Economía intercede para evitar el impago de un vencimiento de 123 millones

“Teníamos un vencimiento y lo hemos solucionado. Y punto”


El Estado ha salido por primera vez al rescate de una comunidad autónoma para evitar su asfixia financiera. En sus primeros días de Gobierno, el equipo económico de Mariano Rajoy ha tenido que ayudar a la Comunidad Valenciana, la más endeudada de España, para que pudiera hacer frente a un vencimiento de deuda que no podía atender por falta de recursos. Fuentes de la Consejería de Economía lo confirmaron ayer y aseguraron que la deuda —123 millones contraídos con el Deutsche Bank— ya estaba solventada: “Pagada está”. ¿Pero la ha avalado el Tesoro Público? “En este caso, sí”, respondieron estas fuentes.

Otras fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguran con contundencia que en ningún momento el Tesoro ha avalado a la Generalitat valenciana. La clave reside en que la solución arbitrada no supone un aval formal, pues la ley impide que el Tesoro español garantice de ese modo el pasivo autonómico. Se trata, según explican fuentes de la anterior administración de Economía y Hacienda, de un aval verbal. Es decir, el Tesoro intercede para que otra entidad financiera conceda un préstamo a corto plazo a la Generalitat valenciana que permita hacer frente a la amortización de deuda pendiente con el Deutsche Bank. El plazo para devolverla vencía el pasado 27 de diciembre y la entidad concedió un pequeño aplazamiento hasta que se encontrara una solución. Esa solución llegó y la deuda está ya liquidada, según confirmó la Generalitat.

Pero los problemas financieros de la Comunidad Valenciana distan mucho de estar solucionados con esa maniobra de Economía. Así, más allá de esa operación, Hacienda puso en marcha un adelanto de las cantidades que entrega mensualmente a todas las comunidades a cuenta de la recaudación fiscal. La primera de esas partidas —se liberan dos veces al mes como parte del sistema de financiación autonómica— debía abonarse a mediados de enero, pero se hicieron las gestiones pertinentes para que estuviera lista ayer mismo, 3 de enero. El equipo de Hacienda que gestionó esta solución excepcional incluso llegó a barajar dejar a deber la nómina a los funcionarios autonómicos a cambio de hacer frente al vencimiento de la deuda, pero finalmente se decidió abonar la paga de los empleados públicos y dejar temporalmente el vencimiento de la deuda.

La comunidad tiene problemas para pagar nóminas y gastos farmacéuticos

Las fuentes de la Generalitat consultadas, que no quisieron cuantificar el importe de ese pasivo, rechazaron que el apoyo del Tesoro supusiese la intervención de la comunidad. “Se trata de un instrumento que está a disposición, como los del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a los que otras veces hemos recurrido”, apuntaron, aunque esta versión contradice la expresada por el Ministerio de Economía. “Teníamos un vencimiento y lo hemos solucionado. Y punto”, zanjaron.

Una deuda con vencimiento a finales de diciembre, según adelantó ayer el diario digital Vozpópuli, que no figura en el boletín de información a los inversores correspondiente al segundo trimestre que publica el Instituto Valenciano de Finanzas. Un experto consultado explica que la deuda a la que no ha podido hacer frente la Generalitat en solitario puede ser un crédito a corto plazo (un par de meses) solicitado recientemente, después de publicarse el informe del Instituto Valenciano de Finanzas.

El caso es que el mercado financiero se ha ido cerrando cada vez más a una Administración atenazada por los problemas financieros y a la que cada vez le cuesta más pagar. La comunidad tiene problemas para hacer frente a los compromisos financieros, a las nóminas de los funcionarios, al gasto farmacéutico... Es probable, por tanto, que la ayuda prestada estos días no sea la última.

El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, ya lo avisaba en una entrevista con EL PAÍS en septiembre pasado, preguntado por la deuda con los proveedores: “Sin la ayuda del Estado no podré pagar nunca”. Un apoyo que ha venido a través del ICO y que ahora ha requerido la intervención del Gobierno para conseguir un préstamo que permita satisfacer otro.

En la entrevista, el consejero describía con una naturalidad que quizá sorprenda al ciudadano no experto la manera en la que ha funcionado la Generalitat durante los años de Gobierno del PP: “Si no hubiera sido por la deuda, no habría habido inversión, no tendrías los campus de las universidades, no tendrías hospitales, no tendrías colegios, no tendrías la ciudad de las Artes y las Ciencias, no tendrías el aeropuerto de Castellón...”.

Pero los problemas de liquidez del mercado, unidos a la desconfianza sobre las cuentas autonómicas, llegaron, ya con las arcas públicas valencianas llenas de telarañas, a finales de año, con la última emisión de los bonos patrióticos emitidos por la Generalitat. De un lanzamiento previsto de 1.800 millones de euros, la Administración valenciana solo consiguió colocar 1.058 millones. Las alarmas saltaron entonces con fuerza.


La comunidad mas corrupta de España y gobernada por el PP.


http://politica.elpais.com/politica/2012/01/03/actualidad/1325626568_377324.html

Desde luego que vergonzoso

Luego a echarle la culpa de todo a Zapatero. Aquí está el ejemplo.

Claro que toda la culpa no es de Zapatero

Luego dicen que lo de camps solo fueron 3 trajes.

Y otra cosa la comunidad valenciana no fue el ejemplo que Rajoy puso en el debate de buena gestión del PP? pues no me quiero imaginar las malas...

la Comunidad Valenciana es ejemplo de todo lo contrario, de una pésima gestión

El Consell presenta diez medidas que afecta a los funcionarios para ahorrar 271 millones

Se reduce a 25 horas la jornada laboral de los interinos, cobrarán el 80% de una baja (ahora es el 100%), y se eliminan los días moscosos y vacaciones por antigüedad

La Generalitat ha presentado diez medidas de recortes en la reunión de la Mesa General de la Función Pública para ahorrar 271 millones de euros. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, ha detallado las diez medidas que afectarán a los funcionarios interinos de la Generalitat, un plan de ajuste que se incluye en el decreto ley que aprobará el Consell dentro de las políticas de ahorro que anunció Fabra en año nuevo con la intención de reducir el gasto en 1.000 millones de euros.

1- La primera de las medidas es la reducción de la jornada de los interinos y laboral temporal, que pasarán a trabajar lo que correspondería a cinco mañanas, por lo que se reduce a 25 horas. En Sanidad y Justicia esto afecta al 5% del personal. El ahorro previsto en esta partida es de 16,1 millones, más 13,6 millones en Sanidad y 500.000 euros en Justicia.

2- La segunda medida afecta al personal docente interino de educación, así como especialistas y profesores de religión, que cobrarán la nómina hasta el 30 de junio y no se les pagará la de los meses de verano. El ahorro previsto es de 32 millones.

3- No se cubrirá el 100% de la baja temporal y sólo se pagará el 80%. El ahorro es de 18,5 millones de euros.

4- La suspensión del plan de pensiones para los funcionarios, con un ahorro de 15,5 millones de euros.

5- Los sexenios en Educación quedarán congelados y se reducirá su importe en un 50% de los que ya lo cobran. El ahorro previsto es de 67,5 millones de euros.

6- Reducción de jornada del personal docente tanto funcionario como interino. Permitirá ahorrar 400.000 euros.

7- La rebaja en un 50% de carrera y desarrollo profesional de Sanidad, con un ahorro de 86,5 millones.

8- La eliminación de las ayudas sociales como las destinadas a compra de gafas permitirá un ahorro de 6,3 millones de euros.

9- Se suprimen los días moscosos y las vacaciones por antigüedad

10- No se va a permitir que nadie prorrogue su trabajo más allá de la fecha de jubilación.

Los cinco sindicatos presentes en la mesa de negociación se han levantado de la reunión, rechazado las medidas propuestas por el Consell y anunciado próximas movilizaciones. El conseller, por su parte, ha anunciado que todo este plan de ajuste se aplicará en los próximos dos años.



http://www.lasprovincias.es/20120104/mas-actualidad/politica/interinos-jornada-consell-moscosos-201201041322.html

Es vergonzoso, que se recorten ellos todos los privilegios que tienen

El aeropuerto sin aviones de Castellón ha gastado 30 millones en publicidad

La firma Aerocas mantuvo el gasto en patrocinio pese a entrar en déficit

El aeropuerto de Castellón no ha comenzado a operar y su futuro es más incierto que nunca después de que la Generalitat haya roto el contrato con la concesionaria que debía hacerse cargo de su explotación. Pese a ello, desde que en el año 2003 se iniciaron los trámites para su construcción, la empresa Aeropuerto de Castellón (Aerocas S. L.), propiedad del Gobierno valenciano y de la Diputación de Castellón, ha gastado más de 30 millones de euros para darse a conocer a través de patrocinios deportivos, publicidad y ferias.


Un gasto que ha sido objeto de reproche continuo por la Sindicatura de Comptes [el Tribunal de Cuentas autonómico] que señala que todas las contrataciones se han realizado "sin acreditar la necesidad del gasto ni la determinación del precio del contrato" y sin analizar el posible beneficio para el aeropuerto. Aerocas admite que no puede determinar este retorno económico pero asegura que la publicidad era necesaria para atraer turistas y aerolíneas.

La pasada semana, el actual presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció que este año no se promocionará el aeropuerto en Fitur porque hay que promocionar "lo que se tiene y no lo que se va a tener". Pero hasta la fecha, Aerocas ha gastado más de 30 millones en contratos para publicitar lo que aún no se ha puesto en marcha. Y tras la ruptura del contrato con la concesionaria, el inicio de los vuelos está más en el aire que nunca y la instalación se está dando a conocer por ser un aeropuerto sin aviones.

Aerocas se constituyó en enero de 2003 y ese año se hizo el primer desembolso: 62.800 euros en patrocinio de un torneo de golf y en la presentación del proyecto. El aeropuerto ni había comenzado a construirse. La inversión en publicidad creció rápidamente a partir de 2004 con los patrocinios deportivos del Villarreal CF y el CD Castellón.

A pesar de la mala marcha de Aerocas, que entró en 2006 en números rojos, los patrocinios se mantuvieron. Es más, este gasto se duplicó en 2008 y 2009 hasta llegar a los 7,75 millones de euros. En 2010, el último ejercicio auditado, Aerocas gastó 4,36 millones en patrocinio y cerró con un déficit de 31 millones.

En la actualidad, Aerocas mantiene la construcción, con un coste de 300.000 euros, de la escultura de bronce de 25 metros de altura y 20 toneladas inspirada, según el escultor Juan García Ripollés, en el impulsor del aeropuerto, el presidente provincial del PP Carlos Fabra, y ubicada en la rotonda de acceso al aeropuerto.



http://politica.elpais.com/politica/2012/01/07/actualidad/1325966593_530534.html

Canal 9 anuncia un ERE a sus trabajadores

RTVV confirma que convocará un concurso para que una empresa marque los principios de la reducción de la plantilla

Dobló su plantilla y multiplicó la deuda por 40 con la gestión del PP

Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha anunciado este mediodía finalmente que va a recurrir a un expediente de regulación de empleo (ERE) para reducir una plantilla que alcanza alrededor de 1.800 trabajadores. Según ha confirmado CC OO, el secretario general del ente público, Juan Prefaci, ha convocado a los sindicatos integrantes del comité de empresa para explicarles que Canal 9 reducirá su plantilla, aunque negó las informaciones aparecidas en las que se llega a cifrar entre 1.000 y 1.300 el número de los trabajadores afectados.


Prefaci ha informado a los trabajadores que se ha convocado para este miércoles una reunión del consejo de administración de RTVV, en el que la dirección de la empresa explicará que se va a convocar un concurso público para contratar a una empresa externa que se encargue de elaborar las condiciones del ERE. Según CC OO, la empresa que gane el concurso recibirá 190.000 euros para "determinar cuántos trabajadores de las empresas del grupo se van a tirar a la calle".

También recuerda el sindicato que en 2010 el consejo de administración encargó un estudio a Price Waterhouse para determinar la viabilidad de una empresa que ya acumula más de 1.200 millones de deuda. "No hay manera de verificar qué es lo que dice ese informe", se queja CC OO.

"Estamos en contra de cualquier media que implique la reducción de empleados", ha denunciado Ignacio Ángel, representante de CC OO en el comité de empresa, "no nos sentimos responsables de la situación económica de RTVV, sino que la culpa es del actual equipo directivo". CC OO recuerda que la propia Sindicatura de Comptes es la que ha denunciado "una gestión más que discutible y bastante nefasta". Por eso se queja de que sean los trabajadores quienes paguen los platos rotos sin que "nadie en el actual equipo directivo se haga responsable".

Antes de conocerse la reunión de los responsables de RTVV con los sindicatos, el síndic socialista, Jorge Alarte, ha denunciado que en el caso de Canal 9 el PP no tiene "ninguna voluntad de pacto, solo de mentir y mentir". Alarte se ha referido así al fax "de tres folios lleno de vaguedades" que envió la exvicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, con el que el PP pretende modificar la ley de creación de RTVV. Alarte también se ha referido al informe de Price Waterhouse: "Lo hemos pedido reiteradamente y se nos ha negado de forma sistemática, a pesar de estar financiado con dinero públiico".


http://www.elpais.com/articulo/espana/Canal/anuncia/ERE/trabajadores/elpepuesp/20120109elpepunac_7/Tes

Menudo desastre

NO veas como están las cosas por la Comunidad Valenciana.

Como eso sea lo que nos espera a los demás apañaos estamos.

el ejemplo de política económica pepera nos cuesta el dinero a todos los españoles...

El presidente valenciano, Alberto Fabra, acosado por los problemas de liquidez, se ha visto abocado a tomar dos decisiones que a priori no estaban en el ideario del PP: subir los impuestos y reducir el salario de los funcionarios. Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había prometido en campaña no tocar los tributos, el Gobierno valenciano aseguró ante los sindicatos que no iba a recortar salarios a los trabajadores públicos. Ahora impone un recorte de 258,2 millones de euros que afecta sobre todo a los funcionarios del sector sanitario, a los de la educación y a los interinos y trabajadores temporales.

Un punto más para el tramo del IRPF de entre 120.000 y 175.000 euros

En el paquete impositivo, con el que Fabra espera recoger 238 millones de euros anuales de manera excepcional durante dos años, destaca la subida del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF). No tanto por su cuantía, ya que solo proporcionará 48,2 millones extras, sino por la pérdida de importantes deducciones. Así, la Generalitat elimina la desgravación por compra de vivienda y limita otras con una recaudación prevista de 20 millones. En cuanto a la subida directa del tramo autonómico del IRPF, se ha limitado a incorporar dos nuevos tramos, correspondientes a las rentas más altas, que ya estaban previstos en el tramo estatal. Hasta ahora, a las rentas superiores a 53.407 euros de base liquidable se les imponía un tipo único del 21,5%. Con el nuevo decreto ley aprobado por Fabra, se incorporan dos nuevos tramos. Uno para rentas de entre 120.000 y 175.000 euros, que según los últimos ejercicios afectará a alrededor de 9.000 ciudadanos, a quienes se aplicará un punto más, hasta 22,5%. Y otro para rentas superiores a 175.000 euros, con 4.600 asalariados afectados, a quienes se aplicará un tipo del 23,5%. Una subida simbólica dado que Cataluña ya hace un año subió sus tramos correspondientes al 23,5% y al 25,5%.

Otro punto para las rentas superiores a 175.000 euros, con 4.600 asalariados

Otros impuestos que ha subido son el denominado céntimo sanitario, que se lleva a su límite máximo, con 4,8 céntimos por litro de carburante para recaudar 98,11 millones, y el impuesto de transmisiones patrimoniales, que aportará 62 millones extras.

Fabra anunció el 1 de enero un tijeretazo a los Presupuestos que iba a suponer un colchón de 1.057 millones. Pero el decreto ley incluye, por ahora, medidas que suponen menos de la mitad del ajuste previsto. En el texto no aparecen ni la anunciada remodelación del sector público empresarial (121,3 millones) ni la contención del gasto sanitario (440).

Fabra sube el IRPF y la gasolina y recorta el salario de los funcionarios

El tijeretazo valenciano se reduce a la mitad de los 1.057 millones anunciados


El presidente valenciano, Alberto Fabra, acosado por los problemas de liquidez, se ha visto abocado a tomar dos decisiones que a priori no estaban en el ideario del PP: subir los impuestos y reducir el salario de los funcionarios. Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había prometido en campaña no tocar los tributos, el Gobierno valenciano aseguró ante los sindicatos que no iba a recortar salarios a los trabajadores públicos. Ahora impone un recorte de 258,2 millones de euros que afecta sobre todo a los funcionarios del sector sanitario, a los de la educación y a los interinos y trabajadores temporales.


En el paquete impositivo, con el que Fabra espera recoger 238 millones de euros anuales de manera excepcional durante dos años, destaca la subida del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF). No tanto por su cuantía, ya que solo proporcionará 48,2 millones extras, sino por la pérdida de importantes deducciones. Así, la Generalitat elimina la desgravación por compra de vivienda y limita otras con una recaudación prevista de 20 millones. En cuanto a la subida directa del tramo autonómico del IRPF, se ha limitado a incorporar dos nuevos tramos, correspondientes a las rentas más altas, que ya estaban previstos en el tramo estatal. Hasta ahora, a las rentas superiores a 53.407 euros de base liquidable se les imponía un tipo único del 21,5%. Con el nuevo decreto ley aprobado por Fabra, se incorporan dos nuevos tramos. Uno para rentas de entre 120.000 y 175.000 euros, que según los últimos ejercicios afectará a alrededor de 9.000 ciudadanos, a quienes se aplicará un punto más, hasta 22,5%. Y otro para rentas superiores a 175.000 euros, con 4.600 asalariados afectados, a quienes se aplicará un tipo del 23,5%. Una subida simbólica dado que Cataluña ya hace un año subió sus tramos correspondientes al 23,5% y al 25,5%.


Otros impuestos que ha subido son el denominado céntimo sanitario, que se lleva a su límite máximo, con 4,8 céntimos por litro de carburante para recaudar 98,11 millones, y el impuesto de transmisiones patrimoniales, que aportará 62 millones extras.

Fabra anunció el 1 de enero un tijeretazo a los Presupuestos que iba a suponer un colchón de 1.057 millones. Pero el decreto ley incluye, por ahora, medidas que suponen menos de la mitad del ajuste previsto. En el texto no aparecen ni la anunciada remodelación del sector público empresarial (121,3 millones) ni la contención del gasto sanitario (440).



http://politica.elpais.com/politica/2012/01/09/actualidad/1326143998_484011.html

vaya tela...

a la caza del funcionario

Tierra de saqueo

La Comunidad Valenciana se ha hundido. Con la mayor deuda de España, sin bancos ni cajas propios, con gravísimos casos de corrupción y un presidente dimitido y en el banquillo, la tierra que un día fue próspera y envidiada se ha convertido en el símbolo del desvarío político y la mala gestión. Esta es la historia de su caída


http://www.elpais.com/articulo/reportajes/desvario/elpepusocdmg/20120115elpdmgrep_1/Tes

El aeropuerto de Castellón 'tapaba' una recalificación para 40.000 viviendas

El empeño aeroportuario de Carlos Fabra iba unido a la atracción de 600.000 turistas, doce campos de golf y un nuevo parque temático

Carlos Fabra quería un aeropuerto en Castellón. Y lo consiguió. Sin aviones, con un coste cercano a los 200 millones de euros (de ellos, unos 70 a cargo del erario público), pero con una estatua que ensalza la personalidad de su inspirador. Empezó la casa por el tejado. En realidad, el aeropuerto era una excusa para poner en marcha otros proyectos. Y muchos le siguieron, le aplaudieron, se unieron al coro de los que defendían el aeropuerto como quien defiende el progreso.


El aeropuerto de Castellón se argumentó como la forma de afianzar la economía de una provincia con escaso desarrollo turístico, disminuida en lo agrícola y centrada en la producción de azulejo. Su justificación: dar facilidad de acceso a los futuros ocupantes de 40.000 viviendas proyectadas (la mitad, en una sola macrourbanización), los 12 campos de golf y un parque temático que, para no ser menos que nadie, se empeñó en impulsar. Ya tiene el aeropuerto, pero no las viviendas, los campos de golf y el parque temático que iban a disfrutar los cientos de miles de turistas previstos para desplazarse a Castellón en avión.

El fin justificaba los medios. Pese a su fobia a volar, Fabra se encumbró como salvador y, contra obstáculos y reticencias, logró arrancar del Gobierno de Aznar la autorización para construir el aeropuerto, y de su amigo Francisco Álvarez-Cascos, la declaración de interés general. Pero ni un euro. Llamó a la puerta de la Generalitat, siempre entreabierta por aquello del apoyo en el seno del PP, y arrebató un compromiso para una concesión: la Administración promovía la infraestructura y un grupo de empresas se encargaba de la construcción y gestión. Eso sí, con el aval económico público y la salvaguarda de cubrir el coste si no se alcanzaban las expectativas de viajeros, cifrados en 600.000.

Aun así, el verdadero motivo se encontraba alrededor, en el cemento. El argumentario del aeropuerto pretendía hacer encajar todas las piezas de adosados, unifamiliares y hoteles, unidos a una docena de campos de golf en una zona en la que se reclamaba "agua para todos". La nueva infraestructura, alejada de la costa, justificaba la reconversación de 18 millones de metros cuadrados para levantar la mayor macrourbanización del país, un proyecto que iba a multiplicar la población de Cabanes, el término municipal en el que se iba a construir. Al margen de esta macrourbanización, otra docena de proyectos rodeaban, sobre las maquetas, los campos de golf que salpicaban el imaginario de la provincia.

Los proyectos no salieron, las casas no se construyeron y los campos de golf continúan siendo eriales. Pero el aeropuerto, pese a paralizaciones judiciales y problemas administrativos, siguió su marcha porque Fabra quería llegar a decir: "Llevo 14 años imaginando cómo sería el día de hoy". Que fue lo que afirmó el 25 de marzo del año pasado, después de preguntarles a sus nietos: "¿Os gusta el aeropuerto del abuelo?", el día en que se inauguró una infraestructura que carece de permiso de vuelo y de compromiso de aerolínea alguna para comercializar rutas. "Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones", admitió el propio Fabra, quien se atrevió a añadir que lo hacía para que "cualquier ciudadano que lo desee pueda visitarlas y caminar por ellas".

Él no ha puesto, obviamente, ni uno de los 150 millones de euros que ha costado su construcción. Ni son suyos los 30 millones gastados en publicidad. Ni los 300.000 que costará la escultura, de 20 toneladas, inspirada en su persona. Tampoco rendirá cuentas políticamente por estas decisiones porque decidió no presentarse a las elecciones municipales (era presidente de la Diputación de Castellón)antes de que alguien lo echara. De otros asuntos sí tendrá que responder ante la justicia. -


La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano

La trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa se instaló en el corazón de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayoría absoluta que había logrado José María Aznar.

A través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, Gürtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presidía Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis años, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los más cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a través de Canal 9. La trama logró contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simultáneamente, Orange Market asumió el papel de suministrador único de eventos de la dirección regional del PP y organizó actos para distintas agrupaciones locales.

A raíz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano está inmerso en causas judiciales.

Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compañía de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia también instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obtenían sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a través de Orange Market, que también facturó en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa están imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda García, y la exconsejera Milagrosa Martínez, entre otros. -



http://www.elpais.com/articulo/reportajes/aeropuerto/Castellon/tapaba/recalificacion/40000/viviendas/elpepusocdmg/20120115elpdmgrep_2/Tes

Vaya gestión que han hecho

y ahora los funcionarios valencianos a pagar los platos rotos de la nefasta gestión llevada a cabo

4.000 trabajadores de las empresas públicas valencianas fueron contratados a dedo

El sector público empresarial de la Generalitat dispone de 12.136 empleados que generan un gasto anual de 462 millones de euros

Los políticos valencianos no han acabado de apretarse el cinturón. El Consell ha aplicado los recortes al horario de los funcionarios y a su sueldo, especialmente a los interinos, y a las inversiones del presupuesto autonómico. Ha incrementado el IRPF a todos los valencianos y multiplicado por cuatro el llamado céntimo sanitario hasta convertirse en 4,8 céntimos por litro de combustible repostado. Pero las medidas de ajuste no han entrado abiertamente en lo que se está convirtiendo en un pozo sin fondo para las cuentas del Gobierno valenciano: su sector público empresarial.

El Ejecutivo autonómico se ha asomado -las fundaciones se han reducido de 33 a 20 y aún quedan 46 empresas públicas que se reorganizarán en media docena de holdings, según sea su temática-, pero no se ha metido en harina. No ha dado el ejemplo de contundencia como, por ejemplo, el Ejecutivo balear, cuyo presidente anunció en septiembre la eliminación de sus 92 entidades mercantiles, con el consiguiente despido de más de 800 personas.

Las sociedades, los entes y las fundaciones públicas de titularidad autonómica le costaron a las arcas de la Generalitat 2.600 millones de euros, aseguró el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, el pasado 30 de septiembre, al margen de arrastrar, dijo, un agujero de 5.000 millones de euros. En el sector público, entre empresas entes y fundaciones, aseguró, trabajan entre 10.000 y 11.000 personas. No. Son 12.136 las personas vinculadas a estas organizaciones paralelas a la Generalitat, según consta en la última Cuenta General.

El gasto de personal generado en el sector público empresarial y fundacional ascendió a más de 462,5 millones de euros, según figura en la documentación oficial. Y tanto sindicatos como partidos de la oposición consideran que las empresas públicas y las fundaciones son o han sido, en general, un coladero de contrataciones, como también ha puesto de manifiesto en algunos casos la Sindicatura de Comptes e incluso diversas sentencias judiciales que han respondido ante denuncias de UGT y de Intersindical.

De esos 12.000 operarios, más de 4.000 han accedido al puesto de trabajo en 43 empresas públicas o fundaciones a través de una entrevista personal, sin que se haya recurrido a los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad, según las distintas fuentes políticas y sindicales consultadas.

El coste anual de estas 4.000 personas, que sindicatos y partidos de la oposición consideran contratadas a dedo, supone un gasto de más de 139 millones de euros, de acuerdo con los datos que refleja la Cuenta General.

La empresa pública Vaersa, con 1.645 empleados, es de las primeras que señalan las fuentes consultadas como una de las firmas autonómicas donde más se favorece la contratación de manera directa. «Ahí no se accede a través de ninguna oposición o un concurso de méritos, sino por una entrevista personal», aseguraron fuentes consultadas.

El Instituto Valenciano de la Vivienda o la Ciudad de las Artes y las Ciencias rivalizan también con Vaersa a la hora de efectuar contrataciones sin publicitar las plazas a cubrir y con solamente una entrevista, según ha podido saber LAS PROVINCIAS.

La Entidad de Saneamiento, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, el Circuito del Motor, Ciegsa -la mercantil que se utiliza para la construcción de colegios e institutos-, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, entre otras, «y todas las fundaciones contratan personal de manera directa», apuntan las fuentes consultadas.

El Instituto Valenciano de la Exportación es otra de las entidades del sector público, junto con el IVAM, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales o la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana -con sentencias contrarias a la contrataciones directas- que han realizado contrataciones directas a través de entrevistas sin haber dado publicidad en los cauces oficiales, según ha podido saber este periódico.

Hay fundaciones que han sido eliminadas como la del Estudio de la Violencia, en la que trabajaban tres personas y solament en gasto de personal destinaba 131.000 euros. La Fundación del Palau de Les Arts sale un poco más cara que la anterior: los 363 empleados costaron 15,8 millones de euros, de acuerdo con la Cuenta General.

Por contra, sociedades o agencias de carácter muy técnico, como el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Agencia Valenciana de Turismo, el Instituto Valenciano de Investigación Agraria , el Instituto Valenciano de Finanzas, el Sepiva, Teatres de la Generalitat, el Instituto Valenciano del Audiovisual, el de la Música, o el de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, se accede a través de unas pruebas objetivas que han sido publicitadas y a las que diversos candidatos optan a los puestos de trabajo.

La empresa pública más cara, en cuanto a gasto de personal se refiere, es Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La Cuenta General atribuye a esta sociedad pública un presupuesto en salarios que asciende a 91,9 millones de euros para los 1.933 empleados. RTVV, con 79,9 millones para 1.740 empleados, es la segunda y a mucha distancia, Vaersa, 46,1 millones para 1.645 trabajadores.

Gonzalo Fernández, responsable del área autonómica de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, afirmó que todas las fundaciones contratan de manera directa, sin concurso público. Miguel Usó, secretario del área de Sanidad de UGT, afirmó que las fundaciones de los hospitales «se utilizan para premiar. En teoría desarrollan determinadas especialidades pero no dan cuentas a nadie».

Rafael Rubio, el diputado del PSPV que rastrea el sector público afirma que el Consell dice desde que se inició la legislatura que va a actuar sobre el sector público empresarial, pero «se ha limitado a anunciar la creación de holdings en seis grandes áreas» y considera que «8.000, de los más de 12.000 que hay, han sido contratados sin los requisitos de publicidad. Todos los ciudadanos deben tener igualdad oportunidades. En tanto en cuanto llegue el proceso de racionalización, la Generalitat debe sacar a pública concurrencia todas las plazas que no se hayan cubierto a través de un sistema igualitario para todos los ciudadanos», dijo Rubio.

Enric Morera, el síndic de Compromís, el 'enchufismo' en el sector público empresarial lo cifra «entre 6.000 y 7.000 personas», aunque llega a elevarlo hasta los 15.000 en toda la Administración. Morera y Fran Ferri, diputado de su grupo, van a empezar a presentar preguntas en Les Corts sobre las contrataciones de personal en las empresas públicas. La primera de ellas irá dirigida a que se esclarezcan contrataciones de la Sociedad Proyectos Temáticos.

Los de Compromís también reclaman el resultado de la selección realizada por el Servicio Valenciano de Empleo sobre quienes han sido las personas contratadas a través de este organismo y las contratadas sin «ningún procedimiento selectivo previo», atendiendo al informe que manejan de la Sindicatura de Comptes.


http://www.lasprovincias.es/v/20120117/politica/trabajadores-empresas-publicas-valencianas-20120117.html