Una semana después de la clausura, ha remitido un escrito a la Consejería de Salud en el que anuncia que acatará la ley antitabaco.

Se acabó la exhibición de puros, cigarrillos y malos humos. El Asador Guadalmina de Marbella dejará de ser un establecimiento insumiso a la ley antitabaco, lo que le permitirá reabrir sus puertas de manera inmediata tras una semana clausurado por orden de las autoridades sanitarias. El propietario del establecimiento, José Eugenio Arias, que se convirtió en el primer empresario español en desoír la prohibición de fumar en establecimientos públicos desde el pasado 2 de enero, ha anunciado por escrito que desiste de su desafío a la Consejería de Salud. Este cambio de actitud le permitirá volver a su actividad incluso hoy mismo, en cuanto la Consejería de Salud le notifique la reapertura tras comprobar que todos los signos externos -léase cartelería o abundancia de ceniceros- han desaparecido.
Según ha podido saber este periódico, en su lugar el empresario del asador deberá dejar bien claro, como el resto de negocios de hostelería, que está terminantemente prohibido fumar; algo que además los inspectores verificarán in situ en alguna que otra visita que girarán en los próximos días. Parece que cualquier cautela es poca tras el mes largo de rebeldía y de exabruptos de los que ha sido protagonista.
Desde que se produjo el cierre cautelar del pasado jueves, dos días después de que la Junta le notificara una propuesta de sanción de 145.000 euros por incumplir los distintos requerimientos para que aplicara la normativa, los movimientos de Arias habían sido mínimos y todos en la misma línea: Atacar al Gobierno central y a la Consejería de Salud y anunciar que seguiría con su cruzada particular aunque le hubieran cerrado el establecimiento. Seis días después, ayer mismo, daba un golpe de timón vía burofax, posiblemente asesorado por sus abogados. Pedía a la Junta la reapertura tras informar de su disposición a aplicar el veto a la nicotina en su local.
Retirada del precinto
Una vez hay constancia por escrito del compromiso, la clausura quedará sin efecto, tal y como había anunciado la consejera de Salud, María Jesús Montero. Lo que se dilate el trámite dependerá de la inspección, que deberá verificar que no son solo palabras para poder notificar la posibilidad de reapertura y retirar el precinto. Otra cosa es el expediente administrativo en curso por una falta muy grave y con una propuesta de sanción de 145.000 euros.
El cambio de postura del empresario no afecta a la posible multa que se le aplicará por ignorar de manera reiterada los requerimientos que desde el pasado 7 de enero le ha estado haciendo la Consejería de Salud para que desistiera de su postura de incumplimiento de ley. Tras la apertura del expediente en esa misma fecha, el propietario del asador tuvo quince días hábiles para presentar sus alegaciones, a lo que siguió la notificación el día 8 de la posible multa.
A partir de ese momento comenzó la cuenta atrás de otras dos semanas de plazo para que Arias se defienda por escrito e intente dejar sin efecto esta medida coercitiva. Las primera 24 horas fueron muy clarificadoras. Aseguró que no pensaba pagar ninguna multa y acusó a la consejera de Salud de un presunto delito de prevaricación. «Lo único que quieren es meter miedo al sector hostelero», afirmó la pasada semana tras conocer la propuesta de sanción en Madrid, adonde se había desplazado en su campaña de recogida de firmas contra la ley.
Este órdago colmó la paciencia del Gobierno andaluz, que el jueves optaba por ejercer sus competencias y ordenar el cierre cautelar del negocio hasta que depusiera de su permisividad con el tabaco. Fue necesaria la presencia de la Policía para que Arias finalmente echara el cierre, no sin antes asegurar que era solo una batalla pero que estaba dispuesto a seguir luchando hasta el final. Hoy ha convocado una rueda de prensa para informar de su intención de no permitir fumar y, a buen seguro, de que sigue adelante con su campaña contra la normativa. Eso sí, ya de puertas para afuera.