El supuesto cerebro del caso asegura que ni era un insolvente cuando llegó al Ayuntamiento, ni era un excéntrico con cuadros de Miró en el baño cuando lo detuvo la Policía ni manejaba el urbanismo en Marbella+
El supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, comenzó ayer a desvelar su estrategia de defensa. El primer lugar dejó claro que él no era un don nadie cuando llegó al Ayuntamiento. Una de las premisas de las que parte la Fiscalía Anticorrupción es que desembarcó en el ámbito municipal con una mano delante y otra detrás para abandonarlo, al ser detenido en marzo de 2006, con un patrimonio valorado en 2.000 millones de euros.

Roca se definió como un empresario hecho a sí mismo que comenzó a trabajar a los 13 años en los astilleros de Bazán hasta que acabó la carrera de ingeniería de minas. A los 24 comenzó la actividad inmobiliaria en una empresa de la que acabó siendo gerente y que abandonó cuatro años después para seguir en solitario. Explicó ante el tribunal y a instancias de su defensa, la abogada Rocío Amigo, que lideró varias promociones en Murcia hasta que atraído por el auge de la Costa llegó a Marbella en 1984 para dedicarse al negocio del ladrillo. Cinco años después le compró a Jesús Gil dos pisos que ahora son su residencia familiar.

De acuerdo con su versión, entonces conoció al Gil y debió ser un flechazo porque inmediatamente se asociaron en negocios inmobiliarios que continuaron una vez que el ex alcalde inició creó el GIL y entró en política. Roca, que ha dejado claro que nunca tuvo carné del GIL ni le votó porque no llegó a estar empadronado en Marbella, llegó al Ayuntamiento en 1992 para hacerse cargo de la revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU).

El principal acusado en esta trama de corrupción política y urbanística exhibió ante el tribunal un cuadro en el que figuraban cifras recogidas de los informes elaborados por la Policía y la Agencia Tributaria y aportados al sumario del caso Malaya relativas a bienes, operaciones financieras y plusvalías que había obtenido antes de entrar en la actividad municipal. La defensa de Roca valoró en 650 millones ese patrimonio previo, aunque el procesado precisó que se trata sólo "del que se puede demostrar con la documentación aportada por la Policía y la Agencia Tributaria" porque, según sus cálculos antes de tomar las riendas del urbanismo marbellí tenía recursos por valor de "1.000 millones de pesetas de la época".

El segundo punto de la estrategia desplegada ayer por el principal implicado en el caso Malaya no tiene tanta relevancia jurídica como personal. Frente a los ataques tan despiadados como a veces malsonantes que los abogados dirigieron al juez instructor y a la Policía durante la fase de las cuestiones previas, Roca no aludió directamente ni a uno ni a otros, pero tampoco dejó pasar la oportunidad de presentarse como una víctima del linchamiento general.

Recordó que al ser detenido se exhibieron imágenes de sus propiedades en las que aparecían animales disecados y un cuadro de Miró en un cuarto de baño para presentarlo como "un tipo excéntrico y sin escrúpulos" que "mata y corta la cabeza a los animales" y carente de cualquier acervo cultural.

Se quejó de que se echara por tierra un "oficio tan noble como la caza" y afirmó que "a estas alturas del partido nadie puede mantener que Roca tuviera un Miró en el cuarto de baño": "Ni la Consejería de Cultura lo ha querido tasar porque duda de su autenticidad, ni lo ha aceptado la Agencia Tributaria como pago de deudas ni la casa de subastas Sotheby's".

Y el tercer punto que Roca se empeñó en aclarar durante el interrogatorio de su defensa fue la relación y responsabilidad que tuvo en las decisiones urbanísticas de Marbella desde que llegó al Ayuntamiento en 1992 hasta que fue detenido en 2006. Afirmó que como directivo de la empresa que debía hacer el nuevo PGOU de Marbella y como asesor del equipo de gobierno se limitaba a elevar propuestas a la corporación que después se convertían en acuerdos o no exclusivamente por "criterios políticos" que nada tenían que ver con él.

Agregó que nunca tuvo libre disposición sobre dineros municipales ni tuvo bajo su mando a funcionarios municipales y que tampoco era el responsable de conceder las licencias de obras ni de perseguir los atropellos urbanísticos. El juicio por el caso Malaya ha arrancado con una pieza separada en la que se tratan de sacar a la luz varios delitos vinculados a un pelotazo inmobiliario en el que el teniente de alcalde de Marbella hasta 1998, Pedro Román, Juan Antonio Roca, el comisario retirado Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffmann lograron en menos de un año seis millones de beneficios, gracias a un oportuno convenio urbanístico firmado en 2001 con el Ayuntamiento para que recalificara los suelos.

Roca sostuvo ayer que no tuvo nada que ver con ese convenio. Es más, afirmó y mostró que sobre esos suelos, conocidos como Crucero Banús, ya existía otro acuerdo con el Consistorio firmado en 1996 por los vendedores en condiciones aún más pírricas que las que ellos obtuvieron.

Y, en cualquier caso, si se hubiera producido alguna tropelía urbanística en la operación, porque se iniciaron las obras gracias a una licencia provisional y amparada por un PGOU declarado ilegal, cree que quien debió perseguirlo era el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo, Jorge González, como responsable de la disciplina en el municipio. Precisamente este técnico fue el que destapó la caja de los truenos cuando contó al juez que el urbanismo en Marbella era cosa de Juan Antonio Roca. Aquella declaración motivó que se iniciara el caso Malaya y se comenzara a investigar a concejales, empresarios y abogados por presunta corrupción política y urbanística
http://www.malagahoy.es/article/malaga/866428/roca/declara/ya/llego/millonario/marbella.html

Vaya caradura. Es increible. Ahora seguro que va resultar que hasta se le debe dinero