En su comunicado, la AEB ha explicado que ya el jueves trasladó al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, el compromiso de sus asociados de "paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad. Previamente, el presidente de la AEB, Miguel Martín, se entrevistó con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, e informó al Gobernador del Banco de España.

La asociación ha asegurado que está "a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas" para dar su opinión sobre la reforma normativa que se está negociando. Precisamente, esta tarde se reúne en Moncloa el grupo de expertos que ha designado el Gobierno y el PSOE para tomar medidas urgentes que permita atenuar el drama social de los desahucios y plantear cambios normativos.


http://www.diariosur.es/rc/20121112/sociedad/banca-paralizar-durante-desahucios-201211121303.html

Ahora que se entiende por extrema necesidad.........

La suspensión temporal de los desahucios anunciada por numerosas entidades de crédito ha sido acogida con alivio por aquellas personas que están al borde de ser expulsadas de sus viviendas, pero eso no impide que estos ciudadanos sigan inmersos en una situación desesperada. Los bancos se han apresurado a enviar comunicados de prensa para dar la buena nueva ante la presión social surgida tras el suicidio de una mujer en el País Vasco, pero ahora hay que demostrarlo y muchos afectados no se lo creen hasta que no lo vean. Este es el caso de Francisco Cobos, un malagueño de 45 años que está sufriendo un auténtico calvario y que ayer mismo recogió una orden de desahucio de su hogar prevista para el 5 de febrero a las 9:30. "Si nos dan dos años más está bien pero igual dentro de dos años ya no vivo. Estoy desesperado y no sé que hacer. Estoy entrampado hasta que muera", lamentó este ciudadano.

Su historia empieza a ser, lamentablemente, común. Trabajaba haciendo labores de mantenimiento, especialmente fontanería y electricidad, en una urbanización en Marbella. "La cosa iba bien y en 2002 compré una casa mata en Ciudad Jardín", recuerda. Firmó una hipoteca de 48.000 euros con BBVA y otro préstamo de 60.000 euros para arreglarla, ya que el inmueble estaba muy deteriorado. Le refinanciaron la deuda y le dejaron una sola letra.

La empresa de mantenimiento empezó a hacer aguas, Cobos cayó enfermo y fue finalmente despedido. Recibió una indemnización de 13.000 euros y montó una cafetería junto a su mujer. Tuvo que pedir otro préstamo de 8.000 euros para el negocio familiar y, como el banco le tasó la vivienda en 213.000 euros, se lo incluyeron también en la hipoteca. La cafetería tampoco fue bien y las deudas se fueron acumulando. "Tuve que hablar con el banco porque no llegaba a final de mes, me refinanciaron otra vez la deuda y tuve que meter como avalista a mi hermana", señala. La bola creció de tal manera que de una hipoteca inicial de 48.000 euros a 20 años pasó a otra de 170.000 euros a 35 años.

En verano de 2010 se rompió la cuerda. No podía hacer frente a los pagos y negoció una salida con BBVA. Asegura que en el banco le ofrecieron la dación en pago siempre que abandonara la casa en 15 días, algo que hizo tras pedir prestado 1.500 euros a un amigo para irse a un alquiler. Seis meses después, Cobos denuncia que el banco se echó para atrás y le dijeron que no le daban la dación en pago.

El caso se trasladó al juzgado y la vivienda salió a subasta en febrero de 2012 por 133.000 euros. Quedó desierta y se la adjudicó BBVA por 107.000 euros, de forma que la entidad bancaria aún reclamaba a Cobos 63.000 euros por la hipoteca y otros 51.000 euros por todos los costes del proceso legal. "Estoy sin casa y encima les debo 114.000 euros", critica.

Cerró el bar, está en paro y no encuentra nada pese a echar currículos a diario. Su mujer trabaja por horas de cocinera en un restaurante y tiran con eso, aunque es claramente insuficiente para alimentarse la pareja y sus dos hijos de 10 y 12 años. Cobos lamenta que también le quieren embargar las nóminas a su hermana y su cuñado. "No les digo nada a mis niños por no preocuparlos pero me preguntan todos los días qué me pasa, me dicen que estoy raro", añade.

El caso de Josefa Cobos -es el mismo apellido pero no tiene relación con Francisco- es también dramático. Tiene una minusvalía del 65% por problemas psíquicos y del hígado y la van a desahuciar mañana miércoles de su vivienda en la calle Guadalén en La Palma Palmilla. Dada su delicada situación de salud, se apoya completamente en su vecina, Manuela Reyes, que se ha convertido en sus dos manos y le está ayudando en todo. Reyes señala que su vecina llegó al edificio hace cuatro años en régimen de alquiler. Pagaba sus cuotas mensualmente hasta que se dieron cuenta de que la propietaria tenía la casa embargada. Fueron a juicio y el juez decidió poner el inmueble a nombre de Josefa Cobos. Ésta, que invirtió 18.000 euros en arreglar la vivienda, reclamó pagar un alquiler al banco pero, según Reyes, la entidad financiera lo ha rechazado y ahora quiere desahuciarla. "Yo le he recomendado que cierre su puerta y que no se vaya", afirma su preocupada vecina.

José Antonio Sau La presión popular ha empujado a los distintos actores con un papel en el drama de los desahucios a ponerse de acuerdo: el Gobierno y el PSOE negociaron ayer hasta altas horas de la madrugada un paquete de medidas para parar los desalojos, propuestas que se aprobarán este jueves, al menos las más urgentes; y los bancos y las cajas han pasado por el aro paralizando los desahucios hasta que el Ejecutivo de Rajoy y la oposición socialista sellen un Pacto de Estado para cerrar la sangría social que supone echar a una familia de su residencia habitual.

La Asociación Española de la Banca (AEB) fue la primera en anunciar la medida por boca de su presidente, Miguel Martín, un hombre que se prodiga poco en apariciones públicas y entrevistas: los bancos paralizan dos años los desahucios que por razones humanitarias y caso por caso afecten a personas que estén en situación de extrema necesidad. ¿Qué es eso de extrema necesidad? «Enfermedades graves, dependencia, elevada edad, hijos», dijo.

Es decir, que a la gran clase media, la más asaeteada por las medidas del Gobierno y golpeada por la crisis, esta iniciativa le toca de soslayo. «La banca lleva mucho tiempo intentando adecuar las exigencias a las posibilidades financieras de las familias; hemos considerado que, además, hay una demanda social para que hiciéramos algo en el tema de los lanzamientos hipotecarios», precisó.

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), por su parte, paraliza los desahucios para casos de viviendas habituales y colectivos vulnerables hasta que entre en vigor la reforma que cocinan ahora Gobierno y oposición. Fuentes de Unicaja recordaron ayer que desde hace tiempo se mantiene una «especial vigilancia» para evitar que se produzcan desahucios de clientes en casos justificados por circunstancias familias o económicas. Para ello, y antes de que un piso puede entrar en subasta, la entidad negocia con el cliente para buscar refinanciaciones, daciones en pago, alquileres sociales o moratorias.

En Málaga, se produjeron entre enero de 2011 y junio de 2012 más de 5.600 ejecuciones hipotecarias, lo que quiere decir que ésa es la bolsa de población susceptible de ser desahuciada en los próximos meses y a los que las medidas del Gobierno podrían suponer un auténtico balón de oxígeno al borde del precipicio. Entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre, han sido desahuciadas 15 personas cada día en la capital. Otro dato: en el primer semestre de 2012, hubo 48.213 ejecuciones hipotecarias en España, lo que supone un crecimiento del 14,1% en relación al mismo periodo de 2011.

Expertos del PSOE y del PP se encerraron ayer en La Moncloa para llegar a un acuerdo sobre los desahucios: fuentes socialistas aseguraron que la idea era consensuar el texto ayer mismo, pero que modificar cinco leyes –tomando como base la Ley de Segunda Oportunidad presentada por el PSOE– es difícil.

El Gobierno tiene previsto aprobar pasado mañana un decreto sobre las medidas más urgentes que se tratan en estas reuniones. Si en los próximos días no hay acuerdo, seguirán trabajando para dar luz verde a esas propuestas en el Consejo de Ministros del 23 de noviembre.
La preocupación es tal que ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, confió en que se tomen decisiones «para que ninguna familia de buena fe pueda quedarse sin techo». El PSOE, por su parte, pidió perdón a través de su cuenta de Twitter por no haber legislado en tal sentido durante los siete años que ha gobernado. El propio secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido errores.

Pero la nueva legislación se enfrenta a retos: ¿qué pasa con los que ya han sido desahuciados? El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, consideró ayer «complicado» que la normativa en construcción se aplique de forma retroactiva.

La presión de movimientos sociales como el 15-M o de colectivos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha sido decisiva para que PSOE y PP aproximen posturas ante el problema. Los suicidios de dos propietarios desahuciados han sido la gota que ha colmado el vaso. Jueces y abogados han instado, incluso, a matizar la Ley Hipotecaria para evitar nuevos desahucios, y un sindicato policial incluso respaldará a los agentes que no participen en desalojos.

Algunos ayuntamientos se han rebelado: Marbella destinará 20.000 euros a familias con estos problemas; en Montoro (Córdoba), la Policía Local no participa en lanzamientos, al igual que en Zaragoza, y el Consistorio de Vigo considerará el desahucio como una de las causas de resolución de los contratos que firme a partir de ahora con bancos y cajas.

El problema va estar en que tienen que atarlo todo muy bien. Porque como no lo hagan en condiciones siempre habrá algún caradura que aún pudiendo pagar su hipoteca deje de hacerlo amparándose en que no puede hacer frente a los pagos. Con lo cual hay que dotar a los jueces y policia judicial con los argumentos suficientes para actuar rapidamente en estos casos, así las personas que realmente están necesitadas se sentirían mejor amparados.

Siempre habrá picaresca, habría que analizar cada caso individualmente.

El tercer día de reuniones entre el PSOE y PP para buscar una solución al drama de los desahucios terminó anoche de nuevo sin un acuerdo total. Sin embargo el Gobierno aprobará este jueves el real decreto con medidas para frenar los embargos a las familias que tengan una renta menor de 19.000 euros.

El PSOE ha dejado pendiente sumarse al plan que aprobará hoy el Consejo de Ministros. A pesar de la decisión de los socialistas, fuentes del Ejecutivo han destacado que ha habido avances en las negociaciones.

En su proposición de ley, el Grupo Socialista planteaba que el umbral máximo de renta para evitar los desahucios se fijara en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, conocido como IPREM, aunque en la mesa de negociación han manifestado que ese umbral debía estar entre el 2,5 y el 3.

En concreto, el IPREM con 12 pagas asciende a 6.390 euros al año, lo que multiplicado por tres veces arroja la cantidad de 19.170 euros. Se trata de una cifra muy similar a la planteada por el Gobierno, que había referenciado ese umbral con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y había propuesto que fuera de 2,5 veces el SMI, que es de 7.692 euros al año.

Fuentes del Ejecutivo han asegurado a Europa Press que el PSOE ha aceptado la propuesta del Gobierno para que ese umbral de renta sea 3 veces el IPREM o, lo que es lo mismo, el equivalente a dos veces y media el SMI. Ambas partes mantenían posturas muy cercanas en este punto, lo que ha facilitado el acuerdo.

El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargo.