Ángel Martín 2011-11-30
Oficialmente, la ayuda exterior que los gobiernos de los países ricos prestan a los pobres es para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que marca la ONU. Éstos se concretan en diversas cuestiones, como la reducción drástica de la pobreza y el hambre extrema, la mejora del acceso a la salud y educación o la sostenibilidad medioambiental, entre otros.

Los organismos internacionales quieren que los países dediquen a este fin crecientes cantidades de ayuda exterior, en concreto, que se alcance el objetivo del 0,7% del PIB. No parecen importarles demasiado las evidencias que existen en contra de esta estrategia. En este caso, en cambio, más madera suele ser la solución a cualquier problema: si los objetivos no se están cumpliendo, entonces es porque se están concediendo pocas ayudas.

Así, se tiende a prestar poca atención a las partidas concretas a las que se dedican los presupuestos de ayuda exterior. Es un tema de políticas públicas -otro más- que suele ignorarse por buena parte de la opinión pública, pero cuya importancia es difícil de exagerar: ¿en qué proyectos se gasta nuestro dinero el gobierno en materia de cooperación al desarrollo? ¿A quiénes, y para qué fines concretos, se destina ese dinero?

En nuestro país, es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) la que gestiona estas ayudas. Su objetivo es "conseguir un desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza, la construcción activa de la paz y el ejercicio pleno de los derechos de una ciudadanía global". A ello prevé dedicar unos 4.200 millones de euros en 2011, el 0,4% de la Renta Nacional Bruta española.

Sin embargo, los hechos no cuadran bien con estos bonitos propósitos. ¿Cómo se justifica, por ejemplo, que fondos de la AECID (que provienen de los impuestos de todos los españoles) se dediquen a financiar una campaña publicitaria de un Gobierno en favor de subir los impuestos? Este caso no es hipotético sino real.

Ha pasado en Costa Rica, donde el Gobierno del Partido de Liberación Nacional, liderado por Laura Chinchilla, planea aprobar un paquete fiscal que supone un aumento histórico de impuestos sobre la población. Este proyecto legislativo se ha denominado Ley de Solidaridad Tributaria e incluye, entre otras medidas, introducir un Impuesto sobre el Valor Añadido -que sustituiría al vigente impuesto sobre las ventas-, subir impuestos para pequeñas y medianas empresas y otras subidas fiscales varias.

Según el Ejecutivo costarricense, el país "enfrenta una situación difícil pues no existen los recursos públicos necesarios para atender adecuadamente las áreas claves del desarrollo", por lo que la subida de impuestos es necesaria e inevitable, argumenta. El déficit público superará el 5% del PIB este año, y se prevé que la cifra aumente ligeramente en 2012.

Ante esta situación de creciente deuda e insostenibilidad de las finanzas públicas, los gobernantes costarricenses, apoyados por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), piensan que incrementar los ingresos fiscales aumentando la presión impositiva es inevitable. Para ello, aducen que su actual carga fiscal es muy baja en comparación con otros países del continente latinoamericano. Además, aseguran que este plan fiscal busca favorecer a los sectores de escasos recursos, y que apenas afectará negativamente a éstos, siendo aquéllos que más tienen los que más contribuirán.

Campaña en contra de la subida
A cualquier español informado le sonarán todos estos argumentos, que fueron los mismos que utilizó la Administración de Zapatero para promover subidas impositivas en nuestro país. De la misma forma que aquí en España los argumentos oficiales fueron contestados por análisis independientes, activistas costarricenses han lanzado una creativa e innovadora campaña para frenar la propuesta del Ejecutivo de Chinchilla.

La República de Costa Risa -así es como se llama este movimiento- es el país ficticio que estos activistas han creado para caricaturizar la senda intervencionista que ha tomado el Gobierno de su país desde 2008. A través de una serie de vídeos cortos, en los que los personajes son payasos malvados, despilfarradores y sin escrúpulos que se ríen de los costarrisibles, vienen a representar la irresponsabilidad y el abuso fiscal al que el Estado quiere someterles.

En su comunicado de prensa sostienen que,

No debemos entregar más dinero a un Gobierno que no ha demostrado un compromiso serio con la responsabilidad fiscal y que es incapaz de determinar si invierte bien o mal los recursos que ya le confían los costarricenses.

La solución que hace sentido para poner fin a un problema de crecimiento acelerado en el gasto público es recortarlo. Sin embargo, esa opción resulta odiosa para los políticos.

Asimismo, denuncian en su comunicado las formas en las que se ha intentado aprobar el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria, a través de una maniobra política para hacerlo por la vía rápida. De esta manera, se quiere evitar el debate, cerrando toda posibilidad de enmienda y poniendo una mordaza a varios sectores de la sociedad.

La campaña ha logrado una gran difusión, alcanzando el vídeo más visto las casi 70.000 reproducciones en Youtube en apenas tres semanas. Tanto es así que el Gobierno de Chinchilla se ha visto contra las cuerdas y ha visto la necesidad de sacar una contra-campaña explicando las bondades del plan fiscal.


España apoya subir impuestos

Aquí es donde entra, precisamente, la "solidaridad" del Gobierno socialista de Zapatero a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Tal y como alertó Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana, citando fuentes gubernamentales costarricenses, al recibir la AECID la solicitud del Gobierno de Chinchilla de financiar la contra-campaña oficial con sus fondos, la agencia española aceptó en virtud de un convenio entre ambos organismos para promover "la buena cultura fiscal". Este acuerdo cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, y consta como instrumento de cooperación al desarrollo española dentro del apartado de gobernabilidad democrática de la AECID en Costa Rica.

La liebre saltó cuando altos cargos del Gobierno de Costa Rica informaron haber utilizado recursos de la cooperación española para este fin. A continuación, el principal periódico del país, La Nación, publicó una noticia en la que desarrollaba el caso. En este medio se contabiliza en unos 73.000 euros la cantidad de supuesta "ayuda al desarrollo" de España destinada a comprar espacios en medios de comunicación costarricenses con el fin de publicitar dicha contra-campaña.

De esta manera, con el dinero de todos los españoles se está contribuyendo a sacar adelante una importante subida de impuestos en Costa Rica; medida que, dicho sea de paso, ha generado intensos debates y contestación por parte de ciudadanos del país centroamericano. Esta noticia se une a otros casos en los que se ha puesto de manifiesto los muy discutibles destinos de la ayuda oficial al desarrollo.