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Alaya implica a abogados de los bufetes Garrigues y Villasís y a directivos de la consultora Vitalia
La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa a los dos sucesores de Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. Los imputados son el actual director general, Daniel Rivera, y su antecesor, Juan Márquez. La magistrada ha citado el 23 de febrero a Guerrero para que preste declaración. El exresponsable de Trabajo implicó ayer a los exconsejeros en el caso.
Daniel Rivera esta imputado por la tramitación de una ayuda de 175.998 euros para la empresa Surcolor. "Se deduce que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente [Rivera y Márquez] que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor". De esta forma, la juez entiende que los directores generales deberían haberse percatado de la presencia de dos intrusos en el expediente.
En un auto conocido hoy, la juez Alaya imputa a Márquez por autorizar la inclusión de un intruso (persona ajena a la empresa beneficiaria de ayudas) en un ERE. Este intruso era el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, quien se fue prejubilado como empleado de Calderinox, pese a que nunca trabajó en dicha empresa. Rodríguez Cordobés también figura como imputado en el último auto de la juez
Además de a Márquez, la juez Alaya ha abierto el frente de las consultoras que tramitaban los ERE, que llegaron a recibir comisiones del 25% por su trabajo. Así, ha imputado al ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, y a al exconsultor de esta empresa Jesús Bordallo. La juez ha imputado también a Uniter, la otra consultora con la que ha trabajado la Junta de Andalucía.
Otra línea abierta por la juez Alaya se refiere a los despachos de abogados que participaron en la tramitación de los ERE. Así, en el auto conocido hoy, la magistrada imputa a dos abogados del bufete Garrigues y a otros dos del bufete Villasís.
Las imputaciones también se extienden a dos dirigentes de Comisiones Obreras en el sector del metal (Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca) y a los responsables de cinco empresas (Acyco, Río Grande, Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell).
Otra línea de investigación se refiere a siete empresarios por su presunta implicación en la trama de ayudas fraudulentas a empresas en crisis. Entre ellos figuran, entre otros, Encarnación Poto, de Acyco, Luis y Jorge Andrés Morell, de Aglomerados Morell.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/27/andalucia/1327679070_265195.html
La juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa a los dos sucesores de Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. Los imputados son el actual director general, Daniel Rivera, y su antecesor, Juan Márquez. La magistrada ha citado el 23 de febrero a Guerrero para que preste declaración. El exresponsable de Trabajo implicó ayer a los exconsejeros en el caso.
Daniel Rivera esta imputado por la tramitación de una ayuda de 175.998 euros para la empresa Surcolor. "Se deduce que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente [Rivera y Márquez] que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor". De esta forma, la juez entiende que los directores generales deberían haberse percatado de la presencia de dos intrusos en el expediente.
En un auto conocido hoy, la juez Alaya imputa a Márquez por autorizar la inclusión de un intruso (persona ajena a la empresa beneficiaria de ayudas) en un ERE. Este intruso era el ex delegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, quien se fue prejubilado como empleado de Calderinox, pese a que nunca trabajó en dicha empresa. Rodríguez Cordobés también figura como imputado en el último auto de la juez
Además de a Márquez, la juez Alaya ha abierto el frente de las consultoras que tramitaban los ERE, que llegaron a recibir comisiones del 25% por su trabajo. Así, ha imputado al ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, y a al exconsultor de esta empresa Jesús Bordallo. La juez ha imputado también a Uniter, la otra consultora con la que ha trabajado la Junta de Andalucía.
Otra línea abierta por la juez Alaya se refiere a los despachos de abogados que participaron en la tramitación de los ERE. Así, en el auto conocido hoy, la magistrada imputa a dos abogados del bufete Garrigues y a otros dos del bufete Villasís.
Las imputaciones también se extienden a dos dirigentes de Comisiones Obreras en el sector del metal (Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca) y a los responsables de cinco empresas (Acyco, Río Grande, Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell).
Otra línea de investigación se refiere a siete empresarios por su presunta implicación en la trama de ayudas fraudulentas a empresas en crisis. Entre ellos figuran, entre otros, Encarnación Poto, de Acyco, Luis y Jorge Andrés Morell, de Aglomerados Morell.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/27/andalucia/1327679070_265195.html
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